Ya hay españoles que valen más que otros

Aunque José Bono diga lo contrario, España hoy está plagada de españoles que valen más que otros compatriotas suyos, o al menos ése es el mensaje que nos lanza a diario el Gobierno de Zapatero con su actuación política.

Sin ir más lejos, haber nacido en Madrid, Valencia o Murcia implica para los naturales de esas regiones ser marginados por el Gobierno socialista por el simple hecho de haber votado masivamente al PP. Este hecho, que ya provocó indignación en el último reparto -injusto y clientelista- de los presupuestos del Estado, se ha hecho todavía más evidente con el caso del trasvase del Ebro a Barcelona, cuatro años después de que Zapatero se negase en redondo a hacer un trasvase similar al Levante, tal como lo contemplaba el Plan Hidrológico Nacional.

Pero el problema del agua no es el único en el que podemos constatar que el socialismo ha dividido a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda. En determinados ámbitos, como el de la lengua, las diferencias se han hecho tan abismales que ya resultan insalvables para la gran mayoría de la población.

Así, y en base a las normas discriminatorias aprobadas por el PSOE junto a sus socios nacionalistas, un andaluz o un extremeño ya no pueden optar a una plaza en una administración pública en Galicia o en Cataluña. Por el contrario, gallegos y catalanes -y que nadie vea fobia territorial alguna en esta denuncia, pues quien la escribe es un gallego- podemos optar a plazas como ésa tanto en nuestras regiones como en las demás.

Gallegos y catalanes pagamos la factura del fanatismo nacionalista, sin embargo, con la completa pérdida de nuestros derechos lingüísticos. Siendo como somos ciudadanos españoles, los gallegos y catalanas castellanohablantes ya no tenemos derecho a conseguir una plaza escolar para escolarizar a nuestros hijos en su lengua materna. Tampoco tenemos a nuestra disposición impresos públicos en castellano, a menos que nos metamos en el farragoso proceso administrativo de solicitar uno, enfrentándonos a toda una maquinaria burocrática empeñados en hacernos hablar la lengua que dictan los nacionalistas. El absurdo es tal que la señalización vial sólo se hace en una lengua: el catalán en Cataluña o el gallego en Galicia. Una excelente forma de discriminar a los gallegos y catalanes castellanohablantes y de espantar sin más al turismo nacional.

La enseñanza no sólo se ha convertido en un ámbito de discriminación en materia lingüística. La progresiva transferencia de las competencias educativas del Estado a las comunidades autónomas han creado, de hecho, diecisiete sistemas educativos distintos, en los que cada gobierno regional actúa a su antojo. Así, un niño del País Vasco aprenderá la geografía e historia de su región (y seguramente la de Navarra e Iparralde, objetivos a conquistar por el nacionalismo) pero se le negará el acceso a esos conocimientos en el ámbito de la Nación española. Casos así se repiten por doquier en otras regiones.

En Cataluña, tras la aprobación del nuevo Estatuto que instaura un régimen de intervencionismo brutal en el Principado, los ciudadanos ya no tienen opción de recurrir como última instancia judicial al Tribunal Supremo, viéndose así desprovisto de un mecanismo de amparo de sus derechos del que sí disfrutamos el resto de los españoles.

En fin, casos como éstos se repiten una y otra vez en diversos ámbitos y comunidades. De ahí que resulten una burla a los españoles las declaraciones del nuevo presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Bono, afirmando que "no ha nacido el español que valga más que otro". Tanta mendacidad empieza a ofender.