Por respeto a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas de ETA: publiquen ya esas actas

Tal día como hoy hace 20 años, la banda terrorista ETA intentó poner a España de rodillas por medio del secuestro de un concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco Garrido.

Miguel Ángel Blanco, traicionado
¿Qué ha hecho la dirección del PP para merecer el enfado de las víctimas de ETA?

España no se puso de rodillas ante los asesinos de ETA en 1997

Ese mismo día, por la tarde, ETA lanzó un comunicado afirmando que si antes de las cuatro de la tarde del 12 de julio de 1997 no se acercaba a los presos etarras a las cárceles del País Vasco, la banda terrorista asesinaría al concejal secuestrado. El gobierno de José María Aznar cumplió con su deber y no cedió al chantaje. ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco de dos disparos en la cabeza la tarde de ese sábado. Fue un crimen atroz, igual de atroz que todos los perpetrados por ETA, pero esta vez anunciado con antelación y con todo un país pendiente de lo que ocurriría. La indignación que provocó este asesinato dio lugar a una movilización ciudadana sin precedentes, que se tradujo en ataques a sedes de Herri Batasuna, el brazo político de la banda terrorista.

Una rebelión cívica traicionada por quienes sí querían ceder al chantaje

Aquella rebelión cívica contra ETA y sus cómplices se conoció como "el espíritu de Ermua". Hoy duele recordar aquellos momentos no sólo por el crimen en sí, sino por el cambio de actitud de nuestros políticos en los últimos años. Especialmente quiero recordar la negociación política iniciada en 2005 por el gobierno de Zapatero con ETA, un proceso en el que se mintió repetidas veces a los españoles sobre la existencia de la propia negociación y sobre sus fines. En 2011, cuando recopilé aquí las mentiras de ese proceso, pregunté: ¿sobre qué más nos habrán mentido? Aún no lo sabemos. Y no lo sabemos porque el PSOE no fue el único partido que se sumó a ese sucio pacto.

El PP pidió en 2007 las actas de la negociación

El 4 de julio de 2007, hace diez años, el PP pidió dos cosas: revocar el permiso parlamentario para negociar con ETA y publicar las actas de la negociación. "Mantener ese acuerdo vivo es seguir dando oxígeno a los terroristas", señaló el entonces partido de la oposición, y añadió: "El presidente del Gobierno adolece de credibilidad, y sólo se puede recuperar entregando las actas de las reuniones con ETA. Se nos ha contado no sólo que esas reuniones existen, sino que hay acuerdos y compromisos." En marzo de 2011, meses antes de las Elecciones Generales que le darían la mayoría absoluta, Rajoy volvió a pedir al gobierno de Zapatero que diese explicaciones sobre esas actas. Pero llegaron esos comicios y el PP aparcó el tema. Es más: sólo tres días después de la victoria de Rajoy, el PP vasco prometía ser "generoso" con el brazo político de ETA si acataba la democracia. Empezaba así una serie de traiciones e incumplimientos hacia las víctimas, entre los que se incluyen una política de brazos cruzados ante la presencia en las instituciones de unas marcas electorales proetarras que siguen sin condenar el terrorismo de ETA, una negativa que es una de las causas de ilegalización que prevé la Ley de Partidos. Una ley que ha dejado de aplicarse.

Aquellas actas y aquel permiso parlamentario han sido olvidados por el PP

A pesar de lo que dijeron desde la oposición, ni Rajoy ni el PP han vuelto a decir nada sobre las actas de la negociación y del permiso parlamentario para negociar con ETA, y eso a pesar de haber recibido más de 8.800 peticiones al respecto a iniciativa de Voces contra el Terrorismo. Unas peticiones que recibieron una callada por respuesta. Si este silencio fuese acompañado por una política de firmeza contra ETA y sus cómplices, podríamos interpretarlo como un gesto de inmerecida indulgencia hacia el gobierno de Zapatero. Pero no parece ser el caso. Así lo demuestran las excarcelaciones de etarras incluso contra el criterio de los forenses y de la Fiscalía. Así lo demuestra que en 2012 el gobierno de Rajoy asumiese la llamada "vía Nanclares" puesta en marcha por el gobierno de Zapatero, con lo cual los terroristas no tendrán que pedir perdón a sus víctimas para poder reinsertarse, un plan que ha beneficiado no sólo a presos de ETA, sino también del GRAPO, del terrorismo islámico y de otros grupos de crimen organizado. Y así lo demuestra, insisto, el hecho de que el gobierno haya dejado en suspenso la Ley de Partidos, dando barra libre en las instituciones a los que siguen sin condenar los crímenes de ETA.

¿Tienen algo que ocultarnos a todos los españoles?

Miguel Ángel Blanco, como las demás víctimas de ETA, fue asesinado porque España se negó a ceder a las pretensiones de los terroristas. Hoy tenemos razones muy fundadas para pensar que el Estado ha acabado cediendo ante ETA con la promesa de su abandono de la actividad terrorista, un abandono que no ha incluido, hasta ahora, ni la disolución de ese grupo criminal y de sus marcas electorales, ni la entrega de todos sus arsenales, ni petición alguna de perdón a sus víctimas, ni la cesión de la información necesaria para resolver los cientos de crímenes de ETA que siguen pendientes de una sentencia. Toda esta situación se está dando mientras los españoles seguimos sin saber qué se negoció con ETA y sin que se haya derogado aún el permiso para llevar a cabo esa negociación. Si hace diez años mantener ese acuerdo vivo era "seguir dando oxígeno a los terroristas", como aseguraba el PP, ¿qué debemos pensar a día de hoy de que ese permiso siga vigente? ¿Qué debemos pensar de un partido que pidió publicar aquellas actas pero que, después de más de cinco años en el poder, aún las mantiene ocultas? Si quieren honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas de ETA, publiquen esas actas y revoquen ese permiso parlamentario. ¿O es que tienen algo inconfensable que ocultar?