La prioridad nacional, las moscas y la máquina de demolición socialista

Estos días me estoy acordando mucho de un poema de Félix María de Samaniego (1745-1801) cuya segunda parte suele ser muy olvidada.

El socialismo y su tendencia a convertir en un lujo cosas que antes eran muy normales
El resto de la sociedad debería alarmarse cuando un político habla mal de 'los ricos'

El poema se titula "Las Moscas" y dice lo siguiente:

A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron
que, por golosas, murieron,
presas de patas en él.

Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.

Así, si bien se examina,
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.

Nunca me imaginé que este poema describiría un momento de la actualidad política de mi país, España, pero a fin de cuentas Samaniego señalaba los perniciosos efectos de los vicios, y de éstos nuestra sociedad está llena y, al igual que ella, también nuestra clase política.

Hace diez días, el Partido Popular y Vox sellaron un acuerdo de gobierno en Extremadura (ver PDF). En este acuerdo, Vox logró introducir un concepto llamado "prioridad nacional" que ya había plasmado en el punto 10 de su programa electoral para esa comunidad en diciembre de 2025. El acuerdo del gobierno de Extremadura ha plasmado esta exigencia de Vox en su página 18:

"El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Las respuestas de la izquierda a esta cuestión han sido muy críticas. Este viernes, Pedro Sánchez afirmaba que eso de la prioridad nacional "viola" la Constitución, una queja cargada de cinismo de un presidente del gobierno que está incumpliendo su deber constitucional de presentar unos presupuestos. Sánchez también afirmaba que eso crearía "ciudadanos de primera y de segunda clase", que es exactamente lo que ha hecho él con sus pactos con el separatismo catalán, por ejemplo, privilegiando a unas regiones españolas sobre otras.

En el periodismo izquierdista, las reacciones han sido parecidas. Por ejemplo, ayer Julia Otero decía que la prioridad nacional es "racismo", olvidando que entre los millones de ciudadanos que tenemos la nacionalidad española hay gente de distintas razas. En un editorial publicado el jueves, el diario socialista El País calificaba la prioridad nacional como "una línea roja" (ese tipo de líneas que Sánchez salta sin que sus medios afines emitan ni una leve queja) calificándolo de "retórica radical". Es el mismo periódico que bendijo la amnistía de Sánchez a sus socios separatistas, que otorgó privilegios penales a unos españoles frente a otros simplemente porque Sánchez necesitaba los votos de los privilegiados para su reelección.

Como suele ocurrir, la histeria de la izquierda ha acabado contagiando al Partido Popular (PP), que unos días después de pactar con Vox la prioridad nacional en Extremadura, votó contra ella en el Congreso. Desde las propias filas del PP, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno han criticado ese concepto de prioridad nacional, en el caso de Ayuso calificándolo de "ilegal" y en el caso de Moreno diciendo que "está muy alejado de la propia realidad".

En Vox deben sentirse felices con todo esto, porque están viendo como las moscas de otros partidos se quedan presas en ese panal de miel en el que se ha convertido el debate sobre la prioridad nacional. Un debate en el que algunos han hecho objeciones puramente absurdas, con las que demuestran que ni siquiera se han leído lo que dice la Constitución Española, cuyo capítulo primero empieza haciendo distinciones obvias entre los españoles y los extranjeros. El capítulo segundo arranca con el Artículo 14, cuya redacción empieza: "Los españoles son iguales ante la ley". Los españoles, no los extranjeros.

En todo país hay obviamente ciudadanos de primera (los nacionales) y de segunda (los extranjeros), otorgando a los primeros unos determinados derechos vinculados a su nacionalidad. La abogada Lupe Sánchez lo recordó muy bien en un completo hilo de Twitter publicado este viernes, que señala: "La Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecen tres categorías de derechos según si su titular es nacional o extranjero". Es pasmoso ver como las moscas del PSOE y del PP han caído absurdamente en un debate que parte, simplemente, de poner un nombre (prioridad nacional) a lo obvio, a lo que las propias leyes españolas señalan.

Así pues, Vox ha obtenido una gran ventaja política con este debate, en el que las fronteras entre la izquierda y la derecha se desdibujan. No olvidemos que el tema de la inmigración ilegal está atrayendo a muchos votantes de izquierdas a Vox, ya que mucha gente con escasos recursos y que antes votaba a los socialistas ahora se encuentra con barrios deteriorados por la inseguridad y servicios públicos colapsados por culpa de una política migratoria irresponsable.

Lo que está ocurriendo en España era algo previsible, pues ya se ha visto en otros países: la incompatibilidad entre el llamado estado del bienestar y la política de fronteras abiertas, un tipo de política que, de hecho, viene a ser lo mismo que crear una ley de extranjería, no hacer que se cumpla, dejar entrar en un país a cientos de miles de inmigrantes ilegales y después regularizarlos.

Pero el poema de Samaniego no acaba con las moscas que se quedan atrapadas en un panal de rica miel, que es lo que el PSOE, el PP y sus medios afines han hecho con el debate de la prioridad nacional. También habla de una mosca que entierra su golosina en un pastel. El poeta español parecía insinuar que esta mosca era más prudente que las demás, pero no es así: está escondiendo ese vicio que la dominia dentro de otro vicio aún mayor y de donde le será difícil recuperarlo.

La propuesta de prioridad nacional aprovecha el caos generado por del modelo socialdemócrata, restando votos a los mismos socialistas que impulsaron ese modelo. Esto, teóricamente, es lo que más debería quitar el sueño a la izquierda, pero no debemos olvidar que la máquina de demolición socialista sigue en marcha. El quid de la cuestión es una economía destrozada por un sistema que con la excusa de redistribuir nuestra riqueza está esquilmando a cada vez más gente, tanto españoles como extranjeros que residen legalmente en España y que llevan años contribuyendo a nuestro país con sus impuestos. Un sistema que ya era insostenible antes de soportar una afluencia masiva de extranjeros, por elementales cuestiones demográficas.

En septiembre de 2015, en un artículo publicado en este blog, Francisco José Contreras señaló el origen del problema: "A partir de los 70, sin embargo, el constante crecimiento del Estado comenzó a asfixiar la productividad y el dinamismo. El invierno demográfico en que se hunde Occidente a partir de los 70 agrava la situación: un porcentaje cada vez más reducido de jóvenes productivos se ve obligado a sostener a una masa creciente de jubilados. Y, además, Europa tiene ahora que rivalizar con países emergentes cada vez más competitivos, y menos lastrados por el gasto social. Pero los europeos actuales han crecido bajo el Estado del Bienestar socialdemócrata, y rehúsan ponerlo en cuestión".

Contreras añadía que en estas circunstancias "los electorados se niegan a asumir las reformas y recortes ya ineludibles. De ahí el rebrote de radicalismos de derecha, izquierda y nacionalistas en los últimos seis o siete años. Todos comparten la fe en alguna solución mágica que salvará al Estado del Bienestar. Para la nueva derecha euroescéptica de los países del norte de Europa (también el Front National francés o el UKIP británico), la panacea consistiría en restringir la inmigración y liberarse del peso muerto de los manirrotos países mediterráneos, abandonando el euro y/o la UE como proyecto político (o bien refundarían una mini-UE de ámbito solo centro-norte-europeo)".

En marzo de 2015 señalé aquí que el estado del bienestar surgió como una forma pactada de evitar las tensiones políticas y garantizar la estabilidad económica e institucional en los países democráticos. Dicho consenso sería, inicialmente, el fruto de la renuncia de cierta izquierda al cuestionamiento del capitalismo, y la renuncia de cierta derecha a defender con firmeza el derecho de propiedad y la libertad económica. Surgió así un consenso socialdemócrata en el que la intervención estatal en la economía ha generado el caldo de cultivo ideal para la corrupción, lo que ha conducido a un enorme desgaste de las instituciones, que redunda en un creciente desprestigio de la democracia y en un auge de los extremismos antidemocráticos (basta con ver la cantidad de admiradores que tienen tiranos como Putin o los ayatolas iraníes en Occidente). Un problema que irá a peor, porque su causa es un sistema que ya casi nadie se atreve a cuestionar.

Hoy ya somos muy pocos los que seguimos señalando que el problema tiene su origen en un "estado de bienestar" que sólo se sostiene gracias a un auténtico saqueo fiscal. Hoy el liberalismo se ha convertido en una cosa de "boomers", según dicen ahora algunos "genios" dentro de la derecha que creen que todo esto se arreglará señalando a cada vez más chivos expiatorios (algunos ya señalan a todos los inmigrantes, otros a todos los extranjeros y los hay que incluso ponen en su diana a los españoles con algún progenitor nacido en otro país). Es la misma táctica de la izquierda contra los ricos, los hombres y las familias con hijos, familias a las que medios izquierdistas vienen culpando del cambio climático bajo la creencia de que hay demasiada gente. Entre tanto, la Argentina de Milei prospera aplicando recetas liberales, ésas que provocan mofas ya no sólo en la izquierda, sino también en una parte de la derecha.

En Europa, el "estado del bienestar" se ha convertido en un agujero negro del que ya no se escapa casi nadie, ni siquiera muchos que dicen oponerse a la izquierda. Al final, ya sea en un panal de miel o en un pastel, todas las moscas acaban yendo a su perdición.

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Foto: Aditya Shetty.