<\/p>\n
Por \u00c1lvaro J. D\u00edaz-Mella<\/big><\/p>\n
La Declaraci\u00f3n \u00abGalicia\u00bb<\/a> ha abierto un debate casi desconocido sobre qui\u00e9n debe gestionar una parte muy importante de los fondos europeos:<\/strong> la Uni\u00f3n Europea, el Estado o las comunidades aut\u00f3nomas. Detr\u00e1s de esa discusi\u00f3n presupuestaria se esconde una cuesti\u00f3n mucho m\u00e1s profunda: el reparto efectivo de funciones entre los distintos niveles de gobierno<\/strong> y la forma en que se administrar\u00e1n miles de millones de euros de dinero p\u00fablico.<\/p>\n Hay documentos que ocupan titulares durante unos d\u00edas y desaparecen sin dejar rastro.<\/strong> Otros apenas trascienden fuera de los c\u00edrculos institucionales y, sin embargo, pueden terminar influyendo durante a\u00f1os en la forma en que se gobierna un pa\u00eds. La Declaraci\u00f3n \u00abGalicia\u00bb pertenece, probablemente, a esta segunda categor\u00eda.<\/p>\n Hasta hace poco yo mismo apenas hab\u00eda o\u00eddo hablar de ella.<\/strong> Sin embargo, cuanto m\u00e1s profundizaba en su contenido y en la documentaci\u00f3n que la acompa\u00f1a, m\u00e1s evidente resultaba que detr\u00e1s de aquellas pocas p\u00e1ginas se escond\u00eda uno de los debates institucionales m\u00e1s relevantes que afrontar\u00e1 Espa\u00f1a durante la pr\u00f3xima d\u00e9cada.<\/p>\n Aprobada por unanimidad por la Delegaci\u00f3n Espa\u00f1ola en el Comit\u00e9 Europeo de las Regiones, la Declaraci\u00f3n rechaza algunos de los cambios propuestos por la Comisi\u00f3n Europea para el pr\u00f3ximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034<\/strong>. El motivo principal es el temor a que una mayor concentraci\u00f3n de la gesti\u00f3n en los Estados miembros reduzca el protagonismo de las comunidades aut\u00f3nomas en la administraci\u00f3n de los fondos europeos.<\/p>\n Lo llamativo no es solo el contenido de la Declaraci\u00f3n, sino el escaso eco que ha tenido fuera de los \u00e1mbitos institucionales.<\/strong> Y resulta sorprendente, porque no estamos \u00fanicamente ante una discusi\u00f3n sobre fondos europeos. Lo que realmente plantea este documento es una cuesti\u00f3n mucho m\u00e1s profunda: si una reforma presupuestaria impulsada desde la Uni\u00f3n Europea puede alterar el reparto efectivo de funciones entre el Estado y las comunidades aut\u00f3nomas sin necesidad de modificar la Constituci\u00f3n.<\/p>\n Pero hay una pregunta que, a mi juicio, deber\u00eda preceder a todas las dem\u00e1s. Antes de discutir qui\u00e9n debe gestionar m\u00e1s fondos europeos, \u00bfno deber\u00edamos preguntarnos qui\u00e9n ha demostrado administrarlos mejor?<\/strong> Esa es la cuesti\u00f3n que realmente plantea la Declaraci\u00f3n \u00abGalicia\u00bb, aunque apenas aparezca formulada en esos t\u00e9rminos.<\/p>\n Puede parecer un asunto reservado a especialistas. No lo es.<\/strong><\/p>\n Lo que realmente est\u00e1 en juego no es solo la distribuci\u00f3n de unos fondos europeos<\/strong>, sino qui\u00e9n ejercer\u00e1 una parte importante del poder administrativo durante los pr\u00f3ximos siete a\u00f1os. En otras palabras, qui\u00e9n decidir\u00e1 c\u00f3mo se invierten miles de millones de euros de dinero p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n Existe, adem\u00e1s, una pregunta que apenas aparece en este debate: \u00bfqui\u00e9n paga todo esto?<\/strong><\/p>\n Con frecuencia hablamos del \u00abdinero de Bruselas\u00bb como si procediera de una fuente ajena a los ciudadanos.<\/strong> Pero el presupuesto de la Uni\u00f3n Europea se financia con recursos aportados por los Estados miembros y, en \u00faltimo t\u00e9rmino, por millones de contribuyentes europeos. Cuando discutimos qui\u00e9n debe gestionar esos fondos, tambi\u00e9n estamos decidiendo c\u00f3mo debe administrarse el dinero que pagan los ciudadanos.<\/p>\n La Comisi\u00f3n Europea sostiene que el sistema actual resulta excesivamente complejo y propone simplificar programas<\/strong>, reducir estructuras administrativas y articular un marco nacional para cada Estado miembro. Las comunidades aut\u00f3nomas responden que esa simplificaci\u00f3n puede alejar las decisiones del territorio y dificultar que las inversiones se adapten a las necesidades espec\u00edficas de cada regi\u00f3n.<\/p>\n Ambas posiciones contienen argumentos que merecen ser analizados. Pero la Declaraci\u00f3n deja sin responder una pregunta esencial.<\/strong><\/p>\n Espa\u00f1a lleva m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas desarrollando uno de los Estados m\u00e1s descentralizados de Europa.<\/strong> Ese modelo ha permitido adaptar muchas pol\u00edticas a la realidad de cada territorio, pero tambi\u00e9n ha ido consolidando diferencias entre espa\u00f1oles seg\u00fan la comunidad aut\u00f3noma en la que residen. La sanidad, la educaci\u00f3n, la fiscalidad, la vivienda, las ayudas p\u00fablicas o los procedimientos administrativos ya no ofrecen las mismas condiciones en todo el pa\u00eds. Algunas de esas diferencias responden al propio ejercicio del autogobierno; otras alimentan un debate cada vez m\u00e1s intenso sobre la igualdad entre los ciudadanos y la cohesi\u00f3n territorial<\/strong>.<\/p>\n Precisamente por eso sorprende que la Declaraci\u00f3n \u00abGalicia\u00bb centre casi todo su esfuerzo en preservar el actual reparto de competencias sin plantearse una cuesti\u00f3n previa.<\/strong> Si el propio modelo auton\u00f3mico sigue siendo objeto de debate por las diferencias que genera y por las dudas que suscita sobre su eficacia, \u00bfno deber\u00eda acompa\u00f1ar esa reivindicaci\u00f3n de una demostraci\u00f3n objetiva de que esas competencias se ejercen mejor?<\/p>\n Y aqu\u00ed aparece la gran paradoja de la Declaraci\u00f3n.<\/p>\n Sus firmantes defienden con raz\u00f3n el principio de subsidiariedad y la proximidad al territorio. Sin embargo, apenas dedican espacio a responder una cuesti\u00f3n previa: \u00bfqu\u00e9 balance ofrece la gesti\u00f3n auton\u00f3mica de los fondos europeos durante las \u00faltimas d\u00e9cadas?<\/strong> Antes de reclamar m\u00e1s capacidad de decisi\u00f3n, ser\u00eda razonable conocer si los fondos se han ejecutado con la rapidez prevista, si las cargas administrativas se han reducido, si los objetivos comprometidos se han alcanzado y qu\u00e9 revelan los informes de los \u00f3rganos de control sobre la eficacia de esa gesti\u00f3n.<\/p>\n Reclamar competencias es perfectamente leg\u00edtimo. Presuponer que se ejercen mejor sin demostrarlo ya resulta m\u00e1s discutible.<\/strong><\/p>\n Disponer de competencias no garantiza, por s\u00ed solo, una buena administraci\u00f3n.<\/strong> La experiencia demuestra que no es lo mismo comprometer fondos que ejecutarlos, pagarlos o certificarlos. Cada una de esas fases responde a una realidad distinta y confundirlas puede ofrecer una imagen equivocada de la eficacia de una administraci\u00f3n.<\/p>\n Aqu\u00ed conviene distinguir las responsabilidades. La Comisi\u00f3n Europea debe justificar que su reforma simplificar\u00e1 el sistema sin perjudicar la adaptaci\u00f3n territorial.<\/strong> El Estado debe demostrar que una mayor concentraci\u00f3n de la gesti\u00f3n ofrecer\u00e1 mejores resultados. Pero las comunidades aut\u00f3nomas parten de una situaci\u00f3n diferente: llevan d\u00e9cadas administrando una parte sustancial de estos recursos y, por tanto, disponen ya de una trayectoria de gesti\u00f3n que puede y debe ser evaluada. Precisamente por eso su carga de la prueba es mayor.<\/p>\n Por eso, el debate no deber\u00eda reducirse a decidir si los fondos los gestiona Bruselas, Madrid o las comunidades aut\u00f3nomas<\/strong>.<\/p>\n Sin embargo, la cuesti\u00f3n decisiva es otra.<\/p>\n \u00bfQui\u00e9n ha demostrado administrar mejor el dinero de los contribuyentes?<\/strong><\/p>\n Si Bruselas quiere simplificar, debe acreditar que esa simplificaci\u00f3n producir\u00e1 mejores resultados.<\/p>\n Si el Estado pretende concentrar m\u00e1s capacidad de decisi\u00f3n, debe demostrar que gestionar\u00e1 los recursos con mayor eficacia.<\/p>\n Y si las comunidades aut\u00f3nomas desean conservar o reforzar sus competencias, tambi\u00e9n deben probar que administran mejor los fondos que reciben.<\/p>\n Porque los ciudadanos no financian administraciones para que acumulen competencias.<\/strong><\/p>\n Las financian para que resuelvan problemas.<\/p>\n La Declaraci\u00f3n \u00abGalicia\u00bb ha abierto un debate que trasciende con mucho a Galicia. No trata \u00fanicamente de fondos europeos.<\/strong> Trata de qui\u00e9n debe ejercer el poder, con qu\u00e9 controles y con qu\u00e9 resultados.<\/p>\n Europa quiere simplificar. El Estado quiere concentrar capacidad de decisi\u00f3n. Las comunidades aut\u00f3nomas quieren conservarla.<\/p>\n Todos pueden tener razones para defender su posici\u00f3n.<\/p>\n Lo que ninguno deber\u00eda dar por supuesto es que la cercan\u00eda al poder equivale autom\u00e1ticamente a una mejor gesti\u00f3n.<\/strong><\/p>\n Qui\u00e9n decide.<\/p>\n Qui\u00e9n gestiona.<\/p>\n Qui\u00e9n responde.<\/p>\n Y qui\u00e9n lo paga.<\/p>\n Esa deber\u00eda ser la verdadera discusi\u00f3n.<\/p>\n Las competencias pueden reclamarse. La buena gesti\u00f3n debe demostrarse.<\/strong> Porque el poder no se justifica por qui\u00e9n lo ejerce, sino por c\u00f3mo lo ejerce.<\/p>\n
\n