Un auto judicial confirmó que la Catedral de Córdoba es de la Iglesia Católica desde 1236

El Gobierno socialista ha abierto un nuevo frente en su campaña contra los católicos. Primero fue la profanación de la basílica del Valle de los Caídos. Ahora quiere arrebatar sus templos a la Iglesia.

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En 2013 El País quiso colar como 'expertos' a las Juventudes Socialistas

Como parte de esta campaña anticatólica, medios izquierdistas han empezado a señalar objetivos a esta nueva desamortización. Hoy el diario socialista El País, el medio más servil al PSOE, publica una noticia con este titular: "La Mezquita de Córdoba no es de los obispos, según los expertos". Cada vez que el diario de PRISA habla de "expertos" me huele a trampa. Recordemos que hace cinco años El País citó a unos "expertos" -sin más detalles- en uno de sus ataques contra la Iglesia, y los "expertos" en cuestión resultaron ser las Juventudes Socialistas, organización juvenil del PSOE.

Uno de los 'expertos' citados por El País es la socialista Carmen Calvo

Esta vez la cosa no es muy distinta. Leyendo el texto de la noticia nos encontramos con que esos "expertos" son, en realidad, un comité de cuatro personas "comisionado por el Ayuntamiento de Córdoba para fundamentar la titularidad pública de la Mezquita", es decir, fichados por un ayuntamiento en manos del PSOE para dar la razón al gobierno municipal. De hecho, la oposición ha calificado ese comité de "partidista y afín al PSOE". Una afirmación que es muy fácil de probar, ya que uno de esos cuatro "expertos" era la socialista Carmen Calvo, hoy vicepresidenta del Gobierno y que según El País aportó a ese comité su condición de "constitucionalista". De hecho, fue ella quien llevó la voz cantante: "La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, elaboró las conclusiones jurídicas de dicho informe antes de entrar en el Gobierno", afirma El País. Es la misma Carmen Calvo que hace dos semanas dijo que las elecciones son "alharacas" y "contar votos nada más", y cuyo partido ha negado que el Senado represente la soberanía nacional, en contra de lo que afirma claramente el Artículo 66 de la Constitución.

El País no dice que un Juzgado confirmó la propiedad católica de esa Catedral

Lo que olvida citar El País es que en junio de 2015 un auto judicial dio la razón a la Iglesia en lo relativo a la Catedral de Córdoba. El auto, emitido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, señaló que "todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad". Y es que hay que recordar que una inmatriculación no sirve para apropiarse de un bien ajeno, sino para registrar algo que es propiedad de la Iglesia, una institución muy anterior al Estado y también a la aparición de los registros de la propiedad, que aparecieron en España a mediados del siglo XIX. Aquel mismo auto judicial señaló que la Catedral de Córdoba "fue adquirida por la Diócesis mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y, desde entonces, ha sido poseída de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño".

En 1991 la Junta de Andalucía reconoció que esa Catedral es de la Iglesia Católica

Por otra parte, la propia Junta de Andalucía, en manos del PSOE reconoció en 1991 que la Iglesia era la dueña de dicha Catedral, y lo hizo en un convenio por escrito, firmado siete años antes de que el gobierno de Aznar permitiese a la Iglesia inscribir sus lugares de culto en el Registro de la Propiedad. Eso lo dijo un gobierno del PSOE en una época en la que no sentía la necesidad de competir en radicalismo con un partido de ultraizquierda como Podemos, que entonces no existía. El caso es que en una democracia la legalidad de los registros y la vigencia del derecho a la propiedad no cambian en función de los intereses de tal o cual partido. Si en el PSOE no lo entienden, tal vez deberían hacer algún cursillo de democracia básica para principiantes.

La corta distancia entre el "exprópiese" y el "censúrese"

Una nota final sobre las desamortizaciones: muchos de los edificios religiosos arrebatados a la Iglesia en las desamortizaciones del siglo XIX acabaron abandonados y finalmente en ruinas. Muchos de ellos han tardado hasta un siglo en ser recuperados. Pero más allá de sus resultados, hay que recordar que estas desamortizaciones fueron un grave atentado contra uno de los pilares de toda democracia: el derecho a la propiedad privada. La historia de los últimos años nos demuestra que los ataques contra ese derecho suelen ir paralelos a los ataques contra otros derechos y libertades fundamentales. Tenemos un ejemplo tan reciente como el de Venezuela, donde han pasado rápidamente del "exprópiese" al "censúrese". Y da la casualidad de que ahora el PSOE gobierna con el apoyo de los mismos que en su día respaldaron al chavismo en el país caribeño.

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(Foto: Alonso de Mendoza / Wikimedia)