Hay personas que creen que una democracia consiste simplemente en que la gente pueda votar cada cuatro a\u00f1os a sus representantes.<\/p>\n
Los signos de degradaci\u00f3n de una democracia<\/big><\/p>\n Obviamente, las elecciones libres son una caracter\u00edstica definitoria de la democracia, pero no la \u00fanica. Democracia es tambi\u00e9n el poder pol\u00edtico limitado, el respeto por los derechos fundamentales<\/strong> (especialmente los derechos de la minor\u00eda frente a la mayor\u00eda que sostiene al poder), la divisi\u00f3n de poderes, la seguridad jur\u00eddica y el derecho a la defensa<\/strong> ante sanciones impuestas por el poder pol\u00edtico, entre otros elementos.<\/p>\n Para conocer el nivel de degradaci\u00f3n de una democracia basta con revisar cu\u00e1ntas de esas caracter\u00edsticas est\u00e1n deterioradas<\/strong>, repasando, por ejemplo, si los l\u00edmites al ejercicio del poder pol\u00edtico son claros y efectivos, si la Justicia es realmente independiente, si se respetan los derechos fundamenrtales, si estamos amenazados por actuaciones arbitrarias y si tenemos un derecho real a defendernos frente a ellas<\/strong>.<\/p>\n En Espa\u00f1a se impusieron 1,2 millones de sanciones administrativas en 2023<\/big><\/p>\n Lamentablemente, en Espa\u00f1a hay indicadores alarmantes de que nuestra democracia est\u00e1 cada vez m\u00e1s degradada<\/strong>. El actual gobierno izquierdista de Pedro S\u00e1nchez ha deteriorado gravemente el Estado de Derecho con sus ataques a la Justicia<\/a>, sus medidas lesionando derechos fundamentales (como su \"plan mordaza\" contra los medios libres<\/a>, imitando medidas de la dictadura de Putin) y el colosal acto de corrupci\u00f3n de otorgar privilegios penales a sus aliados<\/a>. <\/p>\n Adem\u00e1s, hay un signo de deterioro democr\u00e1tico del que no se habla mucho en los medios pero que deber\u00eda ser motivo de alarma: la abundancia de sanciones administrativas que hay en Espa\u00f1a<\/strong>. Para hablar de este asunto, basta con repasar lo que dicen los profesionales de este \u00e1mbito. El bufete de abogados de Daniel \u00c1lvaro, en Madrid, se\u00f1ala al respecto<\/a>:<\/p>\n \"Las sanciones administrativas son muy frecuentes en Espa\u00f1a. Seg\u00fan los datos oficiales, en 2023 se interpusieron 1,2 millones de expedientes sancionadores<\/strong>, de los cuales el 60% fueron por infracciones leves. La multa media impuesta fue de 350 euros<\/strong>, lo que supone un importante impacto econ\u00f3mico para los infractores\".<\/em><\/p><\/blockquote>\n Una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en la que el gobierno es juez y acusador<\/big><\/p>\n Ese bufete recuerda que las sanciones administrativas son unilaterales, es decir, que se imponen por la Administraci\u00f3n P\u00fablica sin necesidad de intervenci\u00f3n judicial<\/strong>. Esto puede parecer un motivo de alivio para muchos espa\u00f1oles, ya que verse inmerso en un proceso judicial es una perspectiva muy desagradable para muchos, pero en un juicio tienes unas garant\u00edas de defensa que no existen en un proceso sancionador administrativo<\/strong>, en el que el gobierno es a la vez juez y acusador y no hay un abogado que te asista, a menos que decidas recurrir la sanci\u00f3n en un juzgado cosas que pocos hacen porque el coste del proceso judicial podr\u00eda ser mayor que el de la sanci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n En mayo, el bufete brit\u00e1nico Amsterdam & Partners denunci\u00f3 que la Agencia Tributaria espa\u00f1ola viola derechos fundamentales de los contribuyentes<\/a>, se\u00f1alando que \"las v\u00edctimas t\u00edpicamente se enfrentan a demandas fiscales inesperadas con sanciones sustanciales. Se les presiona para que paguen inmediatamente o acepten un acuerdo<\/strong>\"<\/em>. A finales de junio, ese bufete anunci\u00f3 una denuncia en la ONU y la OCDE<\/a> para pedir que sus pa\u00edses miembros no compartan informaci\u00f3n fiscal con Espa\u00f1a hasta que no se corrijan las vulneraciones al Estado de Derecho cometidas por Hacienda. Pero esto es s\u00f3lo la punta de un enorme iceberg.<\/strong><\/p>\n Un problema multiplicado por 17 en Espa\u00f1a<\/big><\/p>\n Debido al llamado Estado de las Autonom\u00edas, Espa\u00f1a est\u00e1 dividida en 17 estados de facto con una abundante diarrea legislativa<\/strong> que abarca todos los \u00e1mbitos posibles de la vida de los ciudadanos. As\u00ed pues, a las sanciones de Hacienda hay que a\u00f1adir las sanciones de los gobiernos auton\u00f3micos por los motivos m\u00e1s variados<\/strong>, muchas veces por cuestiones cuyo conocimiento no resulta f\u00e1cil para los ciudadanos, porque la ingente producci\u00f3n normativa hace que saber todas las cosas que son motivos de infracci\u00f3n sea una tarea imposible<\/strong>.<\/p>\n Esta situaci\u00f3n ya genera, de por s\u00ed, una gran indefensi\u00f3n entre los espa\u00f1oles<\/strong>, pero a eso hay que a\u00f1adirle otro factor m\u00e1s que tiene relaci\u00f3n con uno de los males m\u00e1s arraigados en la pol\u00edtica espa\u00f1ola: la corrupci\u00f3n, un problema que se extiende a distintos niveles de la administraci\u00f3n<\/strong>, pervirtiendo a menudo el sentido de las distintas normas vigentes y abriendo la puerta a venganzas personales o pol\u00edticas<\/strong>, de las que no es f\u00e1cil defenderse a menos que tengas un importante patrimonio personal o el respaldo de alguna organizaci\u00f3n relevante, dos elementos de los que muchos espa\u00f1oles carecen.<\/p>\n En 2022 se publicaron 1.329.865 p\u00e1ginas en los boletines oficiales de toda Espa\u00f1a<\/big><\/p>\n
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