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El gobierno de Pedro S\u00e1nchez ha incurrido repetidas veces en esa pr\u00e1ctica<\/strong> que choca con la obligada neutralidad pol\u00edtica de las administraciones p\u00fablicas. La Junta Electoral ha venido abriendo expedientes a S\u00e1nchez<\/a>, a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo<\/a>, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska<\/a> y a la exministra de Educaci\u00f3n Isabel Cela\u00e1<\/a> por utilizar el Palacio de La Moncloa y cuentas institucionales de Twitter con fines partidistas. Pero la historia se repite.<\/p>\n Anoche, el canal izquierdista La Sexta public\u00f3 una entrevista con la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda D\u00edaz<\/a>, militante del Partido Comunista de Espa\u00f1a (PCE) y que est\u00e1 en plena promoci\u00f3n de su nueva marca electoral, llamada \"Sumar\". D\u00edaz aprovech\u00f3 ese espacio con fines partidistas<\/strong>, para continuar su pugna con la otra facci\u00f3n ultraizquierdista del gobierno, que es Podemos, y lanzando duros reproches al fundador de ese partido, Pablo Iglesias. Como ya hicieron antes otros miembros del gobierno, D\u00edaz utiliz\u00f3 la cuenta institucional de Twitter del Ministerio de Trabajo<\/a> para difundir esa entrevista.<\/strong> Fue la \u00fanica publicaci\u00f3n hecha por ese ministerio este fin de semana.<\/p>\n Recordemos que estas cuentas institucionales son propiedad del Estado y gestionadas por empleados p\u00fablicos<\/strong> cuyo sueldo pagamos todos los contribuyentes. D\u00edaz ha aprovechado una cuenta sostenida con fondos p\u00fablicos y que tiene m\u00e1s de 231.000 seguidores para hacer campa\u00f1a y promocionar su nueva marca electoral. Este uso partidista de recursos p\u00fablicos choca con el Art\u00edculo 433 del C\u00f3digo Penal<\/strong>, reci\u00e9n reformado por el propio gobierno hace unos meses para beneficiar a sus socios separatistas:<\/p>\n \"La autoridad o funcionario p\u00fablico que<\/strong>, sin estar comprendido en los art\u00edculos anteriores, diere al patrimonio p\u00fablico que administrare una aplicaci\u00f3n p\u00fablica diferente de aqu\u00e9lla a la que estuviere destinado<\/strong>, incurrir\u00e1 en las penas de prisi\u00f3n de uno a cuatro a\u00f1os e inhabilitaci\u00f3n especial de empleo o cargo p\u00fablico de dos a seis a\u00f1os, si resultare da\u00f1o o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitaci\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico de uno a tres a\u00f1os y multa de tres a doce meses, si no resultare\".<\/em><\/p><\/blockquote>\n El Art\u00edculo 433 ter, introducido por el propio gobierno al que pertenece D\u00edaz con la citada reforma, explic\u00f3 qu\u00e9 se entiende por \"patrimonio p\u00fablico\" a efectos penales:<\/strong><\/p>\n \"A los efectos del presente C\u00f3digo, se entender\u00e1 por patrimonio p\u00fablico todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido econ\u00f3mico-patrimonial, pertenecientes a las Administraciones p\u00fablicas<\/strong>\".<\/em><\/p><\/blockquote>\n Entre esos bienes se incluyen los canales de comunicaci\u00f3n de las administraciones<\/strong>, entre los cuales figuran las cuentas institucionales de Twitter de los ministerios. Ojal\u00e1 alguien lleve este asunto a los tribunales, en vista de que este gobierno se salta la ley como le da la gana.<\/p>\n ---<\/p>\n![](\"https:\/\/live.staticflickr.com\/65535\/52823403188_2905a7fbcc_b.jpg\")
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