El artículo 92 del reglamento de la Guardia Civil y el escándalo de eximir a su dirección

La Guardia Civil es una de las instituciones más respetadas de España, una nación a la que viene sirviendo de una forma admirable.

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Este jueves, el juez Santiago Pedraz, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5 de la Audiencia Nacional, imputó a la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González Fernández, y a su director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas Fernández, por delitos de prevaricación, pertenencia o cooperación con organización criminal, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos.

Esas imputaciones judiciales son parte del proceso contra la trama socialista que buscaba "neutralizar" causas judiciales en "beneficio del PSOE y del entorno del presidente", Pedro Sánchez Castejón, que ahora mismo tiene a su esposa y a su hermano imputados por varios delitos. Estos hechos son de una extraordinaria gravedad y la decisión judicial conocida ayer debería haber implicado la suspensión inmediata de los imputados, para evitar ensuciar el buen nombre de una institución muy respetada por los españoles.

Sin embargo, aplicando el mismo método que a todos los demás escándalos de corrupción socialistas, Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han decidido mantener a los imputados en sus puestos, con lo cual van a dar lugar a una situación puramente grotesca dentro del instituto armado: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tendrá que investigar a sus dos mayores cargos directivos mientras sigue todavía a sus órdenes, con el lógico riesgo que supone de nuevas interferencias de los imputados en las investigaciones llevadas a cabo por sus subordinados.

En relación con estos hechos, hay que mencionar que la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece esto en su Artículo 92:

"El pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave.

El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones. El Ministro del Interior determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino".

Se da la circunstancia de que el actual DAO de la Guardia Civil aplicó ese artículo para suspender a miembros del instituto armado investigados por corrupción, pero ahora, en un escándalo para todos sus subordinados, tanto él como la directora general disfrutan de un trato de favor por parte del gobierno motivado por razones políticas.

Con esta vergonzosa decisión, Pedro Sánchez continúa degradando las instituciones públicas españolas, con el único propósito de resistir en el poder todo el tiempo posible (tal vez para evitar que él mismo acabe sentado ante un tribunal), provocando un cada vez mayor daño al Estado de Derecho y a su credibilidad ante la ciudadanía, que contempla esa doble vara de medir como la prueba más clara de la vulneración del Artículo 14 de la Constitución, que señala que todos somos iguales ante la ley. Una igualdad que el socialismo español está pisoteando de forma constante.