Vox pone una querella contra la ministra de Justicia por negarse a defender al juez Llarena

La decisión del Gobierno de abandonar al juez Llarena frente a la demanda de Puigdemont contra él en Bélgica, en un burdo ataque a la independencia judicial español, ya tiene una respuesta de Vox.

Vox denuncia 'amenazas veladas' para que ceda en su acusación contra los golpistas
El prófugo Puigdemont apoyó el acoso al juez Llarena difundiendo su localización en Twitter

El CGPJ pidió a Justicia que defendiese la independencia judicial española en Bélgica

El 16 de agosto, el Consejo General del Poder Judicial otorgó su amparo al juez Llarena, que instruye la causa judicial en el Tribunal Supremo contra los aforados acusados por el golpe separatista del pasado mes de octubre, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, actualmente huido en Bélgica. En relación a la demanda judicial puesta por Puigdemont contra Llarena en ese país, en la que tacha a España de "Estado delincuente" y se le acusa de perseguir "a las minorías" por su ideología nacionalista (una colosal mentira), el CGPJ denunció un "ataque planificado" que pretende "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero". El CGPJ anunció que adoptaría "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia y seguridad del magistrado y pidió a los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores que actúen "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

El Ministerio de Justicia se negó a defender al juez Llarena

A pesar de la petición del CGPJ, este jueves el Ministerio de Justicia anunció que no pagará la defensa del juez Llarena en Bélgica, alegando que "el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función", sin especificar de qué afirmaciones se trata. El anuncio del Gobierno ha provocado una gran indignación, pues deja solo a un defensor del Estado de Derecho en el ejercicio de sus funciones como magistrado frente a los autores de un golpe de Estado contra nuestra democracia. A nadie se le escapa un hecho evidente: el partido de los golpistas apoyó la investidura de Pedro Sánchez en junio. Así pues, este abandono del juez Llarena por parte del Gobierno parece un capítulo más del pago de las deudas contraídas por el PSOE con su moción de censura. Es más: con esta decisión, el Gobierno parece querer orientar a los separatistas sobre cómo atacar al juez.

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales acusan al Gobierno de "dejación de funciones"

Este viernes, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales acusaron al Gobierno de dejación de funciones. El comunicado, suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), señala que la independencia de nuestro Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española "no puede ser fiscalizada –directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley". Así mismo, recordaron que el Estado "tiene la obligación de adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar la defensa del Magistrado D. Pablo Llanera por actuaciones desarrolladas en el ejercicio de la función jurisdiccional, como presupuesto para salvaguardar su independencia y la de todo el Poder Judicial".

El Gobierno ha intentado hoy hacer frente a las críticas con una nota muy ambigua

Ante el escándalo provocado, La Moncloa publicó hoy una nota afirmando que ya "inició hace días los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena". Sin embargo, y a pesar de su engañoso título, la nota es muy ambigua y sólo cita al juez una vez, en el siguiente párrafo: "El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo". Como se ve, la nota habla de defender "los intereses de España", pero no al juez Llarena.

Vox se querella contra la ministra de Justicia por prevaricación y denegación de auxilio

Ante los anuncios y ambigüedades del Gobierno, hace una hora Vox ha anunciado en su Twitter oficial que "acaba de presentar una querella contra la ministra de Justicia Dolores Delgado por negarse a defender a Llarena ante la demanda del golpista Puigdemont". Según indica Vox en un comunicado publicado en su web, la querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y en ella se acusa a la ministra de sendos delitos de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y denegación de auxilio (artículo 412, apartado 1, del Código Penal).

En su querella, Vox recuerda que "el Gobierno debe asumir la defensa del Magistrado a través de los Servicios Jurídicos del Estado" en virtud del convenio de colaboración suscrito por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en 2010, que establece que "los Abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus Organismos Públicos y Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo". La cláusula segunda de ese convenio establece que "el Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, prestará asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados, en los términos, con los requisitos y siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 46 a 49 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, así como en las restantes disposiciones legales o reglamentarias aplicables a esta función desempeñada por los Abogados del Estado".

Vox reafirma su propósito de amparar a quienes defienden "la libertad, la Constitución y la unidad de España"

Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha afirmado, tras presentar esta nueva acción judicial, que "con esta querella demostramos, una vez más, que donde no está dispuesto a llegar el Gobierno de España para amparar a aquellos ciudadanos que defienden la libertad, la Constitución y la unidad de España, estará siempre Vox, fiel a su compromiso con los españoles". Hay que recordar que el partido de Santiago Abascal es el que lleva la acusación particular contra los golpistas en el Tribunal Supremo y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Precisamente, un mes después de la llegada de Sánchez a La Moncloa, Vox denunció "amenazas veladas" para que renuncie a esa acusación: "tentáculos gubernamentales que actúan como emisarios para trasladar amables advertencias y amenazas veladas a los servicios jurídicos de VOX con objeto de que aflojemos nuestra acusación popular contra los golpistas", señaló el presidente de ese partido, Santiago Abascal. Unos días más tarde, el abogado de Puigdemont sugería al Gobierno "desactivar a Vox" para detener la causa judicial. A estas alturas queda cada vez menos espacio para las dudas sobre la posible complicidad entre el Gobierno y sus aliados separatistas en su afán por dar carpetazo al procesamiento judicial de los golpistas. Todo mi apoyo a Vox en su ofensiva judicial frente a la perversa pinza de socialistas y separatistas contra el juez Llarena.

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(Foto: Ministerio de Justicia)