Padres contra hijos

Por Álvaro J. Díaz-Mella

En España hay desigualdades entre generaciones. Lo que mi padre pensaba de mí a los 22, y yo de él, no se parece a lo que yo pienso de mi hijo de 22, ni él de mí. Lo falso es convertir eso en una pelea entre padres e hijos.

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Todos, en algún momento, somos o seremos nietos, hijos, padres; algunos, abuelos. Antes de convertir eso en bandos, conviene recordar qué hacíamos nosotros a los 22 años y qué nos espera ahora a los 64. El hijo que hoy no puede irse de casa será, dentro de cuatro décadas, el padre al que señalen. No son dos ejércitos. Es la misma gente, en años distintos.

Se repite que los jóvenes viven peor porque los mayores vivieron mejor: compraron barato, ocuparon los puestos de trabajo y ahora cobran pensiones que pagarán los hijos. A los jóvenes se les retrata, en cambio, como una generación que no se esfuerza. Hay algo de verdad en ambos reproches. El problema empieza cuando eso se convierte en la explicación entera y dejamos de hablar de vivienda, empleo o pensiones para buscar culpables.

No es lo mismo cumplir 22 años en 1972, con el empleo industrial en expansión, que cumplirlos en 2012, después de la crisis financiera, o en 2022, con la vivienda disparada. Cada generación llegó a la vida adulta en un país distinto.

En los ochenta el mazo de cartas parecía más completo: había malas cartas, pero también más caminos para ganar una vivienda, un sueldo o un primer empleo que no fuera desesperante. Cada década ese mazo se ha ido quedando más corto. No hace falta contar las cartas una a una: muchos jóvenes de 22 años juegan hoy con menos naipes útiles, y uno de los pocos comodines disponibles suele ser la familia.

Tampoco basta con responsabilizar a las familias. La vivienda depende del suelo, las licencias, la fiscalidad, el crédito y la vivienda pública. El empleo depende de una economía que ha abusado de la temporalidad y ha creado demasiados puestos de baja productividad. El mercado genera riqueza, pero no asegura por sí solo un hogar ni un sueldo decente. El Estado puede corregir desequilibrios y también crear barreras si regula mal o utiliza la vivienda como arma política. La responsabilidad está en las reglas. Las fijan, en buena medida, los políticos de turno, no el apellido de quien nació antes.

La frontera más visible es la vivienda. Un joven puede tener más estudios que sus padres y necesitar muchos más años de renta para comprar. Puede tener un contrato indefinido y no poder pagar un alquiler en solitario. El Banco de España estima que, entre 1987 y 1999, el precio de una vivienda equivalía a unos 3,5 años de renta bruta del hogar. En 2008 llegó a 9,5 años. A finales de 2023, a 7,3 años. No es lo mismo que compararlo con el salario de una persona, pero el esfuerzo ha cambiado de escala.

En 2024, la edad media de salida del hogar familiar en España rondaba los 30 años. Muchos no se emancipan tarde por comodidad, sino porque no alcanzan a pagar el alquiler ni a reunir la entrada sin ayuda. Decir que «los padres compraron barato» tampoco cierra el asunto. Algunos compraron antes de la subida. Otros lo hicieron con tipos altos. Otros no compraron nunca. La ventaja dependió del año, de la ciudad, del empleo y de la familia de origen.

El trabajo cuenta otra parte. España llegó a registrar un paro juvenil superior al 50% después de 2008. Muchos millennials arrastraron temporalidad, sueldos bajos y poco ahorro. La Generación Z ha visto bajar la temporalidad formal. Eso no garantiza jornada completa ni salario suficiente. En 2024, alrededor del 35% de los ocupados con estudios superiores trabajaba por debajo de su cualificación, frente al 21,3% de media europea. Estudiar sigue sirviendo. Lo que falla es una economía que no crea bastantes puestos para tanta titulación. Culpar a los padres porque «ocupan los puestos» es más fácil que mirar esa estructura, construida durante años por decisiones políticas.

Con las pensiones ocurre algo parecido. No todos los jubilados cobran mucho. Hay quienes tienen la vivienda pagada y cierto patrimonio, pero también quienes perciben pensiones mínimas o de viudedad y siguen pagando un alquiler que apenas pueden asumir. El envejecimiento obliga a revisar la financiación del sistema. Presentar al pensionista como enemigo del trabajador no ayuda.

Muchos padres y abuelos sostienen a sus hijos: cuidan a los nietos, prestan un piso o pagan gastos. Esa solidaridad vale. También delata un vacío. La familia puede tapar una urgencia, pero no debería sustituir para siempre a la política pública.

El relato generacional cunde porque es simple. En lugar de preguntar por qué la vivienda ha subido más que los salarios, se señala al propietario. En lugar de discutir cómo crear empleo productivo, se señala al pensionista. Dentro de cada generación las diferencias son enormes: quien hereda un piso y quien no puede pagar una habitación; quien cobra una pensión holgada y quien apenas llega a fin de mes.

Dentro de cuatro décadas, mi hijo tendrá mi edad y alguien señalará su generación. Lo que encuentre no será una herencia de padres contra hijos: será el resultado de las decisiones que tomemos ahora. Los problemas son de todos. Resolverlos también.

Álvaro J. Díaz-Mella
Vigo, septiembre de 2026

Fuentes:

• Banco de España, Informe Anual 2023, esfuerzo de compra de vivienda.
• Eurostat, edad de emancipación y sobrecualificación, 2024.
• Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa.

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Imagen: Meta.ai.