Hacienda aún preguntó el jueves por los servicios de los que goza el prófugo

Han tardado 3 semanas en cortarle el móvil y las tarjetas de crédito oficiales a Puigdemont

El Periódico publicó ayer una noticia señalando que Carles Puigdemont, expresidente del gobierno catalán, tendrá que acatar el Artículo 155 de la Constitución si quiere seguir cobrando su sueldo.

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Durante este tiempo el prófugo ha podido seguir cobrando su sueldo...

Eso es lo que se desprende de una orden firmada por el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (ver PDF) el pasado jueves 16 de noviembre, y que ha sido publicada en la página del Ministerio de Hacienda sobre las medidas tomadas en Cataluña tras la aplicación del Artículo 155 de la Constitución. Hay una cosa que me deja perplejo: que un golpista que ha huido a Bélgica para eludir la acción de la Justicia tenga la oportunidad de volver a cobrar su sueldo, e incluso que haya sido cobrándolo durante tres semanas, que es el tiempo transcurrido desde la aplicación del Artículo 155 el 27 de octubre hasta la fecha de la citada orden del Ministerio de Hacienda. ¿A cuento de qué los contribuyentes hemos de sostener a un prófugo?

... y también usando móvil, tarjetas e incluso coches y residencias oficiales

Pero hay otro aspecto del citado PDF que me deja aún más perplejo. En su página 2 exige que se remita a la Secretaría de Hacienda y Función Pública, "en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de estas instrucciones, la información sobre los efectos, conforme a la normativa autonómica de aplicación, de los ceses cambios o bajas señaladas en el apartado anterior, en los servicios y medios a los que tuviera derecho el afectado por razón de la condición en la que haya sido cesado". Y a continuación cita una serie de servicios y prestaciones, entre ellas cuentas de correo electrónico, teléfonos móviles con conexión a Internet, ordenadores portátiles y tabletas con conexión a Internet, acceso a carpetas de red, certificados digitales, referencias en sitios webs oficiales, tarjetas identificativas, coches oficiales, uso de residencias oficiales, tarjetas de crédito y acceso a cuentas para gastos de representación e incluso las cuentas oficiales de Instagram y de Twitter del expresidente y de los exconsejeros (se entiende que la instrucción de Hacienda se refiere a las que eran atendidas por funcionarios). La instrucción exige hacer "una copia de seguridad completa de todos los datos existentes" y, acto seguido, "dar de baja todos los servicios de comunicaciones de datos y voz asociados".

Ha estado atacando a España mientras seguía viviendo a costa de os españoles

Es decir, que durante tres semanas Puigdemont, a pesar de haber huido al extranjero para eludir la acción de la Justicia, ha podido disfrutar de teléfonos móvil, tarjeta de crédito, cuentas de gastos, correos electrónicos e incluso coches y residencias oficiales, sin que nadie desde el Gobierno se preocupase durante ese tiempo de cortarle esos servicios, a pesar de que el expresidente catalán ha estado usando su estancia en Bélgica para lanzar todo tipo de mentiras y difamaciones contra España, presentando a nuestro país como una dictadura opresora que, paradójicamente, le seguía proporcionando a él recursos públicos con los que vivir a cuerpo de Rey. Puigdemont ha podido hacer esa campaña antiespañola, posiblemente, con recursos públicos pagados por todos los contribuyentes, simplemente porque nadie en tres semanas se había preocupado en ordenar su baja. Y como la instrucción de Montoro da un plazo de diez días hábiles, posiblemente el tiempo transcurrido hasta la baja de esos servicios llegue a un mes.

Como ciudadano español, como contribuyente que paga puntualmente sus impuestos, espero que mi Gobierno sea tan cuidadoso a la hora de velar por el interés de mi país como yo lo soy a la hora de cumplir mis obligaciones fiscales. ¿Quizá es mucho pedir?

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(Foto: EFE/Robin Townsend)

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