La falta de escr\u00fapulos a la hora de violar la legalidad se ha convertido en una pr\u00e1ctica habitual del gobierno de Pedro S\u00e1nchez.<\/p>\n
El \u00faltimo ocurri\u00f3 este mismo martes 29 de septiembre. El Consejo de Ministros aprob\u00f3 dos reales decretos ley en materia de vivienda<\/a>. O al menos eso dijo oficialmente el sitio web del palacio de La Moncloa. A mediod\u00eda, la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodr\u00edguez Garc\u00eda, era incapaz de explicar los decretos<\/a>, reconociendo ante los periodistas que no ten\u00eda consigo la \u00faltima versi\u00f3n de los textos<\/strong>. Los socios parlamentarios del gobierno empezaban a impacientarse al no recibir la letra peque\u00f1a de lo acordado. Ya a las 22:00 horas Antena 3 se\u00f1alaba<\/a>: \"El Gobierno a\u00fan no ha redactado los decretos de vivienda aprobados y los socios est\u00e1n a la espera de recibirlos<\/strong>\".<\/em><\/p>\n Estamos ante una irregularidad m\u00e1s por parte de un gobierno que exhibe la odiosa costumbre de saltarse la ley. En este caso, el art\u00edculo 26 de la Ley 50\/1997 del Gobierno<\/a> indica el procedimiento para aproba un real decreto ley:<\/strong><\/p>\n 1. Su redacci\u00f3n estar\u00e1 precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes<\/strong> para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.<\/p>\n 2. Se sustanciar\u00e1 una consulta p\u00fablica, a trav\u00e9s del portal web del departamento competente, con car\u00e1cter previo a la elaboraci\u00f3n del texto<\/strong>, en la que se recabar\u00e1 opini\u00f3n de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones m\u00e1s representativas acerca de:<\/p>\n a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.<\/p>\n b) La necesidad y oportunidad de su aprobaci\u00f3n.<\/p>\n c) Los objetivos de la norma.<\/p>\n d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.<\/em><\/p><\/blockquote>\n La propia ley se\u00f1ala que el gobierno podr\u00e1 prescindir del tr\u00e1mite de consulta p\u00fablica<\/strong> en una serie de casos que, en realidad, dejan a su propia voluntad el saltarse ese paso, convirti\u00e9ndolo de hecho en algo excepcional cuando deber\u00eda ser lo normal. <\/p>\n A continuaci\u00f3n la ley exige que el centro directivo competente elabore \"con car\u00e1cter preceptivo una Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo\"<\/em><\/strong>, que valore, entre otras cosas, la \"oportunidad de la propuesta y alternativas de regulaci\u00f3n estudiadas, una justificaci\u00f3n de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulaci\u00f3n<\/strong>\"<\/em>, y un an\u00e1lisis jur\u00eddico, \"con referencia al Derecho nacional y de la Uni\u00f3n Europea, que incluir\u00e1 el listado pormenorizado de las normas que quedar\u00e1n derogadas<\/strong> como consecuencia de la entrada en vigor de la norma\".<\/em><\/p>\n La ley tambi\u00e9n se\u00f1ala que \"cuando la norma afecte a los derechos e intereses leg\u00edtimos de las personas, el centro directivo competente publicar\u00e1 el texto en el portal web correspondiente<\/strong>, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades\"<\/em>. Es otro requisito que los dos decretos aprobados ayer no han cumplido<\/strong>.<\/p>\n Pero lo que nos interesa en relaci\u00f3n a lo ocurrido ayer aparece en el punto 8 del citado art\u00edculo: \"Cumplidos los tr\u00e1mites anteriores, la propuesta se someter\u00e1 a la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevar\u00e1 al Consejo de Ministros para su aprobaci\u00f3n<\/strong>\"<\/em>.<\/p>\n Lo que vimos ayer fue una exhibici\u00f3n de improvisaci\u00f3n y de falta de respeto por la ley<\/strong>, elaborando un real decreto ley a toda prisa para contentar a la extrema izquierda, sin consultar a los colectivos afectados y salt\u00e1ndose los deberes legales del gobierno<\/strong> para finalmente afirmar que el Consejo de Ministros hab\u00eda aprobado esos dos decretos, cuando en realidad el gobierno aprob\u00f3 dos normas que ni siquiera estaban redactadas<\/strong>. Algo que es muy grave, ya que los textos aprobados por el Consejo de Ministros son los que deben ser publicados en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE). Esto es tan irregular como votar una ley en el Congreso y despu\u00e9s cambiar su contenido<\/strong>, sin que los diputados puedan valorar los cambios.<\/p>\n El gobierno de S\u00e1nchez se ha acostumbrado a tratar la legalidad vigente como si su cumplimiento fuese opcional<\/strong>, como si las normas creadas para impedir abusos de poder fuesen meros estorbos que el gobierno puede saltarse si le incomodan demasiado. Esto es un atentado contra el Estado de Derecho<\/strong>, y lo es, adem\u00e1s, para aprobar dos normas que seg\u00fan el gobierno reconoce en privado no solucionar\u00e1n nada ni siquiera a corto o medio plazo<\/a>, ya que el problema de la vivienda en Espa\u00f1a se debe principalmente a una falta de oferta, derivada de las innumerables trabas burocr\u00e1ticas que existen para su construcci\u00f3n. <\/p>\n Una situaci\u00f3n provocada por el propio gobierno<\/strong>, que ha generado un entorno regulatorio asfixiante, que impide responde a la amplia demanda de viviendas, incumpliendo adem\u00e1s la obligaci\u00f3n que el Art\u00edculo 47 de la Constituci\u00f3n marca a los poderes p\u00fablicos: regular \"la utilizaci\u00f3n del suelo de acuerdo con el inter\u00e9s general para impedir la especulaci\u00f3n\"<\/em>.<\/strong><\/p>\n ---<\/p>\n
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