Galicia, ese lugar donde ahora te miran la lengua antes que mirarte a los ojos

Por Álvaro J. Díaz-Mella

Hay una escena que muchos gallegos reconocerán. Un padre pide un café en castellano, el camarero responde en gallego, el hijo cambia de idioma con naturalidad mientras mira TikTok en inglés y, mientras tanto, algún iluminado de despacho, eso sí con un gran sueldo público, sigue redactando informes sobre el “conflicto lingüístico gallego” como si hablar castellano en Galicia fuese un acto de traición.

Galicia fue bilingüe antes de que existieran las subvenciones para imponerlo. Los que ya peinamos canas recordamos una Galicia bastante distinta. El gallego convivía con el castellano con una naturalidad casi biológica. Había barrios más castellanohablantes, aldeas donde el gallego era dominante y familias que mezclaban todo sin necesidad de observatorios lingüísticos ni campañas institucionales que nadie pidió y todos pagamos. Nadie examinaba el ADN identitario de la gente según el idioma en que pedía la leche. Ahora, en cambio, ocurre con cierta frecuencia.

Pocas cosas han hecho más daño a Galicia que convertir una realidad espontánea en batalla ideológica permanente. El llamado “bilingüismo cordial” degeneró en un sumidero insaciable de recursos públicos, sin dar solución a un problema que nunca existió.

Lo más revelador de todo esto es el poso psicológico que ha dejado en la sociedad gallega. Hay gallegos cuya lengua materna siempre fue el castellano, que viven y se relacionan en castellano, y que aun así se ponen a la defensiva en cuanto alguien cuestiona el chiringuito o el despilfarro que lo sostiene. Han interiorizado tan profundamente que criticar la política lingüística equivale a atacar a Galicia, que acaban defendiendo un proyecto que ni practican ni les afecta. El que critica acaba siendo el mal gallego. El que aplaude sin practicarlo, el buen gallego.

La Ley de Normalización Lingüística de 1983 fue el punto de partida de una industria: crear un conflicto de difícil solución para dotarlo de financiación pública indefinida y repartir el negocio entre el entramado empresarial y cultural afín al poder autonómico de turno. Cuatro décadas después, el gallego, como lengua, sigue retrocediendo, pero el negocio sigue en pie. Eso no es un fracaso. Es exactamente como fue diseñado desde el principio. Y lo más triste es que quienes gestionan todo este tinglado, los que firman los decretos, administran las subvenciones y pronuncian los discursos en gallego normalizado y oficial, probablemente hablan castellano en la intimidad. Impostores con sueldo público.

Las lenguas no sobreviven por decreto, sino por utilidad, prestigio y afecto. Cuando una lengua empieza a percibirse como obligación burocrática, el efecto en muchos jóvenes suele ser el contrario al pretendido. Y sin embargo, la Xunta lleva años impulsando la campaña “21 días con el gallego”, pidiendo a alumnos desde educación infantil hasta secundaria que no usen el español ni en el colegio ni en casa durante tres semanas. A los que hablaban gallego se les felicitaba; a los que hablaban español se les cuestionaba, pidiéndoles que reflexionaran sobre si era su familia la causa o si simplemente no eran capaces. Aplicar esa técnica a niños de tres o cuatro años, que aún están aprendiendo a hablar, cuestionando el idioma en que reciben afecto en su propia familia, es perverso. Y el resultado se ve en la calle: familias buscando centros más flexibles, estudiantes que asocian el gallego con exámenes y presión, y una creciente desconexión entre la lengua que promocionan las instituciones y la que se escucha en la calle.

Y mientras la lengua gallega pierde presencia entre los jóvenes, parte del aparato autonómico sigue concentrado en batallas más simbólicas que urgentes. El caso de La Cañiza, rebautizada oficialmente pese al uso histórico del nombre castellano, resume bien esa deriva. El Premio de Poesía Ciudad de Orense, financiado con dinero del Ayuntamiento, solo admite obras en gallego o en portugués, excluyendo el castellano por bases. Cuando una institución pública discrimina a sus ciudadanos según el idioma en que escriben, ya no estamos hablando de proteger una lengua, sino de castigar a quienes usan otra.

Hay otro asunto que conviene nombrar. Ciertos sectores del nacionalismo lingüístico, incapaces de aceptar que su ingeniería social no ha funcionado, han optado por deformar la gramática del gallego para acercarlo artificialmente al portugués, con Lisboa como referencia y Coimbra como modelo. El gallego de toda la vida no les basta; necesitan uno construido en un despacho que el ciudadano corriente no reconoce ni habla. El resultado es que muchos terminan percibiendo el gallego como marca ideológica de la izquierda más casposa, con sus correspondientes tentáculos políticos, universitarios y mediáticos. Se ha intentado salvar la lengua convirtiéndola en trinchera, y las trincheras son lugares muy incómodos para vivir.

En 2026, muchos adolescentes gallegos viven lingüísticamente mucho más cerca de las plataformas globales que de cualquier relato identitario clásico. La lengua gallega no retrocede porque alguien la persiga, retrocede por una sociedad más conectada al mundo exterior y porque cada vez menos jóvenes la encuentran útil o atractiva. Esa es una amenaza mucho más seria que cualquier boletín oficial, y casi nadie quiere admitirlo públicamente.

La lengua gallega no se va a salvar en un congreso ni en un decreto. Se salvará el día que un crío de doce años la use porque le dé la gana. Pero ese día todavía no ha llegado.

Álvaro J. Díaz-Mella, mayo de 2026.

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Álvaro J. Díaz-Mella es un vigués felizmente prejubilado que ya peina canas y tiene demasiadas opiniones sobre lo que ve de nuestra sociedad imperfecta.

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Imagen: OpenArt.