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Esta tarde se cumple un mes de la tragedia ferroviaria de Adamuz, un descarrilamiento de dos trenes que se saldó con 46 muertos.
Me gustaría decir que este mes ha servido de algo en lo que respecta a depurar responsabilidades sobre lo ocurrido y evitar que se repita, pero no es así. En este mes ha quedado claro que el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, mintió cuando afirmó que el tramo del accidente había sido completamente renovado, y también mintió al tachar de "bulos" noticias ciertas que exponían la carencias del mantenimiento de las vías, que son responsabilidad del gobierno por medio de una empresa pública, ADIF.
Este accidente ha servido, además, para dejar en evidencia la degradación de las infraestructuras españolas por la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez, un hecho que viene siendo denunciado por profesionales ferroviarios y expertos sin que el gobierno haya hecho absolutamente nada por reconocer la situación ni corregirla. Ayer conocíamos que lejos de mejorar la situación, tras el accidente de Adamuz los retrasos ya afectan al 80% de los trenes de alta velocidad de Renfe, otra empresa pública dependiente del gobierno, debido a la situación de las vías.
En vez de resolver estos problemas, el gobierno ha centrado sus esfuerzos en tapar su responsabilidad en este grave accidente, estableciendo una vez más como prioridad su propia supervivencia política y no el bienestar de los ciudadanos, en medio de una situación que ha mermado considerablemente la confianza de los usuarios de las redes ferroviarias españolas, algo que no parece preocupar en absoluto a un gobierno que ahora dedica su tiempo a amenazar con la censura a los usuarios de redes sociales tras la ola de críticas al gobierno por este accidente. Una respuesta propia de un régimen autoritario.
La guinda de esta exhibición de desvergüenza la vimos hace una semana con la indecente comparecencia de Sánchez en el Congreso para hablar de este accidente, en la que además de mentir con absoluto descaro (una vez más), zanjó el asunto atacando a la oposición y a medios de comunicación. Al final, como ya ocurrió antes con el retraso en enviar ayuda a las riadas de Valencia en 2024 o con el apagón nacional de 2025, el gobierno de Sánchez nunca se considera responsable de nada de lo que hace y siempre zanja todos los problemas que crea amenazando a quienes tienen el deber de fiscalizar la acción del gobierno en una democracia: la oposición política, los jueces y los medios.
Este mes ha servido para que Sánchez humille a las víctimas del accidente y se ría de todos los españoles, dejándonos claro que su forma de gobernar consiste en subirnos los impuestos hasta llegar a récords de recaudación, para obtener a cambio unos servicios públicos cada vez más deteriorados, mientras el gobierno se ve cercado por constantes escándalos de corrupción que sirven para revelar a dónde va el dinero que debería haberse usado para cosas tan necesarias como el mantenimiento de la vía. La conclusión que podemos sacar de este mes es que la corrupción mata y este gobierno tiene las manos manchadas con la sangre de 46 españoles fallecidos hace un mes en una tragedia que pudo haberse evitado si Sánchez y sus ministros hiciesen bien su trabajo en vez de dedicarse al autobombo y la propaganda.
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Foto: Efe.
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