Una de las diferencias entre una democracia y una dictadura es que en la primera existe el derecho a la libre expresi\u00f3n de ideas y opiniones.<\/p>\n
Los derechos a la libre expresi\u00f3n de ideas que la Constituci\u00f3n protege<\/big><\/p>\n En una democracia, los abusos de ese derecho s\u00f3lo puede ser determinados por los tribunales<\/strong>, en un proceso con todas las garant\u00edas judiciales para la persona acusada. Por el contrario, en una dictadura el poder pol\u00edtico se atribuye la potestad de imponer sanciones gubernativas por motivos de opini\u00f3n<\/strong>, impidiendo que los sancionados puedan obtener la tutela judicial en ese proceso y, de hecho, convirtiendo esas sanciones en una amenaza a quienes discrepan del gobierno.<\/strong><\/p>\n En 1978, cuando los espa\u00f1oles aprobaron en refer\u00e9ndum la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, establecieron dos claros diques contra posibles abusos del poder pol\u00edtico en ese terreno<\/strong>. Uno de ellos es el Art\u00edculo 16:<\/p>\n \"Se garantiza la libertad ideol\u00f3gica, religiosa y de culto<\/strong> de los individuos y las comunidades sin m\u00e1s limitaci\u00f3n, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden p\u00fablico protegido por la ley\".<\/em><\/p><\/blockquote>\n La otra es el Art\u00edculo 20:<\/p>\n \"1. Se reconocen y protegen los derechos:<\/strong><\/p>\n a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones<\/strong> mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci\u00f3n.<\/p>\n (...)<\/p>\n 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ning\u00fan tipo de censura previa<\/strong>\".<\/em><\/p><\/blockquote>\n Cuando el gobierno dictaba en Espa\u00f1a lo que se pod\u00eda opinar y lo que no<\/big><\/p>\n Durante el franquismo, existieron normas como la ley de \"represi\u00f3n de la masoner\u00eda y del comunismo\"<\/a> y la ley de orden p\u00fablico de 1959<\/a> que otorgaban al Estado unos amplios poderes para determinar lo que se pod\u00eda opinar y lo que no e imponer sanciones gubernativas de forma arbitraria<\/strong>. Muchos espa\u00f1oles que no vivimos esa dictadura no cre\u00edamos que tendr\u00edamos que contemplar algo as\u00ed en nuestro pa\u00eds nunca m\u00e1s. Lamentablemente nos equivocamos.<\/p>\n Un expediente sancionador que recuerda a los tiempos de la dictadura de Franco<\/big><\/p>\n Este s\u00e1bado, el gobierno de Pedro S\u00e1nchez anunci\u00f3 un expediente sancionador contra dos miembros de Vox<\/a>, el tercer partido m\u00e1s votado de Espa\u00f1a y actualmente en la oposici\u00f3n. En ambos casos se acusa a esos miembros de Vox de \"exaltar el franquismo\" en las redes sociales, en un caso porque una afiliada de Vox se fotografi\u00f3 con una bandera de Espa\u00f1a con el escudo del \u00c1guila de San Juan<\/strong>, y en el otro caso porque un miembro de Vox public\u00f3 un mensaje en 2018 recordando el cumpleados del fundador de la Legi\u00f3n<\/a>, Jos\u00e9 Mill\u00e1n-Astray.<\/p>\n El mero anuncio de un expediente sancionador por motivos de opini\u00f3n por parte de un organismo gubernativo es algo que recuerda peligrosamente a esa dictadura de la que S\u00e1nchez dice abominar<\/strong>, pero cuyos m\u00e9todos de represi\u00f3n de opiniones desafectas no tiene reparos en imitar. La norma a la que apela el gobierno es la llamada \"ley de memoria democr\u00e1tica\" de 2022<\/a>, una norma creada por la izquierda para imponer su sectaria y sesgada visi\u00f3n de la historia.<\/p>\n Una izquierda que se dedica a ensalzar a toda clase de criminales<\/big><\/p>\n Esa ley fue aprobada por la misma izquierda que tolera<\/strong> los homenajes a terroristas de ETA<\/a>, que ha autorizado en pleno centro de Madrid manifestaciones exaltando a dictadores comunistas que cometieron cr\u00edmenes de genocidio<\/a> y que permite que haya calles y monumentos dedicados al socialista Largo Caballero y al separatista Companys, cabecillas de un sangriento golpe de Estado en 1934 contra un gobierno democr\u00e1tico<\/a> y, en el caso de Companys, responsable del asesinato de 8.000 personas<\/a> durante la Guerra Civil.<\/p>\n El gobierno viola la Constituci\u00f3n y podr\u00eda ser acusado de prevaricaci\u00f3n<\/big><\/p>\n Adem\u00e1s de denunciar el cinismo de esta izquierda, hay que recordar que la Constituci\u00f3n no define el Escudo de Espa\u00f1a, y que el escudo del \u00c1guila de San Juan figur\u00f3 en la Constituci\u00f3n<\/a>, ya que estuvo en vigor hasta 1981. Hasta ahora, no se ha aprobado ni una sola ley que sancione el uso de ese escudo<\/strong>. Ni siquiera aparece prohibici\u00f3n alguna de usarlo en la citada \"ley de memoria democr\u00e1tica\". Recordemos que sancionar a alguien por hacer algo que no es ilegal es un claro delito de prevaricaci\u00f3n<\/strong>, tipificado en el Art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n \"A la autoridad o funcionario p\u00fablico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci\u00f3n arbitraria en un asunto administrativo se le castigar\u00e1 con la pena de inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince a\u00f1os<\/strong>\".<\/em><\/p><\/blockquote>\n Por otra parte, pretender sancionar el ejercicio de un derecho fundamental con una ley ordinaria<\/strong> como la citada \"ley de memoria democr\u00e1tica\" es algo abiertamente inconstitucional, ya que para regular los derechos fundamentales y las libertades p\u00fablicas se requiere una ley org\u00e1nica<\/strong> (Art\u00edculo 81 de la Constituci\u00f3n).<\/p>\n As\u00ed mismo, sancionar una opini\u00f3n publicada en 2018 con una ley aprobada en 2022 ser\u00eda un atentado contra el Art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n<\/strong>, que establece \"la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales\"<\/em>. Dicho sea de paso, esa retroactividad que pretende imponer el gobierno de S\u00e1nchez recuerda peligrosamente a lo que hizo Franco con<\/strong> la \"ley de responsabilidades pol\u00edticas\" de 1939<\/a>, que impon\u00eda castigos contra hechos anteriores a la aprobaci\u00f3n de la ley y que hasta entonces no hab\u00edan sido objeto de sanci\u00f3n por las leyes vigentes.<\/p>\n Una ley totalitaria impuesta por quienes no condenan los cr\u00edmenes del comunismo<\/big><\/p>\n El a\u00f1o pasado ya advert\u00ed aqu\u00ed que la citada \"ley de memoria democr\u00e1tica\" es una ley totalitaria<\/a>, a pesar de su enga\u00f1oso nombre. Un enga\u00f1o que ya forma parte de la tradici\u00f3n de la izquierda, que tuvo la desfachatez de llamar \"Rep\u00fablica Democr\u00e1tica\" a una brutal dictadura comunista como fue Alemania Oriental. Recordemos que los autores de esa ley fueron los mismos que<\/strong> en 2021 se negaron a apoyar una condena institucional de los cr\u00edmenes del comunismo<\/a> y que votaron en contra de una condena europea de la represi\u00f3n en Cuba<\/a>, una dictadura comunista a la que los socios de S\u00e1nchez apoyan sin rodeos<\/a>. <\/p>\n Con esa ley, la izquierda espa\u00f1ola no buscaba consolidar una \"memoria democr\u00e1tica\": lo que pretend\u00eda era blanquear su pasado criminal, imponer su ideolog\u00eda<\/strong> y perseguir al que apoye a una dictadura, salvo que sea una dictadura comunista, claro. Esa ley es autoritaria e impropia de una democracia<\/strong>, como tambi\u00e9n lo es la actitud que vienen exhibiendo Pedro S\u00e1nchez y sus aliados desde que llegaron al poder.<\/p>\n ---<\/p>\n
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