La razón por la que Rajoy calla sobre Bildu

El pasado viernes Rajoy hizo una declaración oficial acerca de la sentencia del TC sobre Bildu. En ella decía lamentar dicha sentencia, y si bien afirmaba acatarla, la consideraba "una decisión que no podemos compartir y que supone un paso atrás evidente en la lucha contra el terrorismo". Desde ese día ha sido imposible sacarle a Rajoy una sola palabra sobre Bildu. ¿A qué responde tal mutismo? Lo más inmediato es pensar que ese silencio se debe a la estrategia marcada por Pedro Arriola de sólo hablar de economía. Sin embargo, hay una serie de hechos que me hacen pensar que estamos ante una estrategia de mayor calado que un mero diseño de marketing electoral. Repasemos algunos de esos hechos.

Objetivo: asegurar la obediencia del TC al Gobierno

Nos situamos en diciembre de 2007, cuando expira el turno de los cuatro miembros del TC nombrados por el Senado, tres de ellos del llamado sector conservador y otro del sector progresista. En el TC hay un empate a seis entre ambos sectores, lo que hace peligrar algunos proyectos ideológicos del Gobierno. El 14 de mayo de 2008 el recurso a la Ley de Violencia de Género se rechaza por siete votos frente a cinco porque uno de los miembros del sector conservador vota junto al ala izquierdista a favor de imponer penas mayores a los hombres que a las mujeres por los mismos delitos, liquidando así la igualdad ante la ley. Sin embargo, están pendientes de sentencia los recursos a dos proyectos legislativos de aún más difícil encaje en la Constitución -el Estatuto catalán de 2006 y la llamada Ley Zerolo (que autorizó los matrimonios del mismo sexo)- y el PSOE no tiene la seguridad de un veredicto favorable a sus tesis.

Una muerte muy oportuna tras un brutal acoso montado por el CNI

Tres días después de conocerse el fallo del TC sobre la Ley de Violencia de Género, el 17 de mayo de 2008 muere en extrañas circunstancias Roberto García-Calvo, miembro del sector conservador del TC. Se trata, sin duda, de uno de los episodios más siniestros de nuestra democracia, pues dicho fallecimiento se produce tras una brutal campaña de acoso montada por el CNI y apoyada por el aparato mediático del Gobierno. La muerte de García-Calvo es de lo más oportuna para el ejecutivo: sin el fallecido, el TC queda repartido entre cinco conservadores y seis progresistas, inclinando la balanza a favor del Gobierno.

Con todo, se trata de una mayoría frágil. En febrero de 2007 el progresista Pablo Pérez Tremps había sido recusado a petición del PP en relación al recurso sobre el Estatuto catalán. Eso deja a los miembros del TC afines al gobierno con menos capacidad de maniobra -se da un nuevo empate entre conservadores y progresistas-, con lo que la sentencia se pospone otros dos años ante los reparos de la presidenta del TC, María Emilia Casas, a usar su voto de calidad para lograr un desempate. En julio de 2010 el TC avala la mayor parte del Estatuto, siendo la mayoría de las votaciones por seis votos (los del sector progresista y el conservador Guillermo Jiménez) contra cuatro (los del resto de miembros del ala conservadora). Para evitar el empate, María Emilia Casas tiene que ceder en algunos aspectos que provocan duras críticas al TC desde las filas socialistas y las iras de los aliados nacionalistas del Gobierno. El Gobierno se da cuenta de que necesita una mayoría más cómoda en el Tribunal.

Una incomprensible claudicación del PP

En este punto, la renovación de los cuatro miembros del TC designados por el Senado seguía aparcada. La negativa sistemática del gobierno de Zapatero a alcanzar cualquier consenso con el Partido Popular deja pendiente esa renovación durante tres años. Sin embargo, a finales de septiembre de 2010 PSOE y PP desbloquean las negociaciones, y lo hacen con una clara y absurda cesión del partido de Rajoy: los cuatro miembros salientes del TC (tres conservadores y uno progresista) serían sustituidos por dos conservadores y dos progresistas, inclinando aún más la balanza a favor del Gobierno y sin que éste haya accedido a cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de García-Calvo. Esta incomprensible claudicación del PP, que deja perplejos a propios y extraños, se produce en plena ola de euforia en Génova 13 por las favorables encuestas electorales tras los recortes anunciados por el Gobierno en mayo y la caída en picado de la popularidad de Zapatero. Rajoy ya tiene la certeza de que va a gobernar. En mi opinión, es eso lo que explica la claudicación, como veremos más abajo.

El 1 de diciembre son votados por el Senado los cuatro nuevos miembros del TC. El pacto entre PSOE y PP se cumple como estaba previsto y entran dos nuevos magistrados a propuesta de cada partido. El TC se reparte ahora entre siete progresistas y cuatro conservadores. El Constitucional se convierte en un órgano bajo el total dominio de Moncloa, de tal forma que ya puede planear estrategias para usar al TC como parapeto para maniobras que no se atreve a hacer el Gobierno, como se verá seis meses después con el caso de Bildu.

Bildu: el TC cumple su nueva función de parapeto del Gobierno

En noviembre de 2010 se agota el turno de otros tres miembros del TC: un conservador y dos progresistas. Además, la plaza del fallecido García-Calvo sigue vacante. Al Gobierno no le interesa para nada ocuparla pues ha obtenido una posición de poder absoluto sobre ese Tribunal. Ni siquiera tiene que preocuparse por la actitud díscola del magistrado progresista Manuel Aragón, pues ahora al PSOE le sobran votos para ganar cualquier votación. El 30 de enero, PSOE y PP deciden aplazar esa renovación hasta la próxima legislatura.

Así llegamos a la sentencia sobre Bildu. Manuel Aragón vota junto al ala conservadora contra la admisión de las candidaturas avaladas por ETA. Los demás magistrados del PSOE votan a favor. Bildu es legalizada por seis votos contra cinco. El TC se come el marrón de ser señalado como el responsable de la vuelta de ETA a las instituciones, un papel muy impopular que el Gobierno elude formalmente. El TC cumple así su nueva función de parapeto del ejecutivo.

Rajoy tendría que convivir más de un año con un TC en manos del PSOE

Volvemos en este punto al comienzo de la entrada: el silencio de Rajoy. ¿Qué interés puede tener Rajoy en guardar silencio ante un TC tan politizado y capaz de adoptar resoluciones tan escandalosas como la del caso Bildu? Para obtener la respuesta hay que repasar los próximos plazos y posibles renovaciones del Constitucional. De acuerdo con lo anunciado por PSOE y PP en enero, los cuatro nuevos magistrados designados por el Congreso serían elegidos en 2012. Actualmente esos cuatro puestos se reparten así: dos progresistas (Eugeni Gay y Elisa Pérez), un conservador (Javier Delgado) y una plaza vacante (la del fallecido García-Calvo). Es de suponer que entrarán dos progresistas y dos conservadores, quedando el TC repartido entre siete miembros propuestos por el PSOE y cinco del PP. Si Rajoy gana las Elecciones de 2012, tendrá que convivir más de un año con un TC en manos del PSOE.

El siguiente turno de renovación no llegará hasta junio de 2013. Entonces habrán de ser sustituidos los dos miembros del TC propuestos por el Gobierno (en la actualidad dos progresistas) y los propuestos por el CGPJ (hoy en día, un conservador y un progresista). Si el reparto de los miembros designados por el Poder Judicial se mantiene como ahora y Rajoy ejerce su prerrogativa de designar a dos conservadores, a mediados de 2013 cambiarían las tornas en el TC: siete del PP y cinco del PSOE.

¿Se propone Rajoy usar al TC como parapeto igual que el PSOE?

Así pues, el actual Constitucional aún tendrá dos años para rechazar los recursos a algunas de las leyes más polémicas del zapaterismo: la Ley Zerolo y sobre todo la Ley Aído, que instauró la barra libre para matar a niños no nacidos hasta las 14 semanas de vida. También tendrá tiempo para asegurar otras leyes radicales que prepara el PSOE, como la Ley de Eutanasia y la estalinista Ley de Igualdad de Trato de Leire Pajín. Una vez convertido en la apisonadora ideológica del PSOE, del actual TC cabe esperar más sentencias que retuerzan los preceptos constitucionales para complacer a Ferraz.

Rajoy lo sabe, e igual que el Gobierno ha usado al TC como parapeto para legalizar Bildu, el PP podría usar al TC como coartada para no tener que desmontar el tinglado legislativo del zapaterismo, complaciendo así al ala más tibia del partido. La actual escora de ese Tribunal, provocada por el PP hace ocho meses, invita a pensar que eso es lo que han planeado en Génova 13, pues no es creíble que una claudicación como ésa se hiciese sin tener en cuenta el aprovechamiento que harían de ella los propios populares. El TC podría asumir así toda la responsabilidad de los incumplimientos de Rajoy ante su electorado, minimizando el descontento de los votantes más favorables a la derogación de las citadas leyes. Por eso Rajoy no muestra interés por cuestionar demasiado las decisiones del TC, por polémicas que sean como en el caso de Bildu, y deja eso a sus subalternos. De hecho, que ese Tribunal asuma formalmente lo que de hecho es responsabilidad del Gobierno le sirve al PP como coartada para no romper el pacto con el PSE por la maniobra de los socialistas para facilitar la vuelta de ETA a las instituciones. Ayer mismo Basagoiti criticaba al TC mientras afirmaba que "jamás" romperá el pacto con Patxi López, una posición que sólo se explica en el marco de la estrategia de ambos partidos para usar a ese tribunal como parapeto.

Me gustaría muchísimo equivocarme, pero la tendencia del PP hacia la tibieza en estos últimos tres años y los indicios aquí referidos me hacen esperar lo peor. ¿De qué forma se podría evitar que esta traición se llegue a consumar? Pues ejerciendo una firme presión social sobre Rajoy antes y después de las próximas Elecciones Generales. Antes, para hacer que concrete su compromisos con claridad, sin descargar en el TC su responsabilidad de cara al futuro. Y después, para que una vez en el poder Rajoy -si es que llega a gobernar- cumpla sus promesas o, en caso contrario, tenga que pagar un enorme precio político por traicionarlas.

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(Foto: Partido Popular)