El PP se opuso a normas como ésa en otras cinco comunidades autónomas

El PP desoye al TC y margina el español a nivel oficial en un ayuntamiento de Galicia

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que una administración pública en una comunidad bilingüe no puede tener una lengua de preferencia. El PP se ha saltado ese mandato.

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El ayuntamiento está gobernado por el PP con mayoría absoluta

Según informaba anteayer Faro de Vigo, el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra, ha aprobado una nueva ordenanza lingüística. En esa localidad el PP gobierna por mayoría aplastante: tiene 14 de los 20 concejales (los 6 restantes son del PSOE). La ordenanza en cuestión fue aprobada el 29 de noviembre, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra este miércoles 6 de febrero (ver PDF).

Una ordenanza que trata al español como una lengua de segunda clase

La norma es un completo disparate: obliga a las empresas adjudicatarias a usar el gallego en su documentación (Art. 2), impone el gallego en toda la documentación, impresos, señales, rótulos y sellos municipales (Art. 3); también impone el gallego en los expedientes administrativos (Art. 4), en los registros administrativos del ayuntamiento (Art. 5) y las comunicaciones a personas físicas y jurídicas (Art. 6), señalando que sólo se emitirán en español si se “solicitan expresamente” mediante “una solicitud formal”, o en el caso de que tengan que surtir efecto fuera de Galicia. El Art. 7 señala que todos los impresos estarán en gallego, y que sólo se hará una traducción al español si se solicita “de modo formal”. La ordendanza también obliga a redactar “siempre en gallego” los contratos del ayuntamiento (Art. 8). También impone el uso único de esa lengua en las comunicaciones con el resto de administraciones en el ámbito de Galicia (Art. 9) y en los anuncios oficiales que publique el ayuntamiento en el BOPP y en el Diario Oficial de Galicia (Art. 11).

Los cargos del ayuntamiento no podrán hablar en español en actos oficiales

Pero las imposiciones no se limitan a los documentos. El Art. 12 obliga a los cargos del ayuntamiento a expresarse en gallego “en los actos públicos celebrados en Galicia siempre que la intervención sea por razón del propio cargo”. Esta imposición es una directa violación del Art. 3 de la Constitución, que ampara el derecho a usar el español. Además, el Art. 24 establece que toda la formación profesional del personal del ayuntamiento “se hará en lengua gallega”.

La nueva norma también impone el gallego a entidades privadas

Por otra parte, la nueva ordenanza impone también el gallego como lengua única de los libros, revistas, carteles, la página web, las redes sociales, los mensajes a medios de comunicación y otras publicaciones del ayuntamiento, “salvo los destinados especialmente al exterior” (Art. 13), como si en Galicia no se hablase en español. La ordenanza también señala (Art. 26) que el ayuntamiento “fomentará la normalización” del gallego en las actividades mercantiles, publicitarias, asociativas, culturales, deportivas y de otra índole en el ámbito municipal. ¿Eso significa que van a poner un comisario lingüístico a todas esas actividades privadas? Además, el citado artículo señala que todas las publicaciones, cartelería, publicidad y otros productos subvencionados por el ayuntamiento “deberán estar siempre en lengua gallega, salvo que los destinatarios sean de fuera del ámbito lingüístico de la comunidad autónoma”. Esta forma de marginar el español a nivel oficial supone tratar a los gallegos hispanohablantes como forasteros en su propia tierra.

El TC prohibió que una administración pública tenga una lengua preferente

Ya existencia jurisprudencia constitucional contraria a esa marginación a nivel oficial de una de las lenguas cooficiales en una comunidad autónoma bilingüe. La sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 señaló que la condición de lengua propia otorgada a una lengua regional “no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano”, y adviertió que la condición de “lengua propia” es aceptable si se interpreta como “lengua peculiar o privativa” de una comunidad, por contraste con el español, “lengua compartida con todas las Comunidades Autónomas”. Lo que no es admisible, según el TC, es que sólo la lengua regional sea “de uso normal y preferente del poder público, siquiera sea sólo del poder público autonómico”, pues con ello “se estaría contradiciendo una de las características constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística”. El TC añadía, además, lo siguiente: “Toda lengua oficial es, por tanto –también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española–, lengua de uso normal por y ante el poder público.” El TC recordaba, además, que las administraciones públicas “no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales”.

El PP impone en Galicia preceptos lingüísticos que rechaza en otras cinco comunidades

Hay que recordar, por otra parte, que en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló una ordenanza lingüística muy similar a la de Cerdedo-Cotobade que existía en la localidad coruñesa de Puentes de García Rodríguez, que también fue apoyada por el PP. A pesar de ello, se han seguido aprobado ordenanzas que contradicen la jurisprudencia constitucional, como las de Lugo y Ferrol, en las que el PP votó a favor junto a los separatistas del BNG. Paradójicamente, fuera de Galicia el PP recurrió normativas lingüísticas como esas en los ayuntamiento de Barcelona y Mahón (Baleares) y en la Comunidad Valenciana, y se opuso a otras similares en Tolosa (Guipúzcoa), en Pamplona y en Mendigorría (Navarra), en todos los casos por entender que esas normas marginaban el español. El PP tiene que explicar ahora por qué impone en Galicia lo que considera ilegal en Baleares, Cataluña, Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Valenciana, incluso desoyendo abiertamente una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Acaso cree el PP que los gallegos hispanohablantes tenemos menos derechos que los baleares, catalanes, navarros, valencianos y vascos que hablan la lengua común?

(Foto: Google Street View)

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