El cambio del Código Penal que la izquierda hizo para legalizar sus coacciones en huelgas

Los sindicatos de izquierdas han convocado para este miércoles 11 de noviembre una huelga general con una clara finalidad política.

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Una jornada de coacción contra los españoles con derecho a votar

La Constitución Española protege el derecho de huelga en su Artículo 28. Lo que la Constitución no establece es que los sindicatos tengan derecho a coaccionar a los trabajadores que no apoyen sus huelgas, unas coacciones que vienen siendo lo habitual en las convocatorias de huelgas por parte de los sindicatos izquierdistas. De hecho, lo de hoy lo llaman "huelga general" pero en realidad es una jornada de coacción contra los españoles con derecho a votar, un descarado intento de amedrentar a todos los que no quieran apoyar a partidos de izquierdas, infundiendo miedo en los electores para que apuesten por un cambio político que ponga fin a un gobierno sumido en escándalos de corrupción y duramente cuestionado por su pésima gestión, que ya nos ha dejado 116 muertos en accidentes ferroviarios ya sólo este año.

La reforma del PSOE para legalizar las coacciones de los sindicatos

Para asegurar el éxito de huelgas como la de hoy, los sindicatos de izquierda (entre ellos los socialistas de UGT y los comunistas de CCOO) suelen desplegar lo que denominan "piquetes informativos", una expresión ciertamente cínica para cualquiera que haya sido testigo de su actividad en las últimas décadas: no son informativos, sino coactivos y violentos. No informan sobre sus derechos a los trabajadores (que incluyen el derecho a no hacer huelga si así lo desean). Su objetivo es obligar a los trabajadores a sumarse a la huelga, utilizando la amenaza y la violencia contra los que no quieran apoyarla. La mejor prueba de ello es un cambio legislativo promovido hace cinco años por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El 8 de septiembre de 2020, el partido de Pedro Sánchez presentó una iniciativa parlamentaria para derogar el punto 3 del articulo 315 del Código Penal. El punto en cuestión decía lo siguiente:

"Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".

Básicamente, suprimir este punto implicaba legalizar las coacciones de los sindicatos en caso de huelga. Esto fue propuesto por los mismos socialistas que un año después promovieron otra reforma para calificar como "coacción" las meras actividades informativas de grupos provida frente a centros de abortos, simplemente porque esas actividades no eran del gusto de la izquierda.

Una norma aprobada por la izquierda y que es propia de un régimen totalitario

La propuesta del PSOE para dar rienda suelta a la violencia de los sindicatos fue votada el 11 de marzo de 2011. Los resultados de la votación se pueden consultar pulsando aquí (PDF). La iniciativa fue aprobada con 190 votos a favor (los del PSOE y sus socios separatistas y de extrema izquierda), con el rechazo de 149 diputados: los del Partido Popular (PP), Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias. Una vez aprobada, la reforma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de abril de 2021, como Ley Orgánica 5/2021. Esa ley aún está en vigor y da rienda suelda a los matones de los sindicatos en la huelga general de hoy.

Desde ese día, el Código Penal castiga con prisión de hasta dos años a quienes impidan una huelga "mediante engaño o abuso de situación de necesidad", y con hasta tres años de prisión si eso se hace mediante la coacción, pero si los sindicatos utilizan la coacción para obligar a hacer huelga, esa conducta no tiene ningún reproche penal, simplemente porque la izquierda española, al igual que los nazis, apoya el llamado derecho penal de autor, en el que no se castiga o se exime de castigo a una conducta por el hecho en sí, sino por la condición o la ideología de su autor: una forma de legislar propia de regímenes totalitarios y que debería estar radicalmente desterrada en los países democráticos.

El 29 de noviembre tenemos una oportunidad para acabar con estos abusos

Obviamente, es una legislación puramente abusiva e injusta, con la que la izquierda se otorgó a sí misma el derecho a utilizar la violencia para obligar a los trabajadores a apoyar una huelga. Es un abuso que fue diseñado pensando en días como el de hoy. Esa reforma deja indefensas a las víctimas de la violencia ejercida por los sindicatos izquierdistas, que son los que sistemáticamente recurren a ese tipo de coacciones a la hora de convocar huelgas.

Si las elecciones generales del 29 de noviembre dan lugar a un cambio político en España, una posibilidad que apuntan todas las encuestas electorales mínimamente serias, normas aberrantes como ésa deberían ser derogadas de inmediato, por una cuestión de mera salud democrática. Un país civilizado no puede dar barra libre a nadie para ejercer la coacción, por mucho que la izquierda se crea con permiso para imponernos su voluntad por la fuerza a todos los españoles.

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Foto: @CCOOclm. Piquetes del sindicato comunista Comisiones Obreras cortando el tráfico en Guadalajara en las últimas horas del 10 de noviembre de 2026.