La Administración también debería rendir cuentas

Por Álvaro J. Díaz-Mella

¿Qué ocurre cuando un ciudadano incumple una obligación frente a la Administración? La respuesta la conocemos todos. La pregunta de verdad es otra: qué ocurre cuando es la propia Administración la que incumple las suyas frente al ciudadano.

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Un español mantiene hoy una relación permanente con un número de administraciones públicas que hace unas décadas habría resultado difícil de imaginar. La Unión Europea aprueba normas que entran en el ordenamiento nacional. El Estado regula impuestos, Seguridad Social o Justicia. Las comunidades autónomas gestionan sanidad, educación o servicios sociales. Los ayuntamientos intervienen en urbanismo, movilidad, licencias o tributos locales. A eso se suman organismos reguladores, agencias, diputaciones y consorcios. Esa presencia constante arrastra una carga creciente de obligaciones: declaraciones, autorizaciones, inspecciones, tasas y procedimientos. En una sociedad compleja es lógico que existan reglas. Lo discutible es si ese aumento ha ido acompañado de una mejora equivalente en la eficacia administrativa y, sobre todo, de una responsabilidad efectiva cuando incumple quien manda.

Cuando un ciudadano presenta un documento fuera de plazo u omite un requisito, las consecuencias suelen ser inmediatas: pierde un derecho, recibe una sanción o tiene que iniciar un procedimiento para reparar el daño. Cuando es la Administración la que incumple un plazo legal, retrasa una resolución o deja sin contestación una solicitud, el ciudadano debe insistir, presentar nuevos escritos, interponer recursos o acudir a órganos de supervisión, mientras el procedimiento sigue su curso sin un coste equivalente para quien incumplió.

No son casos aislados. El Defensor del Pueblo registró cerca de 1.300 quejas individuales por retrasos en la valoración del grado de discapacidad durante 2025. La institución lo considera un problema estructural y, en la gran mayoría de los casos, la espera supera con creces el plazo legal de seis meses. En materia de transparencia, el 45,5 % de las reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 2025 tuvieron como causa el silencio administrativo de la Administración General del Estado. Ese porcentaje sube al 75,3 % en el ámbito autonómico y local. En extranjería, nacionalidad y otros procedimientos, el incumplimiento rutinario de los plazos del artículo 21 de la Ley 39/2015 es una experiencia extendida.

Estas dilaciones no responden a una sola causa. Pueden pesar la falta de personal y de medios, la complejidad normativa, prioridades políticas no declaradas o una organización interna deficiente. Agrupar a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos bajo un mismo diagnóstico oculta diferencias reales y dificulta las soluciones. Un retraso en un municipio pequeño no tiene las mismas raíces ni las mismas vías de corrección que uno en la Agencia Tributaria o en un servicio autonómico de dependencia.

Existen mecanismos formales. El silencio administrativo permite entender estimada o desestimada una solicitud, según la materia, y abre la vía de recurso. La responsabilidad patrimonial ofrece, en teoría, una indemnización por funcionamiento anormal. Los recursos contencioso-administrativos, la responsabilidad disciplinaria y el control político completan el cuadro. El problema no es que falten instrumentos, sino su eficacia práctica. Activarlos suele ser lento, costoso para el interesado y poco disuasorio para quien incumple. La reclamación patrimonial exige probar daño, nexo causal y antijuridicidad, y su tramitación puede alargarse años. El silencio, en tantos casos que importan, no cierra el asunto: obliga a pelear.

Las resoluciones del Consejo de Transparencia pueden ser impugnadas judicialmente por los organismos afectados, y el propio Consejo mantiene un registro de los recursos promovidos contra ellas por ministerios, organismos públicos, empresas públicas y particulares. Cuando una Administración recurre una resolución del organismo creado para garantizar el derecho de acceso a la información, el ciudadano queda atrapado entre instituciones públicas y el coste de defender ese derecho vuelve a recaer, de forma desproporcionada, sobre él.

No se trata de cuestionar la existencia de una Administración capaz. Una sociedad avanzada necesita instituciones que garanticen derechos, presten servicios y hagan cumplir la legalidad. Precisamente por eso, cuanto mayor es su capacidad para imponer obligaciones, recaudar impuestos o ejercer potestad sancionadora, mayor debería ser su deber de responder cuando no actúa conforme a la ley. Detrás de cada norma, de cada presupuesto y de cada prioridad hay responsables políticos que administran recursos procedentes del esfuerzo de los contribuyentes. La responsabilidad política no puede limitarse a inaugurar proyectos. También debe alcanzar a los retrasos, a las ineficiencias y a los resultados de la gestión.

Corregir este desequilibrio exige más que denuncias. Haría falta fijar plazos realistas, acompañados de consecuencias automáticas o de fácil activación para el ciudadano. Publicar indicadores de cumplimiento de plazos por organismo. Diseñar incentivos claros para los gestores públicos, y también costes, vinculados al cumplimiento efectivo. Agilizar la compensación cuando el retraso es injustificado.

La calidad de una democracia no depende solo de la cantidad de normas que aprueba ni del tamaño de su aparato administrativo. Depende, sobre todo, de que las reglas se apliquen con el mismo rigor a todos y de que el poder esté sometido a mecanismos efectivos de control y responsabilidad. Exigir cuentas al ciudadano es compatible con exigirlas a quienes ejercen el poder. De hecho, una cosa carece de legitimidad sin la otra.

Álvaro J. Díaz-Mella
Vigo, septiembre de 2026

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Imagen: Meta.ai.