En Espa\u00f1a tenemos un Gobierno socialista-comunista que parece creer que la Constituci\u00f3n est\u00e1 para salt\u00e1rsela a la torera, a juzgar por lo que publica hoy el BOE.<\/p>\n
La Ley 16\/2003 exige que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud sean \u00abpor consenso\u00bb<\/big><\/p>\n Y es que el BOE ha publicado en tiempo r\u00e9cord<\/a> el supuesto acuerdo tomado ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para establecer los criterios para ordenar el cierre de las ciudades m\u00e1s afectadas por la segunda ola de coronavirus. Un acuerdo cuya validez jur\u00eddica es muy cuestionable<\/strong>, como ya ha se\u00f1alado el Gobierno regional de Madrid, ya que la Ley 16\/2003<\/a> dice lo siguiente en su Art\u00edculo 73.2: \"Los acuerdos del Consejo se plasmar\u00e1n a trav\u00e9s de recomendaciones que se aprobar\u00e1n, en su caso, por consenso\".<\/em><\/strong> Dif\u00edcilmente se puede hablar de consenso en el Consejo de ayer, ya que Madrid, Catalu\u00f1a, Andaluc\u00eda, Galicia, Murcia y Ceuta rechazaron el acuerdo propuesto por Salvador Illa<\/a>, ministro de Sanidad.<\/p>\n La ley s\u00f3lo le permite emitir recomendaciones pero dicta \u00f3rdenes y prohibiciones<\/big><\/p>\n Adem\u00e1s de lo anterior, y a diferencia de lo que marca el citado Art. 73.2 de la Ley 16\/2003, lo que publica hoy la orden ministerial de Illa no son recomendaciones, sino \u00f3rdenes y prohibiciones claras y directas<\/strong>. Su apartado 1, por ejemplo, se\u00f1ala: \"La declaraci\u00f3n de actuaciones coordinadas obligar\u00e1<\/strong> a las comunidades aut\u00f3nomas a adoptar, al menos, las medidas que se prev\u00e9n en el apartado 2\"<\/em>, se\u00f1alando a continuaci\u00f3n unos criterios que parecen redactados expresamente para aplicarse solamente a la Comunidad de Madrid.<\/strong> Es inevitable ver motivaciones pol\u00edticas y no sanitarias en esta redacci\u00f3n que, insisto, viola abiertamente la citada Ley 16\/2003.<\/strong><\/p>\n La orden ministerial viola el Art\u00edculo 55 de la Constituci\u00f3n<\/big><\/p>\n Pero lo peor de esa orden ministerial no es que viole una ley ordinaria como la citada, sino que adem\u00e1s viola tambi\u00e9n el Art\u00edculo 55 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/strong>. Y es que el apartado 2 de la citada orden ministerial, titulado \"Medidas de obligado cumplimiento\" (cuando el citado consejo s\u00f3lo puede emitir recomendaciones, como acabamos de ver), se imponen claras restricciones de la libertad de circulaci\u00f3n, un derecho constitucional<\/strong> amparado por el Art\u00edculo 19 de nuestra Carta Magna: \"Se restringir\u00e1 la entrada y salida de personas de los municipios previstos en el apartado 1.1<\/strong>, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos\"<\/em>, se\u00f1alando a continuaci\u00f3n una serie de excepciones. <\/p>\n La orden tambi\u00e9n establece lo siguiente: \"La circulaci\u00f3n<\/strong> por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los municipios previstos en el apartado 1.1, ser\u00e1 posible, siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos\".<\/strong><\/em><\/p>\n As\u00ed mismo, la orden ministerial restringe tambi\u00e9n el derecho de reuni\u00f3n<\/strong>, otro derecho constitucional, en este caso amparado por el Art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n, estableciendo aforos m\u00e1ximos para lugares de culto, velatorios, establecimientos comerciales<\/strong>, academias, colegios y otros centros, imponiendo adem\u00e1s unas horas l\u00edmite a establecimientos comerciales y de hosteler\u00eda. Un toque de queda en toda regla.<\/strong><\/p>\n El Art\u00edculo 55 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola se\u00f1ala claramente: \"Los derechos reconocidos en los art\u00edculos 17, 18, apartados 2 y 3, art\u00edculos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, art\u00edculos 21<\/strong>, 28, apartado 2, y art\u00edculo 37, apartado 2, podr\u00e1n ser suspendidos cuando se acuerde la declaraci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n o de sitio <\/strong>en los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n\".<\/em> Hay que recordar que el 14 de marzo, el Gobierno recurri\u00f3 a la declaraci\u00f3n del estado de alarma para restringir esos derechos<\/a>, cuando tendr\u00eda que haber recurrido a un estado de excepci\u00f3n. Ahora ni eso: el Gobierno pretende suspender derechos constitucionales con una simple orden ministerial, algo radicalmente inconstitucional.<\/strong> De hecho, nuestra Carta Magna no permite que ninguno de los tres citados estados sea utilizado para limitar el ejercicio de la libertad de culto, amparado por su Art\u00edculo 16.<\/p>\n D\u00edaz Ayuso anuncia que recurrir\u00e1 la orden a los tribunales<\/big><\/p>\n La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D\u00edaz Ayuso, ya ha anunciado que recurrir\u00e1 esa orden ante los tribunales<\/a>, algo que me parece del todo l\u00f3gico a la vista de su contenido. Pero no se deber\u00eda quedar ah\u00ed:<\/strong> la adopci\u00f3n de una medida claramente ilegal y contraria a la Constituci\u00f3n por parte de Salvador Illa tambi\u00e9n deber\u00eda tener consecuencias, concretamente las relacionadas con el Art\u00edculo 404 del<\/strong> C\u00f3digo Penal<\/a>: \"A la autoridad o funcionario p\u00fablico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci\u00f3n arbitraria<\/strong> en un asunto administrativo se le castigar\u00e1 con la pena de inhabilitaci\u00f3n especial<\/strong> para empleo o cargo p\u00fablico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince a\u00f1os\"<\/em>. De llevarse a cabo las prohibiciones establecidas por dicha orden, adem\u00e1s, podr\u00eda acusarse al Gobierno de los correspondientes delitos contra el ejercicio de derechos individuales.<\/strong><\/p>\n Est\u00e1n fallando los diques para frenar los abusos de poder en Espa\u00f1a<\/big><\/p>\n Dicho sea de paso, lo m\u00e1s lamentable de todo esto no es que tengamos un Gobierno que se empe\u00f1a en lesionar derechos fundamentales de forma ilegal, como ya lo hizo durante el confinamiento la pasada primavera, sino la falta de reacci\u00f3n por parte de la sociedad y de muchas de las instituciones que tienen a su cargo fiscalizar la acci\u00f3n del Gobierno.<\/strong> \u00bfD\u00f3nde est\u00e1 el clamor de tantos miles de juristas como hay en Espa\u00f1a? \u00bfQu\u00e9 hay de los medios de comunicaci\u00f3n, que deber\u00edan poner el grito en el cielo ante estos atropellos? Y sobre todo, \u00bfc\u00f3mo es posible que el Tribunal Constitucional siga sin resolver el recurso presentado por Vox en abril contra los abusos del estado de alarma impuesto por el Gobierno<\/a>?<\/strong> Una democracia falla estrepitosamente si no funcionan los diques jur\u00eddicos, pol\u00edticos y sociales para frenar los abusos del poder pol\u00edtico. Y eso, lamentablemente, es lo que est\u00e1 pasando en Espa\u00f1a.<\/p>\n ---<\/p>\n
\n