El Poder Judicial para los pies, una vez más, a un gobierno que actúa saltándose la Constitución y las leyes con fines cada vez más evidentes.
Hace tres meses, Isabel Durán denunció desde El Debate la llamada "Ley de Nietos" del gobierno de Pedro Sánchez, un burdo truco para utilizar la Ley de Memoria Democrática de 2022 para ampliar radicalmente el censo electoral hasta los descendientes de españoles que emigraron al extranjero en el siglo XIX. Para conseguirlo, el gobierno utilizó una mera instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esa instrucción ampliaba los efectos de la citada ley en contra de lo aprobado por el Congreso, una clara ilegalidad cuyo fin era aumentar considerablemente el censo electoral.
Hoy el Tribunal Supremo ha anunciado que estima las medidas cautelares solicitadas contra esa Ley de Nietos, suspendiendo las inscripciones irregulares basadas en la citada instrucción, según ha señalado Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, partido que solicitó esas medidas cautelares.
Esta decisión judicial es un duro revés para el gobierno de Pedro Sánchez, pues saca a la luz un maniobra opaca, hecha al margen de la ley y para alterar por la puerta de atrás lo establecido hace cuatro años por el Congreso. El texto de la medida cautelar aprobada por el Tribunal Supremo, difundida por Jorge Buxadé, vicepresidente de Vox, señala que quedan suspendidos los efectos electorales de las personas que obtuvieron la nacionalidad en virtud de la citada instrucción del gobierno, por lo que esas personas no podrán votar. Sí que podrán hacerlo quienes obtuvieron la nacionalidad conforme a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.
Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha declarado: "hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo". Vox no ha sido el único partido con representación en el Congreso que ha celebrado esta decisión judicial. El Partido Popular también ha señalado: "Lo dijimos, nos atacaron por ello y hoy se confirma". La pregunta obvia es: ¿por qué el PP no recurrió judicialmente esa instrucción, como hizo Vox?
Hay que recordar que el PSOE calificó las críticas a la Ley de Nietos como "teorías conspiranoicas", unas palabras pronunciadas por el ministro para la Transformación Digital, el socialista Óscar López, el 4 de julio. En el momento de publicar estas líneas, ni López ni ningún otro miembro del gobierno ha comentado nada sobre la decisión del Tribunal Supremo, que deja en evidencia las maniobras del gobierno para alterar ilegalmente el resultado de las próximas elecciones generales.
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Foto: Efe.
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Comentarios:
Julio Tuñón
Una gran noticia, una alegría, el Estado de Derecho funcionó.
0:12 | 9/09/26
isanchezgil
El Tribunal Supremo funciona, gracias a Dios.
6:59 | 10/09/26
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