Muchos llevamos a\u00f1os alertando de que la izquierda estaba convirtiendo a Espa\u00f1a en una r\u00e9plica de Venezuela. Ahora tenemos un motivo m\u00e1s para denunciarlo.<\/p>\n
La trampa de S\u00e1nchez: rebajar mayor\u00edas de tres quintos a mayor\u00edas simples<\/big><\/p>\n En una pol\u00e9mica sesi\u00f3n, ayer la izquierda y sus socios separatistas aprobaron una reforma de la Justicia que liquida la independencia judicial<\/a>, por la v\u00eda de urgencia y por la puerta de atr\u00e1s, mediante dos simples enmiendas a una proposici\u00f3n de ley<\/a> para derogar el delito de sedici\u00f3n. Las enmiendas en cuesti\u00f3n son la 61 y la 62<\/a>, y fueron presentadas conjuntamente por los socialistas del PSOE y por sus socios comunistas de Podemos para modificar dos leyes org\u00e1nicas, la del Poder Judicial (1985) y la del Tribunal Constitucional (1979), respectivamente.<\/p>\n En concreto, la enmienda 61 se\u00f1ala que la renovaci\u00f3n de los magistrados del Tribunal Constitucional se har\u00e1 \"por mayor\u00eda de tres quintos\", pero si pasados tres meses no hay acuerdo, se proceder\u00e1 a elegir a los magistrados \"sin necesidad de un quorum m\u00ednimo\"<\/strong>, es decir, por mayor\u00eda simple, y no por la citada mayor\u00eda cualificada de tres quintos. Se trata de un planteamiento que viola abiertamente la Constituci\u00f3n, tal como vimos ayer<\/a>. El planteamiento que han hecho los socialistas y los comunistas con esta reforma no es nuevo: es un calco de lo que Hugo Ch\u00e1vez, admirado por Podemos, hizo en Venezuela<\/strong> para liquidar la separaci\u00f3n de poderes y establecer una dictadura socialista.<\/p>\n Hugo Ch\u00e1vez ya us\u00f3 esa trampa en Venezuela en 2004 para controlar a la Justicia<\/big><\/p>\n En junio de 2004, la ONG Human Rights Watch (HRW) alert\u00f3 de la amenaza para la independencia judicial en Venezuela<\/a> mediante un informe en el que se\u00f1alaba: \"Desde el a\u00f1o pasado, el Presidente Ch\u00e1vez y sus aliados han venido adoptando medidas para asumir el control del Poder Judicial, erosionando la separaci\u00f3n de poderes y la independencia del sistema judicial<\/strong>, a trav\u00e9s de medios que violan los principios fundamentales de la Constituci\u00f3n venezolana y el derecho internacional de los derechos humanos\".<\/em><\/p>\n HRW denunciaba, en concreto, la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ)<\/a> aprobada por la mayor\u00eda izquierdista en la Asamblea Nacional venezolana en mayo de ese a\u00f1o:<\/strong> \"La nueva ley para conformar el Tribunal Supremo de adeptos al gobierno aument\u00f3 el n\u00famero de magistrados de 20 a 32, aumentando dos magistrados a cada una de las seis salas del Tribunal. Los nuevos magistrados podr\u00edan ser designados por mayor\u00eda simple en la Asamblea Nacional: un candidato que no reciba el apoyo de una mayor\u00eda de dos tercios en las tres primeras votaciones puede ser designado por mayor\u00eda simple en la cuarta votaci\u00f3n.<\/strong> En contraste a la nueva Ley, los 20 miembros actuales del Tribunal Supremo fueron confirmados con una mayor\u00eda de al menos dos tercios\".<\/em><\/p>\n
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