El fiscal general del Estado, condenado: Sánchez queda aún más en entredicho

Este jueves, pasadas las 14:00 horas CET, el Tribunal Supremo ha anunciado una sentencia condenatoria para Álvaro García Ortiz.

El Tribunal Supremo implica a La Moncloa en un delito castigado con hasta 4 años de prisión
El gobierno usa un bulo para defender al Fiscal General del Estado tras su imputación

En su comunicado, el Tribunal Supremo anuncia que "condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos a pena de multa y 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado". La sentencia ha sido aprobada con el apoyo de cinco de los siete miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El castigo consiste en una "multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales".

Es la primera vez que un fiscal general del Estado en activo es condenado por un delito. Aunque la condena no es todo lo dura que podría haber sido (el delito de revelación de secretos está condenado con hasta cuatro años de prisión en el Código Penal), esta decisión del Tribunal Supremo deja al gobierno de Pedro Sánchez en entredicho por su apoyo a García Ortiz y sus presiones y ataques a los jueces.

Recordemos que hace sólo 12 días, en una entrevista publicada por el diario El País, Sánchez afirmó que el fiscal general "es inocente". Así mismo, el 19 de diciembre de 2024, tergiversando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Sánchez había preguntado: "¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación".

Lo que hoy ha quedado patente es que el gobierno defendió al autor de un grave delito y lo ha hecho recurriendo a bulos y utilizando medios públicos pagados por todos los contribuyentes, como RTVE. Recordemos, además, que en enero se supo que el juez instrucción implicó al gobierno en la filtración de esos datos reservados. A fin de cuentas, todo este asunto tiene su origen en un intento de utilizar información reservada para atacar a una rival política, Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), por presuntos hechos cometidos por su novio y que no han sido aún objeto de ninguna condena judicial.

Así pues, lo que esta sentencia constanta es el uso mafioso del poder por parte de este gobierno, a cuyas órdenes está el fiscal general, que ha actuado hasta ahora con una bochornosa obediencia a las consignas del gabinete de Pedro Sánchez. La coalición de socialistas y comunistas que gobierna España ha hecho un inmenso daño al Estado de Derecho, actuando de una forma propia de regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, pero finalmente la Justicia ha resistido las intolerables presiones de un gobierno sumido en la corrupción.

Hoy es, sin duda, un día de celebración para los demócratas. El Estado de Derecho ha ganado esta batalla contra un gobierno que pretende imponer su voluntad sin ningún límite, reventando los contrapesos democráticos y sometiendo a los jueces a su control. Sin embargo, aún quedan más batallas por ganar. La más importante será la que sirva para echar a Sánchez del poder, para hacerle pagar por todo lo que ha hecho y para desmontar el régimen de corrupción que ha instaurado.

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Foto: La Moncloa. Una reunión del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 4 de septiembre de 2024.