El artículo constitucional que olvidan los que rechazan ilegalizar a los partidos separatistas

Estas últimas horas, a raíz de un debate electoral, se ha reavivado el debate sobre si la ilegalización de los partidos separatistas sería posible en un país democrático como España.

El día del perjurio: juran o prometen acatar una Constitución mientras piden saltársela
Estas son las edades de las constituciones en Europa: España, entre las más jóvenes

La propuesta de Vox sobre ilegalizar a los partidos separatistas

Como ya es sabido, Vox incluyó esa propuesta de ilegalización en el programa político que dio a conocer el año pasado en su famoso mitin de Vistalegre. Concretamente, esa propuesta figura en el punto 2: "Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía". Algunos se han escandalizado con esta propuesta. El sábado, cuando Javier Ortega Smith afirmó en La Sexta su propósito de ilegalizar el PNV, el representante de ese partido separatista dijo: "me preocupa la democracia".

El PNV se opuso a la ilegalización de Batasuna y criticó la ilegalización del Partido Nazi

Personalmente pongo en duda esa preocupación de dicho partido, teniendo en cuenta que en 1996 y en 2002 el PNV se opuso a la ilegalización de Herri Batasuna, el brazo político de la banda terrorista ETA. Una relación orgánica con esa banda criminal que acreditó con creces la Justicia española. A pesar de ello, en abril de 2002 el entonces del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, rechazó la ilegalización de Batasuna alegando que tampoco estuvo de acuerdo con la ilegalización del Partido Nazi en Alemania. Una comparación muy oportuna, pues en ambos casos hablamos de partidos totalitarios. Si el PNV pretende que la democracia se cruce de brazos ante ellos es porque el partido fundado por Sabino Arana es una formación separatista que aboga por deshacer la unidad de España, uno de los propios fundamentos en los que se basa la Constitución vigente, y además pretende hacerlo saltándose la Constitución, igual que los separatistas catalanes a los que ha venido apoyando.

Los límites que pone el Artículo 6 de la Constitución a los partidos políticos

Para abordar la posible ilegalización de los partidos separatistas basta con leer el Artículo 6 de la Constitución, que marca unos límites claros a los partidos políticos: "Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". La parte que indico en negrita es muy relevante, puesto que este Artículo no se está aplicando desde el momento en que se admite la existencia de partidos abiertamente contrarios a la Constitución y que se saltan la legalidad vigente. Por supuesto, no se trata de que los partidos políticos tengan que limitar sus planteamientos a lo que diga la Carta Magna. Es legítimo defender una reforma de la Constitución. Pero no es eso lo que plantean los separatistas. Conscientes de que no tienen la fuerza necesaria para reformarla, han decidido saltársela, como hemos visto en el caso de Cataluña, donde han perpetrado un golpe separatista cuyo fin era suspender la vigencia de la Constitución en Cataluña y romper la unidad de España, que es uno de los pilares de la propia Constitución.

La Ley de Partidos Políticos resulta insuficiente ante el desafío separatista

Hasta ahora, ese artículo constitucional se ha desarrollado a través de la Ley de Partidos Políticos de 2002, que permitió la ilegalización de Batasuna y de otras marcas electorales de ETA. El Artículo 6 de esa ley abunda en lo señalado por el Artículo 6 de la Constitución: "Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes". Además, el Artículo 9 de la citada Ley afirma: "Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos". Y acto seguido, añade: "Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático", y establece tres supuestos relacionados con la violencia y el terrorismo.

La razón de esto es que esa ley se aprobó en pleno proceso de ilegalización de Batasuna. En un momento como el actual, en el que los partidos separatistas están promoviendo abiertamente el desafío al Estado de Derecho y la desobediencia a la Constitución, a las leyes y a las sentencias judiciales, los mecanismos jurídicos de esa ley se están mostrando insuficientes para defender el orden constitucional, precisamente porque esa ley no quiso desarrollar a fondo lo previsto por la Constitución. Así pues, no hay que cambiar la Constitución para aplicar lo que propone Vox: basta con modificar una ley orgánica para que se proyecte en ella lo que dice la Carta Magna.

Lo que dicen las constituciones de otros países de nuestro entorno

Los límites que la Constitución Española pone a los partidos políticos no son algo excepcional en Europa. La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania afirma en su Artículo 21.2:

"Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales".

Además, el Artículo 21.3 establece que dichos partidos quedar excluidos de la financiación estatal y tampoco tienen beneficios fiscales. Lo que establece la Ley Fundamental alemana es de pura lógica: una Nación debe disponer de herramientas para defender su propia existencia. Eso no sólo significa disponer de herramientas jurídicas para proteger la independencia y la soberanía de la Nación frente a peligros externos, sino también ante los internos. Como ya señalé desde estas páginas, durante la República de Weimar el Partido Comunista y el Partido Nacional-Socialista hicieron una pinza para destruir aquel régimen democrático, hecho que finalmente lograron los nazis en 1933 ganando unas elecciones por mayoría simple. Los comunistas ya lo habían intentado por la vía violenta mediante el golpe de Estado espartaquista de 1919. Además, y con el apoyo soviético, media Alemania quedó convertida en una prisión comunista entre 1945 y 1989, hasta la caída del Muro de Berlín. Los alemanes tienen motivos sobrados para querer vacunarse de las amenazas totalitarias. ¿Dirá el PNV, acaso, que Alemania es un país antidemocrático por ello?

Por otra parte, la Constitución de la República Francesa, en su Artículo 4, exige a los partidos políticos el "respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia". La Constitución de la República Portuguesa establece lo siguiente en su Artículo 311.2: "No podrán constituirse partidos que por su designación o por sus objetivos programáticos tengan índole o ámbito regional". Como vemos, es una regulación aún más estricta que la alemana y la francesa, pero no hemos visto a nadie clamando contra ella. La Constitución de la República de Polonia contiene una disposición aún más clara que la alemana en su Artículo 13:

"Los partidos políticos y otras organizaciones cuyos programas se basan en métodos totalitarios y los modos de actividad del nazismo, el fascismo y el comunismo, así como aquellos cuyos programas o actividades sancionan el odio racial o nacional, la aplicación de la violencia con el fin de obtener poder o para influir en la política del Estado, o prever el secreto de su propia estructura o membresía, estará prohibidos".

Parecida a la alemana, la Constitución de la República de Croacia señala en su Artículo 6:

"Los partidos políticos que, en sus plataformas o por acción violenta, pretendan socavar el orden democrático libre o amenazar la existencia de la República de Croacia se considerarán inconstitucionales".

La Constitución de la República Italiana incluye una disposición prohibiendo abiertamente la reorganización del Partido Fascista. La Constitución de la República Checa señala en su Artículo 5 a los partidos políticos la obligación de respetar "los principios democráticos fundamentales" y renunciar "a la fuerza como un medio para promover sus intereses". La Constitución de Rumanía señala en su Artículo 8.2 que los partidos deben respetar "la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden de la ley y los principios de la democracia". ¿Será que todos esos países son "fascistas"?

---

Foto: Chema Moya / Efe