Un grupo nacionalista gallego admite, sin querer, que practica el 'racismo lingüístico'

Esta semana ha habido polémica en Galicia porque los ayuntamientos de Santiago y Teo perdieron ayudas públicas por enviar informes en gallego a un organismo del Estado.

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Santiago incumplió su propia normativa al enviar ese informe en gallego

Dicho organismo, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), está vinculado al Ministerio de Industria, y por tanto utiliza como lengua la que es oficial en toda España: el español. Hay que decir, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Santiago incumplió su propia normativa al dirigir esos informes en gallego a un organismo no ubicado en Galicia. Basta con repasar la ordenanza municipal sobre lengua gallega, concretamente su Artículo 2:

"En las relaciones con las personas o entidades radicadas fuera del territorio de nuestra Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento empleará normalmente el castellano u otra lengua oficial del lugar donde residan aquellas."

El IDAE tiene su sede en la Calle de la Madera 8, en la ciudad de Madrid, donde el gallego no es lengua oficial. Así pues, la pataleta montada esta semana por el gobierno municipal de Martiño Noriega no sólo no tiene razón de ser, sino que el responsable de haber enviado ese informe en gallego, saltándose una ordenanza municipal, debería ser sancionado.

El Ayuntamiento exige a proveedores lo mismo que le critica al IDAE

Pero además esa reacción demuestra el cinismo de los señores de las Mareas, pues dicha ordenanza exige que todo trabajo que se haga para ese ayuntamiento esté redactado en gallego, salvo que se encargue a personas o entidades de fuera de Galicia:

"Los estudios, proyectos y trabajos semejantes que el Ayuntamiento encargue a terceros dentro del ámbito territorial gallego tendrán que ser redactados en gallego, aunque su finalidad exija también la redacción en otra lengua."

Hay que decir que esta semana el alcalde Martiño Noriega acusó al IDAE de apoyar un "pensamiento único" por hacer lo mismo que el alcalde: exigir que los informes se entreguen en una lengua determinada. Pero hay una importante diferencia entre lo que ha hecho el IDAE y lo que hace Noriega: en Madrid sólo hay una lengua oficial, el español, pero en Santiago, como en el resto de Galicia, hay dos lenguas oficiales: el español y el gallego.

La Mesa lanza acusaciones de chantaje, racismo y odio a la diversidad...

La Mesa pola Normalización Lingüística es una organización afín al nacionalismo gallego y que ha estado cada cierto tiempo rodeada por la polémica por sus actitudes radicales contra la libertad de idioma. Este mismo mes ha lanzado una aplicación para señalar a negocios que usan el español, y en 2014 apoyó a independentistas violentos que agredieron a manifestantes de Galicia Bilingüe, con el pretexto de que se limitaban a defender la lengua gallega. Pues bien: la Mesa publicó anteayer una nota acusando al IDAE de "chantaje lingüístico", un chantaje que definieron como "una forma de corrupción que además se agrava al utilizar recursos públicos con la finalidad de hacer valer posiciones ideológicas de un racismo lingüístico y de odio a la diversidad lingüística intolerable en cualquier marco democrático, máxime cuando se trata de instituciones públicas."

... tras apoyar la exclusión del español en una ordenanza municipal

Confieso que he disfrutado como un enano leyendo el párrafo que acabo de entrecomillar. El pasado mes de octubre la Mesa felicitó a los partidos que apoyaron mantener en Ferrol una ordenanza lingüística que excluye el español. Como recordaréis, os hablé aquí del caso el 1 de noviembre. Se da la circunstancia de que la ordenanza lingüística ferrolana (ver PDF) es muy parecida a la santiaguesa, y para más señas contradice la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la del Tribunal Constitucional sobre el uso de lenguas oficiales en instituciones públicas, jurisprudencia que señala que dichas instituciones no pueden mostrar preferencia por un idioma oficial ni excluir uno allí donde hay dos idiomas oficiales, como es el caso de Galicia. Se da la circunstancia de que el Artículo IV de la ordenanza ferrolana viene a decir lo mismo que el Artículo 2 de la ordenanza compostelana:

"Cuando el Ayuntamiento encargue estudios a terceros, proyectos y trabajos análogos, cuando sean personas físicas o jurídicas con domicilio en Galicia, ha de demandar que sean realizados en gallego."

Es decir, que a la Mesa le parece bien una ordenanza que exige el uso de un idioma en una comunidad con dos lenguas oficiales, y que excluye y discrimina a los que no lo usen, pero al mismo tiempo acusa al IDAE de "chantaje lingüístico", de "racismo lingüístico" y de "odio a la diversidad lingüística" por exigir que los informes dirigidos a ese organismo sean redactados en español. Además de demostrar que tiene una jeta descomunal, con ese comunicado la Mesa se cuelga a sí misma sus propias acusaciones de chantaje, de racismo y de odio a la diversidad. Era cosa de tiempo que estos personajes acabaran dejándose a sí mismos en evidencia de una forma tan cómica: no se puede estar pidiendo a Madrid que respete la diversidad mientras aquí en Galicia se afanan por erradicar el español como si fuese la peste y como si los gallegos que libremente decidimos usarlo fuésemos algo así como unos anormales o extranjeros en nuestra propia tierra.