El ariete de El País contra los corruptos: un exjuez condenado por prevaricación

Hoy el diario socialista publica una columna de opinión que me deja estupefacto por su contenido y por su firma. Su autor acusa a los españoles que "en forma silente, y por tanto cómplice, asisten a la escenificación de la caída de los valores, la justificación de la mentira, la negación de la honestidad política y la desaparición de la decencia en el quehacer público en España". El que habla desde esa pretendida superioridad moral no es otro que Baltasar Garzón.

Siete surrealistas argumentos tuiteros en defensa de Garzón
14 datos contradictorios de los actores políticos y mediáticos del caso Bárcenas

Condenado en firme por los delitos de prevaricación y escuchas ilegales

No, no has leído mal: El País usa como ariete contra los corruptos a un individuo condenado en firme a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez por haber cometido un delito de prevaricación concurrente con un delito de escuchas ilegales. Puedes leer aquí la sentencia completa dictada por el Tribunal Supremo en febrero del año pasado. Sentencia dictada, por cierto, de forma unánime por los siete magistrados que juzgaron el caso. Por si alguien no lo sabe, el Artículo 446 del Código Penal por el que fue condenado a Garzón define la prevaricación como dictar a sabiendas una sentencia injusta. Un abuso de poder puro y duro.

Un exjuez prevaricador pontificando sobre el Estado de Derecho

A pesar de haber sido condenado por cometer ese delito, Garzón aún se atreve a pontificar sobre el Estado de Derecho con afirmaciones como ésta: "La apelación al Estado de derecho es baldía cuando, previamente, se quebranta el mismo (cobro de sobresueldos, ocultación de cantidades al fisco, financiación ilegal de un partido político, aprovechamiento del cargo para percibir comisiones). ¿De qué Estado de derecho hablan?" Podría añadir que el Estado de Derecho también "se vulnera cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo." Esto último no lo dice Garzón, claro está, sino la sentencia del Supremo que le condenó.

El descrédito del gobierno y la escasa autoridad moral de Garzón

Ciertamente el gobierno tiene un serio problema con el caso Bárcenas. La semana pasada ya señalé aquí de qué forma han mentido algunos dirigentes del PP y del gobierno de Rajoy en cuestiones relacionadas con dicho caso, como la amnistía fiscal de 2012. La propia pérdida de credibilidad del PP al traicionar o posponer indefinidamente sus compromisos electorales hace que resulte muy difícil creer sus explicaciones en relación con este escándalo. Ahora bien: una cosa es que el gobierno esté muy tocado, y otra muy distinta es que su descrédito otorgue cierta autoridad moral a quien ya ha sido condenado por abusar de su autoridad. Precisamente la gran diferencia entre el caso Bárcenas y el caso de Garzón es que contra éste ya existe una sentencia firme, mientras que la posible financiación irregular del PP aún está pendiente de una sentencia judicial que depure responsabilidades.

Garzón acusa al TC: tira la piedra y esconde la mano

Por otra parte, en su columna de hoy en El País y después de señalar los delitos antes mencionados ("cobro de sobresueldos, ocultación de cantidades al fisco, financiación ilegal de un partido político, aprovechamiento del cargo para percibir comisiones"), el exjuez señala al gobierno y también al Tribunal Constitucional: "Quienes así se comportan, máxime si están en lo más alto de la Administración o de la justicia constitucional, no merecen la confianza de los ciudadanos". Obvia decir que si Garzón tiene pruebas de que algún miembro del TC haya cometido los delitos que señala, su deber es presentarlas ante un juzgado, señalando con nombre y apellidos al autor o autores del supuesto delito. Hay que decir que en este momento no hay ninguna causa abierta por los delitos citados contra ningún miembro del TC.

Garzón señala la paja en el ojo ajeno

Por lo demás, es el colmo que Garzón diga en su artículo que los corruptos "son el principal peligro para la subsistencia del sistema democrático al haber quebrantado, sin complejos, y, aun peor, justificándolo, el juramento de entrega al servicio público y la defensa de los principios constitucionales que les obligan". Ciertamente, los políticos corruptos son un peligro para la democracia, tanto como los jueces prevaricadores. De hecho, ¿esa traición a su deber y a los principios constitucionales -y más exactamente a los recogidos en el Art. 24 de nuestra Carta Magna- no es exactamente lo que hizo Garzón cuando cometió los delitos por los que fue condenado? ¿Cómo tiene la cara de acusar a otros de ser un peligro para la democracia nada menos que un juez condenado por dictar -a sabiendas- una resolución injusta?