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La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) fue uno de los mayores atropellos cometidos por un gobierno democrático contra la libertad de expresión y de información en Internet. En 2002, el socialista Rubalcaba, entonces en la oposición, criticó por "ambigüo" el concepto de "autoridad competente" al que se atribuía el poder de cerrar cautelarmente una página web, algo que recogía la LSSI tal como fue aprobada por el Consejo de Ministros, aunque posteriormente fue modificada para limitar esa atribución a los jueces, debido a la gran presión de los internautas. Rubalcaba criticó entonces el "intervencionismo gubernamental" (paradójico, ¿no?) y tildó a la LSSI de "ley de censura del ciberespacio".

Cuatro años después, me entero de que el Gobierno de Zapatero prepara una nueva Ley -igual o peor que la LSSI- con la cual una autoridad administrativa podrá cerrar o bloquear una web. El PSOE se propone aprobar lo que hace cuatro años el PP retiró a causa de la presión social. Hace ya tiempo que tengo claro que Rubalcaba es un mentiroso patológico, pero me pregunto, como se lo pregunta Daniel Rodríguez Herrera, dónde están los que hace cuatro años protestaban -con razón- contra la LSSI. A lo mejor el problema no era la censura en sí, sino el color del censurador.

De momento, ya han protestado la Asociación de Internautas -que advierte que "el proyecto de ley socialista entra en el terreno de la Inquisición"- y la Asociación de Usuarios de Internet, habitualmente próxima a los socialistas, que ha dado la voz de alarma señalando que esta nueva ley "puede provocar la censura y el veto para acceder a contenidos tal y como está sucediendo en países como China". Y esto se suponía que era el Gobierno de los derechos, de las libertades y del talante... manda carallo.