Así es como El País miente a sus lectores sobre las propuestas de Vox: incluso inventa alguna

El periódico del Grupo PRISA lleva décadas demostrando su capacidad para retorcer los hechos para ajustarlos a las tesis de la izquierda, pero ahora está batiendo todas las marcas de manipulación.

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Ayudar a las embarazadas es una "extravagancia" según el diario progre

Anoche El País publicó una noticia sobre las propuestas presentadas ayer por Vox al PP para negociar un acuerdo en Andalucía. El diario socialista lo titula así: "El PIN Parental, la reconquista y otras extravagancias de las propuestas de Vox para Andalucía". Entre otras cosas, El País considera "extravagancias" que Vox proponga ayudas a las mujeres embarazadas para que no se vean presionadas a abortar, una medida que el diario progre tacha de "guiño a su electorado católico". ¿Acaso El País cree que sólo las católicas tienen hijos? En fin, nada nuevo. El aborto es, desde hace muchos años, un tema que provoca que El País pierda el sentido del ricículo.

El País se inventa que Vox pide una "educación católica"

En su comentario sobre el PIN parental que el partido liberal-conservador propone en materia educativa, El País oculta que Vox apela a un derecho constitucional, y titula así su propuesta: "Educación católica". Para desgracia de El País, estamos en la era de Internet y hoy en día es más fácil que nunca verificar una noticia. Un simple repaso al documento original (ver PDF) basta para comprobar que en él no se pide una "educación católica" ni nada parecido; ni siquiera aparece ni una sola vez la palabra "católica": eso se lo ha inventado El País, tal vez para dar a entender que en vez de defender un derecho constitucional, Vox quiere imponer una educación religiosa. ¿Qué les parece a los lectores de El País que ese diario intente engañarles así?

La burda manipulación de El País sobre las agresiones y amenazas contra Vox

En relación al punto en el que Vox reclama de la Junta de Andalucía una "condena de los ataques, calumnias y amenazas" que ha recibido ese partido, a raíz de la algarada antidemocrática convocada por Podemos para protestar contra el resultado de las elecciones andaluzas, El País presenta a las víctimas de esos ataques como los atacantes: "El partido busca, a través de las redes sociales, controlar el discurso, sustrayéndose, generalmente mediante ataques, a la labor de los medios". Esto es el colmo. Con la amplia mayoría de los medios en su contra, Vox pide amparo frente a actos tipificados como delitos en el Código Penal, y El País lo manipula para dar a entender que ataca a los medios. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza, señores de PRISA?

Inmigración: El País carga contra Vox por pedir que se cumpla la ley

En cuanto a la acusación de Vox de que la Junta de Andalucía "encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía", El País acusa a Vox de obligar a "delatar" a esos inmigrantes en situación irregular, y se pregunta por la fuente de la cifra de Vox. Como ayer señaló Cristina Seguí, esa denuncia la hizo a finales de diciembre el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), que exigió que el nuevo Gobierno andaluz "no continúe con la misma política del gobierno anterior de encubrir la inmigración irregular en esa Comunidad Autónoma". Este sindicato señaló que "en los archivos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen bajo llave 52.000 copias de pasaportes y cartas de identidad de los irregulares que la policía no puede expulsar, al no poder esta última identificarlos". La UFP ha recordado que según el Artículo 2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las administraciones tiene la obligación de "prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias". Es decir, que El País carga contra Vox porque pide que se cumpla la ley.

El coladero de la Ley de Extranjería que oculta El País

En relación a esa propuesta de Vox, El País también afirma: "En España, la única asistencia que reciben estos extranjeros es humanitaria". No es cierto. Un ejemplo de ello es que en 2012 la Guardia Civil desmontó una red de denuncias falsas por violencia de género para cobrar ayudas públicas. Así lo contaba la Benemérita: "contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada en España, para evitar su expulsión por aplicación de la Ley de Extranjería, a los cuales les ofrecían una cantidad económica de entre 2000 y 4000€ por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes por dichos delitos. Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de género. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes. Cuando las mujeres conseguían su regularización, abonaban al supuesto autor la cantidad económica acordada, así como a los miembros de la organización la cantidad previamente pactada con ellos por encargarse de todos los trámites".

Esto es posible porque la vigente Ley de Extranjería abre la puerta a ese fraude, pues su Artículo 31 bis, introducido por el PSOE, permite a mujeres inmigrantes ilegales que denuncien violencia de género obtener residencia temporal y trabajo aunque la causa sea archivada o sobreseída. A menudo el denunciado ni siquiera está en España. La cobertura de dicha ley, además, abarca también a los hijos menores de edad de la denunciante, lo que incluye "una autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia".

El diario socialista también manipula sobre la educación diferenciada

Por otra parte, y refiriéndose a la propuesta de Vox sobre la educación diferenciada, El País tacha ese modelo educativo de "segregación de niños y niñas". Por lo visto, en el diario socialista aún no se han enterado que en abril del año pasado el Tribunal Constitucional declaró que la educación diferenciada es "conforme a la Constitución" desde la perspectiva del derecho fundamental a la libertad de enseñanza, afirmando que "no puede ser considerada discriminatoria", pues no contraviene la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación (1960) ni la Convención de las Naciones Unidas sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer (1979). Se trata de dos tratados internacionales suscritos por España y que siguen en vigor a día de hoy. ¿En El País dicen ser periodistas pero no se habían enterado?

Dicho sea de paso, cabe preguntarse si lo que acabo de señalar es lo que el PP tachó ayer de "inaceptable", porque en ese caso el problema del PP no es con Vox, sino con la Constitución, con las leyes vigentes y con las libertades y el bienestar de los españoles.

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(Foto: El País)