Carlos Dávila y Maite Alfageme: historia de una causa grotesca

Hoy se ha conocido el archivo de la denuncia de Fernández de la Vega contra los dos periodistas de Intereconomía, que habían sido acusados de sendos delitos de injurias calumnias por desvelar que De la Vega se había empadronado fuera de plazo en Beneixida (Valencia). Hagamos una recapitulación de los hechos:

1º. A comienzos de diciembre de 2007 la revista Época, entonces dirigida por Carlos Dávila y cuya subdirectora era Maite Alfageme, publica un reportaje desvelando el empadronamiento fuera de plazo de Fernández de la Vega en una vivienda abandonada de Beneixida (Valencia), en la que no residía la Vicepresidenta, con el fin de poder presentarse como candidata y votar en esa provincia en las Elecciones Generales de marzo de 2008.

2º. El 4 de diciembre de 2007, el PP anuncia que estudia llevar el empadronamiento irregular de la Vicepresidenta ante los tribunales. Esteban González Pons, Vicesecretario de Comunicación del PP, recuerda que la Fiscalía «se ha querellado contra seis personas que supuestamente se empadronaron en domicilios de familiares para votar en los comicios autonómicos» de 2007. La Fiscalía no sólo no actúa contra la Vicepresidenta, sino que el 15 de enero de 2008 Fernández de la Vega demanda a González Pons por aquellas declaraciones. El 11 de marzo de 2009, un año después de las elecciones, el Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid desestima la demanda de la Vicepresidenta. Ésta recurre el fallo judicial y el 23 de noviembre de 2009 la Audiencia Provincial de Madrid vuelve a desestimar la demanda y, además, constata el carácter irregular del empadronamiento de la Vicepresidenta en Beneixida. González Pons acusa a De la Vega de «incumplir manifiestamente la ley e intentar que los tribunales callaran a un parlamentario de la oposición».

3º. El 20 de marzo de 2009 la Oficina del Censo Electoral afirma en una nota la existencia de una Resolución de 31 de enero de 2008 para admitir 309 cambios de residencia antes de las Elecciones Generales de ese año. La OCE afirma que la Vicepresidenta quedó inscrita en Beneixida en aplicación de esa resolución. Ese mismo día, el PP denuncia que dicha resolución se mantuvo en secreto y no fue publicada hasta agosto de 2008. El PP considera esto como un «hecho gravísimo» y «sin precedentes».

4º. El 6 de mayo de 2009, y tras los acontecimientos señalados, el Grupo Intereconomía da a conocer que De la Vega ha denunciado a Dávila y Alfageme por el reportaje de la revista Época que destapó el empadronamiento irregular de la Vicepresidenta. En el colmo del abuso, De la Vega pide un informe ad hoc a la Abogacía del Estado para fundamentar que la Fiscalía actúe de oficio contra los dos periodistas. El informe lo firma el que había sido Secretario General del Ministerio de Justicia en anteriores gobiernos socialistas, Joaquín de Fuentes Bardají, letrado que el año anterior había sido señalado por el PP por incompatibilidades en el ejercicio de su cargo. El Abogado del Estado afirma en dicho informe que «las informaciones presentadas pueden comportar la imputación de delitos y que los mismos serán perseguibles de oficio», y eso a pesar de lo que dice el Artículo 215 del Código Penal:

«Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos

Precisamente los hechos en cuestión se referían a la actuación de De la Vega como votante y dirigente del PSOE, y no como Vicepresidenta del Gobierno.

5º. A pesar de ello, el 8 de julio de 2009 la agencia gubernamental Efe anuncia que la Fiscalía de Madrid ha presentado de oficio una denuncia contra Dávila y Alfageme por calumnias e injurias «por haber publicado que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había incurrido en un delito electoral en los comicios generales de 2008». Ante este abuso, el Grupo Intereconomía expresa «su más absoluto rechazo a actuaciones judiciales como ésta, con las que se pretende perseguir, amordazar y neutralizar de oficio la libertad de información exigida a los medios de comunicación».

6º. El 26 de septiembre de 2010, La Gaceta revela que la casa donde sigue empadronada De la Vega está ya en ruinas. El periódico de Intereconomía señala que «la vicepresidenta no ha vuelto por el pueblo desde las elecciones generales» y que «los habitantes de la localidad no se atreven a hablar ni una palabra de la socialista».

7º. Hoy, 20 de enero de 2010, la justicia archiva la denuncia de De la Vega contra Carlos Dávila y Maite Alfageme. La propia Fiscal que llevó el proceso informó que en la actuación de ambos periodistas no había ni asomo de calumnias. Es ya el tercer revés judicial que se lleva De la Vega en este asunto por su empeño de perseguir judicialmente a los que denunciaron su empadronamiento irregular. Sin embargo, no podemos decir que la justicia haya hecho su trabajo. A día de hoy, y a pesar de todo lo señalado, la Fiscalía no ha iniciado ningún procedimiento para investigar ni el empadronamiento irregular de De la Vega en Beneixida, ni la escandalosa resolución secreta de la Oficina del Censo Electoral que regularizó ese empadronamiento, ni el recurso a la Abogacía del Estado para una causa particular de María Teresa Fernández de la Vega. Es más: lejos de ser sancionada, tras su cese como Vicepresidenta De la Vega ha sido nombrada miembro permanente del Consejo de Estado y presidente de la Sección Séptima de ese órgano consultivo, lo cual demuestra no sólo la impunidad de la que gozan los poderosos en España, sino la mofa que hacen de la justicia y de la legalidad.

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Comentarios (Blog):

  1. Lo malo de todo esto Elentir, es que en función de quien diga las cosas, son libertad de expresión o no. Es decir, si eres de la cuerda, tú puedes llamar corrupto a un juez. Ahora, como no seas de la cuerda, prepárate. Y todavía no ha llegado la Ley de Prensa que nos quiere regalar este gobierno.

  2. Es que en España la prepotencia y la propaganda han sustituido a la justicia. Causas judiciales como ésta ya no se hacen para amparar los derechos vulnerados de nadie, sino para amedrentar a los que se atreven a destapar las miserias del poder.

  3. Juana de Arco

    Hace tiempo que me pregnunto si ciudadanos de a pie, pueden llevar a los tribunales que competan, a estos politicos.
    ¿No se les puede denunciar ante algún tribunal internacional? ¿Que se puede hacer con estos politicos, usando la justicia?.
    ¿Que podemos hacer para enchironarlos a todos?, porque casos hay por un tubo contra casi todos. No imagino que puedan permanecer impunes siempre ¿no?.

  4. Juana Hace no mucho tiempo leí que los únicos que lucharán contra el comunismo, serán los ex-comunistas. El resto de la gente, ya habrá asumido el socialismo como algo propio. Desengañemonos, el ciudadano de a pie le importa un bledo lo que hagan los políticos, siempre que el subsidio o la subvención se ingrese puntualmente en su cuenta. Si hay que fichar hasta para entrar en el baño, ten por seguro que lo aceptaran de buen grado, porque los políticos saben lo que hacen..

    La actual casta política ha subido al estatus que tenían los nobles en la Edad Media, mientras que el resto nos tenemos que conformar y asumir lo que estos déspostas – supuestamente ilustrados – nos dicen. Y no te salgas del redil, que te miran con mala cara.

    Elentir, veremos cuanto tardan en meterle mano a Internet.

  5. Anónimo

    Si todo acabase ahí Elentir… Todavía queda que la señora De la Vega recurra, por si la Audiencia Provincial se sigue empeñando en que exista otro pleito estúpido por el tema del honor y hale, a tirarse 15 años pleiteando a lo bobo. Y créeme, es una posibilidad muy factible.

  6. No recurrirá. Ahora tendría que pagarse ella el proceso.

  7. La creo capaz de pedir otro informe a la Abogacía del Estado para pedir que el Fiscal vuelva a actuar de oficio con la excusa de que ella es miembro del Consejo de Estado…

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