Hoy nuestra democracia ha vivido un nuevo retroceso en materia de libertades, y uno especialmente grave, puesto que afecta al ejercicio de un derecho amparado por el Art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Lo que dice el 'decretazo digital' aprobado por el Gobierno el 31 de octubre<\/big><\/p>\n El 31 de octubre, el Consejo de Ministros aprob\u00f3 el Real Decreto-ley 14\/2019<\/a>. Su pre\u00e1mbulo contiene una afirmaci\u00f3n que ya resulta peligrosa:<\/strong> \"Entre los principales desaf\u00edos que las nuevas tecnolog\u00edas plantean desde el punto de vista de la seguridad p\u00fablica se encuentran las actividades de desinformaci\u00f3n<\/strong>, las interferencias en los procesos de participaci\u00f3n pol\u00edtica de la ciudadan\u00eda y el espionaje<\/strong>\"<\/em>. Aqu\u00ed se mezcla un concepto difuso como la \"desinformaci\u00f3n\", e incluso unas supuestas \"interferencias\" cuya naturaleza no se precia, con el \"espionaje\": \u00bfel Gobierno piensa equiparar con esp\u00edas a todos aquellos que publiquen cosas que no sean de su agrado?<\/strong><\/p>\n El Cap\u00edtulo IV del decreto modifica el apartado 6 del art\u00edculo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones<\/a>. Hasta ahora ese apartado ya daba al Gobierno el poder, \"con car\u00e1cter excepcional y transitorio\", para asumir \"la gesti\u00f3n directa de determinados servicios o de la explotaci\u00f3n de ciertas redes de comunicaciones electr\u00f3nicas<\/strong>, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, aprobado por el real decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, para garantizar la seguridad p\u00fablica y la defensa nacional\"<\/strong><\/em>. La nueva redacci\u00f3n de este art\u00edculo ampl\u00eda los poderes del Gobierno al respecto, y a\u00f1ade el \"orden p\u00fablico\" a los motivos para intervenir redes. As\u00ed es como queda redactado:<\/p>\n \"El Gobierno, con car\u00e1cter excepcional y transitorio, podr\u00e1 acordar la asunci\u00f3n por la Administraci\u00f3n General del Estado de la gesti\u00f3n directa o la intervenci\u00f3n de las redes y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden p\u00fablico, la seguridad p\u00fablica y la seguridad nacional.<\/strong> En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gesti\u00f3n directa o intervenci\u00f3n podr\u00e1 afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red<\/strong> o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden p\u00fablico, la seguridad p\u00fablica y la seguridad nacional\".<\/em><\/p><\/blockquote>\n La Asociaci\u00f3n de Internautas advierte del riesgo para los derechos fundamentales<\/big><\/p>\n Otorgar al Gobierno unos poderes tan amplios para censurar la red sin necesidad de una orden judicial es sumamente peligroso. La Asociaci\u00f3n de Internautas ya manifest\u00f3 su alarma<\/a> ante \"la amplitud de los supuestos que se incorporan y que no estar\u00e1n sometidos a un control judicial previo<\/strong>, que deber\u00eda ser el encargado de garantizar la adecuada ponderaci\u00f3n de derechos en juego antes de que se adopte una decisi\u00f3n de este tipo\"<\/em>. Esa asociaci\u00f3n ha advertido que este decreto \"puede afectar a m\u00faltiples derechos fundamentales\"<\/em><\/strong>.<\/p>\n El PSOE vulnera el Art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n y el PP y Cs le apoyan<\/big><\/p>\n Tengamos en cuenta, adem\u00e1s, algo que deber\u00eda hacernos sospechar sobre la naturaleza de esta medida, y es que ha sido aprobada precisamente por un Gobierno con una preocupante tendencia a abusar de una herramienta excepcional como es el decreto<\/strong>, que el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n reserva para casos \"de extraordinaria y urgente necesidad\". El mismo Art\u00edculo se\u00f1ala que esos decretos no podr\u00e1n afectar a los \"deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I\"<\/em>. Precisamente en ese t\u00edtulo figura el Art\u00edculo 20, que protege la libertad de expresi\u00f3n y la libertad de informaci\u00f3n. El apartado 5 de ese Art\u00edculo es muy claro: \"S\u00f3lo podr\u00e1 acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de informaci\u00f3n en virtud de resoluci\u00f3n judicial\"<\/strong>.<\/em> Esta definici\u00f3n incluye tambi\u00e9n a los contenidos digitales, pues entran en el cap\u00edtulo de medios de informaci\u00f3n. Con ese decreto, el Gobierno est\u00e1 vulnerando abiertamente el Art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n.<\/strong> Lo m\u00e1s chocante es que hoy, en la Diputaci\u00f3n Permanente del Congreso de los Diputados, el Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor del decreto<\/a>. \u00bfY \u00e9stos son los que presumen de 'constitucionalistas'? \u00bf\u00c9se es el mismo PP que ped\u00eda el voto para frenar a la izquierda, y ahora le concede al PSOE poderes dictatoriales?<\/p>\n Podemos critic\u00f3 la 'Ley Mordaza' del PP pero se abstiene ante este 'decretazo mordaza'<\/big><\/p>\n
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