Aplicar la Constitución no es un golpe de Estado: lo es violarla para romper España

Elentir EN Sáb 21·10·2017 · 17:52 4

Después de 44 días de que se iniciase el golpe de Estado separatista en Cataluña, el Gobierno de España ha decidido por fin aplicar el Artículo 155 de la Constitución Española.

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Serán cesados el presidente catalán y todos sus consejeros

El Senado votará la aplicación de esta medida el próximo viernes, tal como prevé el propio Artículo 155, creado en su momento para aquellas situaciones en las que una comunidad autónoma "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España". Rajoy ha declarado que solicitará el "cese del presidente de la Generalidad de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña". Hasta la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas, "el ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la nación, en principio, la idea será la de que los Ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional". También ha indicado que la facultad de disolver "el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno" y que "en un plazo máximo de seis meses" deberán celebrarse elecciones, pero que su voluntad es "hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional". Rajoy ha matizado que "no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña; se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto".

Querían suspender la aplicación de la ley y de las sentencias judiciales en Cataluña, incluso por la violencia

Esta medida era esperada por muchos españoles, catalanes incluidos, porque llevamos un mes y medio viendo como los separatistas se saltan impunemente la ley y las sentencias judiciales, una impunidad que es incompatible con la esencia misma de la democracia, que implica que todos somos iguales ante la ley y que nadie tiene el privilegio de violar la legalidad. Durante este tiempo y además de los desórdenes provocados por los golpistas, el separatismo ha causado un enorme daño a Cataluña al provocar la masiva fuga de empresas a otras comunidades, puesto que las inversiones huyen de los escenarios en los que no existe seguridad jurídica. Pero sin duda, lo más indignante ha sido ver el acoso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, en el intento de los golpistas de impedir su actuación en Cataluña. Un acoso que ha incluido escenas de violencia como las protagonizadas por los separatistas el 20 de septiembre, cuando mantuvieron secuestrados en la consejería de Economía del gobierno catalán en Barcelona a una secretaria judicial y a los agentes de la Guardia Civil que la acompañaban, cuando cumplían una orden judicial de registro de esa sede. Fue un delito de sedición por el que ya hay dos personas en prisión.

Los partidarios del golpe separatista consideran un 'golpe de Estado' aplicar la Constitución

Tras haber apoyado ese grave ataque contra España y contra nuestro marco constitucional -un marco que los españoles se dieron por amplia mayoría en referéndum democrático-, separatistas de varias regiones han tachado de "golpe de Estado" la aplicación del Artículo 155. Es el colmo del cinismo. Llevan tantos años acostumbrándose a la idea de que saltarse la ley y las sentencias judiciales sale gratis, que ya se creen que el golpe de Estado es aplicar la Constitución, que es nuestra suprema norma de convivencia. Pues no. Aplicar la Constitución es lo normal en cualquier país democrático. Golpe de Estado es precisamente lo que ha estado alentando el separatismo, apoyando la suspensión ilegal de la Constitución, de las sentencias y de las leyes españolas en una parte de España, sobre la base de una decisión del Parlamento catalán declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, y sobre un referéndum separatista organizado sin que el Parlamento catalán tuviese competencias para ello, un referéndum que ha sido un enorme fraude electoral, en el que han llegado a registrarse más votos a favor que personas censadas en muchas localidades.

El gobierno tendrá que considerar la aplicación de la Ley de Partidos

La medida anunciada hoy por el presidente del Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional en Cataluña es lo mínimo que se le puede exigir a un Estado democrático, en el sentido de recuperar el orden y la ley allí donde un gobierno regional se ha declarado en abierta rebeldía contra la legalidad. Ahora depende de los separatistas no empeorar todavía más la situación que han creado en Cataluña. Ya han provocado un gran daño al pueblo catalán con este golpe de Estado separatista. Si eligen seguir por la senda del desorden y de la violencia, el Estado tendrá que actuar para evitarlo, con todas las consecuencias. Hay una medida que tendrá que valorar seriamente el Gobierno de España, en relación a los partidos políticos que están apoyando directamente este golpe de Estado separatista. La Ley Orgánica de Partidos Políticos es muy clara: "Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático" Una de las conductas que contempla esa ley como motivadoras de un proceso de ilegalización es la siguiente: "Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas." Apoyar un golpe de Estado no le puede salir gratis a ningún partido político.