Abucheada por defender las libertades en un Parlamento democrático

La intervención de Rosa Díez ayer en el Congreso de los Diputados podría haberse producido, casi sin cambios, en la cámara legislativa con la que la dictadura cubana, igual que en su momento lo hizo la dictadura franquista, se da una falsa imagen de representatividad. Pero no, esto no ha ocurrido en Cuba ni en la España de 1940, sino en la España de 2008: el Parlamento abucheó a una diputada por reivindicar un derecho tan elemental de todos los ciudadanos como es la libre elección del idioma.

Es ciertamente un signo de anormalidad democrática que haya regiones en España en las que se discrimina a muchos miles de ciudadanos españoles por el hecho de tener como lengua materna el castellano, que es la lengua oficial de la nación, tal y como lo recoge la Constitución. Pero si esto es anormal, lo que ya roza el delirio colectivo es que una diputada reciba un masivo abucheo en la cámara que nos representa a los ciudadanos precisamente por denunciar la vulneración de nuestros derechos. Esto es una vergüenza, amigos míos.

A nadie se le oculta que nuestra democracia deja mucho que desear.

La división de poderes es una pura ficción: empezó a demolerse en 1983, con la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el felipismo, y han acabado la demolición los gerifaltes del zapaterismo, hasta el extremo de hundir al Tribunal Constitucional en el mayor descrédito de toda su historia. La mediatización de la Justicia por el poder político hace que los abusos de los que mandan tengan como directo resultado la práctica indefensión del ciudadano, que a lo sumo tiene la suerte de topar con algún juez valiente que todavía se atreve a llevar la contraria al Gobierno, aunque eso le suponga campañas de descrédito en los medios afines al ejecutivo socialista.

Los diputados, a diferencia de otras democracias, no responden ante los ciudadanos a los que representan, sino ante partidos políticos que en algunos casos olvidan por completo la democracia interna a la que les obliga nuestra Carta Magna. Estos últimos años hemos vivido en directo, además, la firma, el desarrollo y la puesta en práctica de un pacto antidemocrático, el del Tinell, según el cual los ciudadanos que hemos votado a la oposición democrática somos algo así como apestados que no contamos para nada.

Las protestas cívicas en la calle, incluso las de un colectivo tan respetable como las víctimas del terrorismo, son contestadas desde el Gobierno a base de descalificaciones y mentiras. Y mientras se nos maltrata a los demócratas, a quienes pedimos que se respete la Constitución y que se respeten nuestros derechos y libertades, ese mismo Gobierno decide en futuro de nuestro país con quienes tienen como propósito inmediato la quiebra de nuestro marco de convivencia democrático y, por si esto no fuera bastante, la desmembración territorial de España, y no dudan en recurrir a los más sucios medios para conseguirlo.

Nuestro Gobierno, que se dice democrático, va de la mano con formaciones que lo mismo convocan actos para romper las páginas de la Constitución, cuyos afiliados envían balas sin percutir a un diputado de la oposición democrática, o que incluso impiden en un Parlamento regional que se condenen los crímenes del nazismo. ¿Sabrán esto en el extranjero? ¿Qué imagen está dando España con un Gobierno que confía nuestro porvenir a estos fanáticos del odio?

Y ahora, esto. ¿En qué país democrático cabe imaginar la escena de un Parlamento abucheando a una diputada por reivindicar los derechos más elementales, pisoteados por los mismos que lanzan esos abucheos con la inestimable ayuda del partido en el Gobierno?

En fin, soy de una generación que nació en democracia, que ha crecido en democracia y que quiere vivir en democracia, pero que está viendo a diario como se pisotean nuestras libertades sin que lo impidan quienes tienen la obligación de velar por el normal ejercicio de los derechos, o incluso contando con la ayuda de éstos en el empeño liberticida. Se está sometiendo a nuestro plueblo a una segunda transición de facto, pero ésta marcha atrás, esto es, de vuelta al recorte de libertades, de vuelta a la censura y al silenciamiento y el acoso contra los que discrepan del discurso oficial. Personalmente le agradezco a Rosa Díez la valentía que demostró ayer en el Parlamento, ahora bien: ¿es que sólo una diputada de 350 representantes va a salir a decir lo que pensamos y lo que queremos oír millones de españoles?