Los 87 millones del despliegue policial en Cataluña deberían pagarlos los golpistas

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explicó ayer en el Senado que el despliegue de 6.000 policías con la Operación Copérnico en Cataluña ha costado 87 millones de euros al Estado.

¿Presos políticos? No: presos por acosar a la Guardia Civil y destrozar tres de sus vehículos
Ya que TV3 es la tele de los separatistas, que se la paguen ellos: ni un euro más del Estado

Los millones de los que se olvida el prófugo Puigdemont

Ayer el prófugo Carles Puigdemont comentaba al respecto: "Es normal que al final no quede dinero para pagar las pensiones",.Hay que recordar que siendo él presidente del Gobierno catalán, en 2016 la Generalidad debía casi 200 millones de euros a las farmacias. En vez de invertirlos ahí, dedicaba más de 300 millones al año a TV3, el órgano de propaganda del separatismo catalán, pagado por todos los contribuyentes. Es la televisión autonómica más cara de España. En fecha más reciente, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga los delitos relacionados con el referéndum ilegal convocado por Puigdemont, descubrió que la Generalidad desvió 3 millones de euros procedentes del Estado para financiar su golpe separatista. Claro que todas estas cantidades parecen calderilla al lado de los más de 3.000 millones de euros -muchos de ellos ocultos en paraísos fiscales- que han amasado el expresidente catalán Jordi Pujol y los suyos.

Quieren que pensemos que sale más barato dejar impune los delitos

Lo que nos faltaba por ver en España es que unos delincuentes -y quienes les apoyan y justifican- se escandalicen del gasto que supone para todos los contribuyentes tener que perseguir los delitos que han cometido. Con su cínico comentario, Puigdemont parece querer decirnos que nos resultaría más barato dejar impunes a los malhechores. Ciertamente, si hiciésemos eso, los responsables del régimen de corrupción que instauró el separatismo en Cataluña podrían irse de rositas sin que nadie les reclamase cuentas por escándalos como el caso Palau, el amaño de concursos para las ITV o el cobro de comisiones ilegales (el famoso 3%) a empresarios. El caso es que para cualquier país la impunidad de los delincuentes supone un gasto mucho mayor que el imperio de la ley, porque si los crímenes quedan sin castigo, es posible robarnos a todos como lo han hecho durante años los políticos corruptos de Cataluña sin que los culpables paguen por ello, sentando un peligroso precedente. Esto es aplicable al golpismo y a todo intento de desafiar al Estado de Derecho.

Las cifras del daño económico que ha provocado el golpe separatista

Para darse cuenta de ello basta con observar la fuga de empresas que ha provocado el golpe separatista: ya son más de 3.200 empresas las que se han ido de Cataluña desde el 1 de octubre, el día de la convocatoria de ese referéndum ilegal. En octubre Cataluña lideró la subida del paro en España, con su peor registro en ese mes en los últimos 9 años. La inversión extranjera ha caído un 75% en Cataluña. El sector turístico ha perdido 320 millones de euros a causa del golpe separatista, que ha provocado el desplome del turismo en Cataluña. De hecho, mientras el gasto del turismo extranjero crecía en toda España un 10,3% en noviembre, en Cataluña caía un 4,2%.

Un castigo que les quite las ganas de creerse unos privilegiados

Por todo este daño que ha provocado a Cataluña y al resto de España, y por saltarse la ley y las sentencias judiciales, los golpistas deberían recibir un duro castigo, también en términos económicos. Pero además de ello, deberían ser ellos y las organizaciones que les han apoyado quienes paguen los gastos del despliegue policial que hizo falta para pararles los pies, y también los desperfectos provocados por separatistas en los vehículos de la Guardia Civil que destrozaron en Barcelona el 20 de septiembre. Todo ese dinero podría haberse dedicado a otras cosas si ellos no hubiesen organizado ese golpe separatista y esos actos de violencia. Son ellos quienes han provocado ese gasto, y deberían ser ellos quienes lo asumiesen. Tal vez así se les quitarían las ganas de seguir creyéndose unos privilegiados que pueden saltarse la ley y las sentencias judiciales sin que nadie les pida cuentas por ello.

---

(Foto: Efe. Uno de los vehículos de la Guardia Civil destrozados en Barcelona por una turba convocada por los separatistas el 20 de septiembre en Barcelona)