El silencio del CGPJ frente a los ataques del gobierno contra el Tribunal Supremo

Hoy se cumple una semana desde que el Tribunal Supremo anunció la condena del Fiscal General del Estado.

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Álvaro García Ortiz ha logrado algo sin precedentes: la primera vez que un Fiscal General del Estado era condenado por un delito, concretamente por revelar secretos en el marco de una campaña del gobierno contra una rival política. La sentencia del Tribunal Supremo demuestra que la ley existe para todos, también para los poderosos. En este sentido, ese tribunal nos ha devuelto a muchos españoles la esperanza en nuestro Estado de Derecho.

Esa sentencia ha recibido una respuesta intolerable en una democracia. El gobierno, sus aliados y todos sus medios afines llevan una semana lanzando graves calumnias contra el Tribunal Supremo, hasta acusándoles de "golpismo", utilizando para ello incluso un medio público, RTVE, pagado por todos los contribuyentes pero que actúa como un órgano de propaganda de los socialistas. Lo que la izquierda está haciendo en España es un grave ataque contra la independencia judicial y una clara violación del derecho al honor de los magistrados que forman parte de ese tribunal, incluso está utilizando las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer esos ataques.

Ante esos ataques, que demuestran una vez más que España tiene una izquierda que no acepta las normas democráticas (porque esas normas valen para todos, e incluyen las sentencias judiciales emitidas por los juzgados y tribunales), es especialmente pasmoso el silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces en España. En una semana no ha emitido ni la más leve queja contra la peor campaña de calumnias que ha sufrido el Poder Judicial en décadas, una campaña alentada desde el propio gobierno de Pedro Sánchez.

El sitio web del CGPJ afirma lo siguiente: "El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos".

Llevamos una semana asistiendo a un intento de deslegitimar a un tribunal por dictar una sentencia que no es del agrado del gobierno, simplemente porque esa sentencia ha dejado al descubierto una ruin operación política en la que el Fiscal General tuvo un papel destacado. Y frente a eso, el CGPJ se calla, como si ese grave ataque a la Justicia no le afectase, como si ése no fuese su problema.

Dezconozco cómo acabará esto, pero cuando un gobierno ataca la independencia judicial como lo está haciendo el gobierno de Sánchez, recurriendo a todos sus medios para intentar deslegitimar y amedrentar a jueces y magistrados, lo que hace en realidad es un ataque a la democracia, concretamente a uno de sus pilares, que es la separación de poderes. Ningún demócrata debería ser cómplice de algo así ni por activa (con su participación en esa campaña de acoso a la Justicia) ni por pasiva (guardando silencio ante ello).

El CGPJ debe reaccionar ya ante esa ofensiva antidemocrática, y si no lo hace estará traicionando su deber y dejando a los pies de los caballos otros jueces y magistrados, porque lo que estamos viendo no es sólo un ataque a unos jueces por dictar una sentencia que no agrada al gobierno, sino también un intento de atemorizar a todos los jueces de España para que no se atrevan a incomodar a la izquierda. Eso sí que se parece mucho a un golpe a la democracia, y no el mero hecho de condenar al culpable de un delito, sea quien sea.

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Foto: Consejo General del Poder Judicial.