Guantánamo, los GAL y el liberalismo

Reconozco que me he quedado perplejo leyendo las afirmaciones que hizo Alfredo el viernes en relación con la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que anula la negación del “habeas corpus” a los terroristas presos en Guantánamo. Esto revoca una ley aprobada por el Congreso de los EEUU en 2006 que negaba a toda persona detenida por un delito de terrorismo sel derecho a revisar judicialmente su detención.

En su blog, Alfredo acusa al Tribunal Supremo de haber decidido “que terroristas extranjeros detenidos en el extranjero tienen los mismos derechos que un carterista detenido en un centro comercial.” Lo que más me ha impactado de su alegato, sin embargo, es la siguiente frase: “Lo más inteligente ahora será matarles directamente.” Y más adelante, añade: “Los terroristas tienen derechos, sí: tienen el derecho a dejarnos en paz ó morir.”

No entiendo cómo demonios se pueden encajar estas tremendas afirmaciones con los más elementales principios del liberalismo. En todo Estado de Derecho hay leyes que nos afectan a todos por igual: a los carteristas y también a los terroristas. Afirmar que el Estado de Derecho no sirve en la guerra contra el terrorismo, y que en este caso conviene saltarse las leyes, violar los más elementales procedimientos jurídicos y vulnerar toda garantía procesal, es una tentación que se nos presenta cada vez que se produce un atentado terrorista. Tentación en la que yo también he caído algún momento de gran enfado después de un atentado, algo de lo que me arrepiendo.

Y es que eso implica aceptar, sin más, que el terrorismo le ha ganado la partida a la democracia y lanzar la idea de que ésta no sirve en determinadas circunstancias. Esto significa, sin ir más lejos, aceptar que el Estado pueda pisotear los derechos más elementales de cualquier ciudadano ante la sospecha de que se trata de un terrorista, aunque finalmente se demuestre que es inocente, como ha ocurrido en muchos casos durante el mandato de George W. Bush.

En España tuvimos hace años un buen ejemplo de lo que implica el hecho de renunciar a los medios democráticos y legales para luchar contra el terrorismo. En la década de 1980, altos funcionarios del Ministerio del Interior dirigieron la práctica del terrorismo de Estado contra ETA, mediante otra banda terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Entre los 27 asesinatos perpetrados por este grupo, figuran los nombres de Christian Olaskoaga, Jean Pierre Leiba, Emile Weiss, Claude Doer, Dominique Labeyrie, Christophe Matxikote y Catherine Brion. También hirieron gravemente a Christian Casteigts, Robert Caplanne e incluso a una niña de tres años, Nagore Otegui. Además, tuvieron secuestrado durante nueve días a Segundo Marey. ¿Qué tienen en común todos estos nombres que acabo de citar? Pues que ninguno de ellos pertenecía a ETA ni a su entorno. Eran personas inocentes que sufrieron las consecuencias de un “error” fatal.

La lista de errores, sin embargo, no empieza ni termina con los nombres de esos seres humanos inocentes que fueron asesinados, heridos o secuestrados por una banda de terrorismo de Estado. El primer error fue la formación de dicha banda desde el poder. El error más elemental fue creer que la democracia es incapaz de vencer al terrorismo, y que es mejor buscar atajos fuera de la legalidad, combatiendo el crimen con el crimen. La mejor demostración de esto fueron, precisamente, los mandatos de José María Aznar, que consiguió poner a ETA contra las cuerdas por medios legales y democráticos.

Y ahora pongámonos en el planteamiento que propone Alfredo de la guerra contra el terrorismo: matar a todos los posibles terroristas sin juicio previo, o aplazar indefinidamente su detención, negándoles cualquier garantía procesal. ¿Qué pasa con los inocentes que queden atrapados en ese mecanismo? ¿Qué hacemos y qué les decimos a los ciudadanos que sean detenidos y sometidos a un procedimiento inhumano en aras de la seguridad? ¿Aceptas la tortura y el asesinato como medios legales en una democracia, Alfredo? Y si es así, ¿en qué queda el liberalismo que propones?

Y digo esto porque si el liberalismo es la defensa de la libertad frente a cualquier abuso estatal, si el liberalismo es el imperio de la ley como método más eficaz para proteger los derechos de los ciudadanos y prevenir cualquier exceso por parte del poder, ¿en qué queda el liberalismo si le quitamos lo uno y lo otro?

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