Las cifras del fraude electoral socialista que el Tribunal Supremo ya ha confirmado

Muchos españoles están preocupados por la posibilidad de que el socialismo acabe convirtiendo a España en una copia de Venezuela.

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En el país sudamericano, Hugo Chávez utilizó fraudes electorales para perpetuarse en el poder e instaurar una dictadura. En España el socialismo lleva exactamente el mismo derrotero. Recordemos que hace diez años Pedro Sánchez ya intentó amañar las elecciones primarias en su partido para hacerse con la secretaría general del PSOE, provocando una rebelión interna. Ahora Sánchez intenta hacer lo mismo con las elecciones en España.

Hace cuatro meses, Isabel Durán sacó a la luz en El Debate el fraude de la llamada "Ley de Nietos". El gobierno de Sánchez estaba violando su propia "ley de memoria democrática", aprobada en 2022 y que otorgaba la nacionalidad española a aquellos extranjeros que acreditasen ser descendientes de españoles que se vieron obligados a exiliarse durante el franquismo. El gobierno ha estado cometiendo un fraude de ley que consistía en calificar como exiliados a todos los españoles que emigraron desde el siglo XIX, como reveló El Debate en 8 de junio.

El 8 de septiembre, después de que Vox solicitase medidas cautelares para impedir ese fraude electoral, el Tribunal Supremo suspendió las inscripciones irregulares basadas en la instrucción con la que el gobierno tergiversó la citada ley. Era un freno a un fraude electoral que ya estaba plenamente en marcha y que tenía como fin engordar las urnas en las próximas elecciones con votos de extranjeros que nunca han pisado España y que no son descendientes de exiliados.

En total hay 163.020 expedientes de concesión de nacionalidad bloqueados por la suspensión cautelar aprobada por el Tribunal Supremo hace un mes y medio. Ayer se conocieron las cifras del fraude electoral con toda claridad: de 31.390 expedientes ya revisados, sólo 91 (un 0,28%) había acreditado ser descendientes de exiliados. Así pues, en su intento de llenar las urnas de votos irregulares -lo mismo que ya había hecho en las elecciones primarias del PSOE en 2016-, Sánchez ha estado regalando la nacionalidad de forma ilegal a decenas de miles de extranjeros para intentar ganar las próximas elecciones generales. Recordemos que su partido perdió las últimas elecciones y tuvo que hacer infames concesiones a sus socios separatistas para que apoyasen su reelección, entre ellas la concesión de una amnistía a los autores del golpe separatista de 2018 en Cataluña, amnistía que el gobierno de Sánchez había rechazado hasta entonces por no tener encaje en la Constitución.

Estamos ante la más burda y escandalosa de las trampas que Sánchez viene cometiendo desde que llegó al poder en 2018. En estos ocho años ha demostrado ser un político sin escrúpulos, que miente sin pestañear y de forma sistemática, que nunca condena las agresiones contra sus rivales y que está dispuesto a todo con tal de aferrarse al poder. Los datos revelados por el Tribunal Supremo no deberían quedarse en una mera revisión del censo electoral para limpiarlo de las concesiones ilegales de nacionalidad hechas por el gobierno. Sánchez y sus ministros deben rendir cuentas ante la Justicia por este asalto a nuestra democracia para convertir a España en una copia de la dictadura venezolana. Unos hechos tan graves no pueden quedar impunes.

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Foto: PSOE.