El Parlamento de Galicia excluye a la lengua española en su felicitación navideña de 2020

Galicia es una comunidad bilingüe cuyas lenguas oficiales son el español y el gallego. Sin embargo, algunas instituciones gallegas parecen no aceptarlo.

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Postal navideña sólo en gallego y traducción automática en la web para el español

El Parlamento de Galicia ha publicado hoy la felicitación navideña de su presidente, Miguel Ángel Santalices (del Partido Popular). La felicitación sólo está en gallego. Al pulsar la versión en español de la web, la postal sigue apareciendo exclusivamente en gallego, al tiempo que un aviso en el sitio nos informa de lo siguiente: "La versión en castellano es una traducción automática". Y al ser así, no se traducen imágenes como esta postal navideña.

Se da la paradoja de que hace poco se estrenó la nueva web del Congreso de los Diputados con versiones en catalán, gallego y vascuence, a pesar de que el Parlamento español es una institución nacional y, por tanto, sólo debería estar obligada a utilizar el idioma español. Sin embargo, el Parlamento autonómico de una comunidad con dos lenguas oficiales publica sus contenidos en gallego y simplemente los traduce automáticamente al español, otorgándole a nuestra lengua nacional un papel secundario en Galicia.

Una exclusión sistemática del español que incumple la jurisprudencia del TC

Como me conozco el argumento que usan algunos, no se trata de que algunos gallegos no entendamos nuestra lengua regional. De hecho, y por poner un ejemplo, los DNIs expedidos en Galicia incluyen desde hace décadas todos sus textos en español y en gallego: ¿se hace así, acaso, porque los gallegohablantes no entienden los textos en español? De lo que se trata es de que en una comunidad bilingüe se supone que los hablantes de las dos lenguas tenemos los mismos derechos y no debemos ser discriminados por las instituciones públicas.

Pero a la hora de la verdad, en Galicia se concede preferencia al gallego frente al español, inclumpliento así la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que señaló que no es admisible que sólo la lengua regional sea "de uso normal y preferente del poder público, siquiera sea sólo del poder público autonómico", advirtiendo que las administraciones públicas en comunidades bilingües "no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales".