Una etarra, privilegiada en una España con casi 2 millones de sentencias no ejecutadas

La rápida ejecución de la polémica sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot -en apenas 24 horas ya estaba libre la sanguinaria etarra Inés del Río- no sólo contrasta con la negativa del Reino Unido e Italia a ejecutar sendas sentencias de ese Tribunal (en el primer caso beneficiaba a presos peligrosos y en el segundo cercenaba la libertad religiosa). Y es que en España hace falta un número de siete cifras para contar las sentencias no ejecutadas.

Firma: Sr. Rajoy: diga SÍ a la doctrina Parot
El caso Kafkaris: el Tribunal de Estrasburgo traiciona su propia doctrina contra España

1.991.290 sentencias pendientes de ejecución en España a finales de 2012

Un documento oficial titulado "Resoluciones Congreso de los Diputados respecto de la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2011" (ver PDF), incluida en la Memoria anual 2013 del CGPJ, apunta: "El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a analizar las razones por las cuales existe un volumen de sentencias no ejecutadas que superan los dos millones en los distintos órdenes de la jurisdicción." La citada memoria en su apartado 12, Panorámica de la Justicia, revela el dato de ejecutorias en trámite al final del año 2012: 1.991.290 sentencias pendientes de cumplirse. Casi tantas como el año anterior.

Sentencias que no se cumplen porque a los políticos no les da la gana

Una cifra tan elevada incluye sentencias de todo tipo. Quiero recordar aquí algunas sentencias que no se han cumplido porque, simple y llanamente, al poder político no le ha dado la gana:

Sentencia del 'Antenicidio'. El 9 de junio de 2000 el Tribunal Supremo anuló la concentración de la Cadena Ser, Antena 3 Radio y Unión Radio, conocida en los medios como el "antenicidio" al suponer la desaparición de Antena 3 Radio. El gobierno de Aznar no movió ni un dedo por ejecutar la sentencia. El de Zapatero tampoco. Además el gobierno del PSOE aprobó una reforma legal para impedir la ejecución de la sentencia, adaptando la ley a las necesidades del Grupo PRISA a costa de lesionar el pluralismo informativo.

Sentencia del Estatuto de Cataluña de 2006. El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 31/2010 declarando inconstitucionales ciertas expresiones y puntos del texto estatutario. En julio de 2010 el entonces presidente catalán, el socialista José Montilla, encabezó una manifestación contra la sentencia, marcha que -para colmo- fue apoyada por Batasuna. Tres años después la Generalidad mantiene en su web el texto original del Estatuto sin haber suprimido las partes declaradas inconstitucionales por el TC.

Sentencias contra la inmersión en catalán. En estos últimos años la imposición del catalán como única lengua de escolarización en Cataluña ha sido declarada inconstitucional e ilegal por una sentencia del Tribunal Constitucional, cinco del Tribunal Supremo y varias sentencias y autos del Tribunal de Justicia de Cataluña, que obligan a la Generalidad a devolver al español su carácter vehícular en la eñsenanza catalana. El gobierno catalán no sólo se ha negado a ejecutar las sentencias: la Consejería de Enseñanza de Cataluña incluso ha dado orden a los centros docentes de que las incumplan.

Sentencias urbanísticas. Muchas ciudades españolas acumulan una larga lista de órdenes judiciales de derribo de viviendas ilegales, sin que los ayuntamientos que las autorizaron las ejecuten para no tener que pagar indemnizaciones que, en total, resultarían multimillonarias. En el caso de Vigo, con órdenes judiciales de derribo de 2.000 viviendas sin cumplir, el ayuntamiento encabezado por el socialista Abel Caballero se dedica a legalizar lo que los tribunales han declarado ilegal a fin de no cumplir las órdenes de derribo. Otro alcalde socialista, el de Orense, tuvo que ser multado el año pasado por negarse a ejecutar una orden judicial de derribo pendiente desde 1992.

Prisas para una etarra, pero no para los ciudadanos honrados

Así que si tus derechos se ven lesionados por partes del Estatuto catalán que ya no deberían estar en vigor, pero que le Generalidad mantiene en su web; si tu derecho a elegir la lengua de escolarización de tus hijos se ve conculcado porque el gobierno catalán se niega a cumplir un buen número de sentencias firmes; o si un vecino ha construido una obra ilegal ante tu casa, con una licencia indebida del ayuntamiento, y éste pasa olímpicamente de ejecutarla, entonces te tienes que fastidiar. Eso sí: una asesina sanguinaria condenada a más de 3.000 años de cárcel sale deprisa y corriendo sin cumplir siquiera 21, sin que la Audiencia Nacional haya esperado a recibir la notificación oficial de la sentencia, una sentencia que, en términos muy similares, el Reino Unido se negó a cumplir -sin que pasase nada- para no dar satisfacción a los más peligrosos criminales. Curiosamente, muchos que aplauden que el gobierno catalán se salte sentencias lesionando derechos de los ciudadanos -de españoles que no han matado a nadie, pero que cometen el grave "delito" de querer que sus hijos estudien en español en España-, ahora invocan los "derechos humanos" para justificar que una asesina no cumpla ni la centésima parte de su condena. Y aún tienen el tremendo cuajo de hablarnos del Estado de Derecho.