El gobierno catalán recurre a una denuncia falsa para criminalizar a defensores de la vida

Ciertos políticos cometen la infamia de llamar "derecho" al acto de matar a un ser humano inocente e indefenso: una mentira que ahora da lugar a otras.

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El mismo gobierno catalán que calla ante el acoso de los grupos separatistas

Ayer pudimos ver un nuevo ejemplo de esa mentira. El departamento de "igualdad y feminismos" del gobierno catalán publicó un comunicado afirmando que ha denunciado a una plataforma provida, sin citar su nombre, a la que acusa de "un delito de coacciones y acoso". Que el gobierno separatista de Cataluña acuse a alguien de coacciones y acoso es de un cinismo colosal, cuando precisamente esas conductas son precisamente las que vienen mostrando grupos separatistas desde hace años sin que la Generalidad haya dicho nada, simplemente porque las víctimas de esos comportamientos son aquellas personas que discrepan de las tesis del gobierno catalán.

La Generalidad identifica derechos constitucionales como delitos

En el citado comunicado he tratado de encontrar alguna muestra de lo que la Generalidad considea "coacciones y acoso" por parte de esa plataforma provida. La nota da un indicio cuando afirma sobre el aborto que "no permitiremos que los grupos fundamentalistas o de la extrema derecha lo pongan en cuestión". ¿Ah, no? Pues miren, señores aprendices de dictadores: yo soy ciudadano español y pongo en cuestión que esa salvajada sea un derecho. Y lo pongo por escrito para que conste. ¿Qué van a hacer? ¿Denunciarme por discrepar de la ideología abortista? Les recuerdo a esos fanáticos que el Artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Y a eso podemos añadir lo que dice el Artículo 16:

"Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Las acusaciones falsas del gobierno catalán contra 40 Días por la Vida

Dejando a un lado los juicios de intenciones que hace el gobierno catalán, el comunicado en cuestión acusa a los denunciados de "dirigir de forma reiterada mensajes verbales y visuales (a través pancartas), de carácter religioso y culpabilizador, a las mujeres que acceden a la Clínica, con la intención de disuadirlas de su decisión de ejercer el derecho de interrumpir el embarazo". Curiosamente, no pone ningún ejemplo de esos mensajes. Ni uno. Eso sí, a la hora de señalar quiénes son los denunciados, el comunicado afirma lo siguiente:

"La denuncia también abarca a todas las personas promotoras, impulsoras y participantes en los actos de la campaña activa que lleva el mismo nombre que la plataforma, y ​​que está convocada por el período que va del 18 de septiembre al 6 de noviembre".

Es decir, que acusan a cualquier persona que participe en esa campaña de "un delito de coacciones y acoso" sobre el que no ofrecen ni una sola prueba. Significativamente, las fechas que indica la Generalidad coinciden con las de la campaña de "40 Días por la Vida", una plataforma que en su web llama a la "oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios", unas actitudes que se enmarcan en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, según los artículos antes citados.

La Generalidad considera delito que se pueda escuchar a los provida

El comunicado de la Generalidad se habla de "diferentes visitas" a tres abortorios:

"En ellas, se detecta cómo en torno a los edificios hay personas con la camiseta de la campaña que, rodeadas de pancartas con mensajes antiabortistas, tienen la intención de coartar e influir en las mujeres que deciden abortar. Además, con las visitas se comprueba que esta presencia no puede obviarse cuando se quiere entrar en las clínicas, y resulta imposible no escuchar a las personas concentradas o mirar sus pancartas".

Y aquí se acaba el relato de los hechos que la Generalidad considera "un delito de coacciones y acoso". Pues bien: llevar camisetas con el logo de 40 Días por la Vida o mostrar pancartas de defensa por la vida NO es un delito. Tampoco es delito rezar ante un abortorio, ni corear lemas en defensa de la vida. En una democracia no existe un derecho a no escuchar opiniones que no sean del agrado de uno, y tampoco existe ningún derecho a no ver a alguien portando una camiseta con tal o cual logotipo. El gobierno catalán llama "coacciones y acoso" a hechos que no constituyen ni remotamente ninguno de esos tipos penales.

Lo que dice el Código Penal sobre la coacción y el acoso

Basta con observar lo que señala ese comunicado para concluir que los hechos descritos no se corresponden, ni por asomo, con las características de los tipos peales descritos en el Art. 172 del Código Penal (la violencia, en el caso de la coacción) y el Art. 172 ter (alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana mediante la vigilancia, la persecución, la búsqueda de la cercanía física, el intento de establecer a través de los medios, el uso indebido de datos personales, y los atentados contra la libertad y el patrimonio, en el caso del acoso).

Una plataforma provida que exige a sus voluntarios ser pacíficos y respetuosos

Las acusaciones falsas de la Generalidad hacia la plataforma provida concluyen con las siguientes afirmaciones: "la denuncia pone de relieve que la propia web de la plataforma incluye una guía y un conjunto de estrategias que orientan en cómo actuar en estas concentraciones, para evitar que se aplique la ley y que no se pueda considerar un delito". Esta afirmación es insólita, pues da a entender que los propios organizadores animar a mostrar conductas que no son delitos. Una visita a la web de la plataforma desvela el misterio: 40 Días por la Vida exige a sus voluntarios suscribir una "Declaración de paz" en la que se pueden leer cosas como éstas:

• "Solamente buscaré soluciones pacíficas a la violencia del aborto cuando esté de voluntario(a) en la campaña 40 Días por la Vida".
• "Mostraré compasión y reflejaré el amor de Cristo al personal de empleados, voluntarios y clientes del abortorio".
• "Entiendo que actuar de manera violenta o dañina me desasocia inmediata y completamente de la campaña 40 Días por la Vida".
• "No obstruiré las calles o la acera mientras esté de pie en el paso peatonal público".
• "No tiraré basura en la calle o en la acera".
• "No amenazaré, ni entraré en contacto físico, u ofenderé verbalmente a las personas que sean empleados, voluntarios o clientes del abortorio".
• "No dañaré de ninguna forma la propiedad privada".
• "Cooperaré con las autoridades locales de la ciudad en la que esté llevando a cabo la campaña".

Éstos son los pacíficos y respetuosos providas a los que la Generalidad presenta como "fundamentalistas" y "extrema derecha". En lo que respecta al civismo y al respecto por la ley, los voluntarios de esta plataforma le dan mil vueltas a un gobierno catalán que se jacta de desobedecer sentencias judiciales contra la exclusión el español en los colegios, y que está integrado por partidos que hace cinco años cometieron un grave delito de sedición en un intento de suspender la vigencia de la Constitución en Cataluña.

El gobierno catalán merece ser llevado a los tribunales por denuncia falsa

De lo que acabamos de ver, lo que sí podemos deducir es que la Generalidad está recurriendo a una denuncia falsa para criminalizar a una plataforma provida. Se trata de un delito tipificado por el Artículo 456 del Código Penal, que contempla diversas penas de multa e incluso de prisión, en función de la gravedad, para aquellos que "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación".

Espero que la plataforma 40 Días por la Vida se anime a denunciar al citado departamento de la Generalidad. Es muy grave que una administración pública mienta, pero lo que ya es intolerable es que además mienta para acusar falsamente de delitos a quienes no los han cometido.

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Foto: 40diesperlavida.