En medio de una ola de escándalos de corrupción, el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados comunistas optan por el autoritarismo.
Este miércoles, Enrique Santiago, diputado de Sumar y secretario general del Partido Comunista de España (PCE, al que pertenecen las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego) exigió al poder judicial perseguir penalmente los insultos al gobierno, afirmando: "No se puede estar permanentemente tildando de criminales y ladrones a personas que representan a todo el país y que desempeñan tareas en altas instituciones del Estado con un Poder Judicial absolutamente pasivo ante esos ataques y que se rasga las vestiduras, confundiendo la incidencia en el Poder Judicial con la mera crítica propia de una democracia".
El dirigente comunista demuestra tener un concepto muy asimétrico de la libertad de expresión. Ahora exige perseguir los insultos al gobierno, pero el año pasado Enrique Santiago acusó a la Iglesia Católica de apoyar a la "derecha golpista y antidemocrática" simplemente porque un obispo pidió un adelanto electoral o una moción de censura, una petición totalmente respetable y que entra por completo en el marco del derecho constitucional a la libertad de expresión.
Hay que señalar que el Código Penal español castiga las calumnias, injurias y amenazas graves al Gobierno de la Nación en su Artículo 504. Es un artículo que nunca se ha aplicado para perseguir las críticas a un gobierno, ni siquiera los insultos. El dirigente comunista parece tener muy mala memoria al respecto, porque en septiembre de 2021 Enrique Santiago defendió la derogación de ese Artículo en el Congreso de los Diputados, junto con otros artículos del Código Penal (como los que castigan los ultrajes a España o el ensalzamiento del terrorismo) por consideralo contrario a la libertad de expresión.
El sitio web de Izquierda Unida, una marca electoral utilizada por el PCE desde 1986, recoge esta referencia a las palabras de Enrique Santiago en aquel debate:
Al delito de injurias a instituciones del Estado (artículo 504 del Código Penal) apenas le dedicó tiempo, porque “salvo alguna excepción, nunca se ha aplicado, porque las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestos a la crítica de la ciudadanía. Es ineficaz por inaplicable y hay que conjurar el riesgo de que a alguna mente se le ocurra aplicarlo”.
Irónicamente, el mismo que alertó del riesgo de que "a alguna mente se le ocurra aplicarlo" es el que exige ahora utilzizarlo para perseguir las críticas e insultos al gobierno. En 2021 a Enrique de Santiago parecía no importarle ese tipo de conductas porque ese artículo penal también castiga las calumnias, injurias y amenazas graves al Poder Judicial.
Por otra parte, el mismo dirigente comunista que ahora exige perseguir los insultos al gobierno también reclamó en aquel debate legalizar las calumnias e injurias al Rey y los ultrajes a España, afirmando que ese tipo penal se estaba utilizando "para reprimir la libertad de expresión y la crítica contra los símbolos".
Si nos atenemos a las palabras pronunciadas ayer por el dirigente comunista, por lo visto, en España lo único que debe tener una protección legal contra los insultos es el gobierno, precisamente cuando éste está viéndose sumido en una ola de casos de corrupción y abusos de poder. ¿Tal vez Enrique Santiago pretende convertir España en algo parecido a su admirada dictadura comunista cubana?
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Foto: PCE.
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