La cruz de la verdad: periodistas frente al castrocomunismo en 2019

Por Mayra Barbosa

Informes de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), resaltan las pésimas condiciones para la libertad de expresión en Cuba, y recogieron más de 160 casos de agresiones a comunicadores y medios por parte del Estado comunista, por más de 60 años en el poder.

Del total registrado fueron agredidos 51 mujeres (29.65 %) y 121 hombres (70.35 %). Contra ellos también se ejecutaron las tres agresiones físicas reportadas en el período, y la única judicialización y encarcelamiento, que llevó al presidio al católico Roberto de Jesús Quiñones.

"La represión contra la prensa independiente en 2019 afectó fundamentalmente a hombres, tal y como ha venido ocurriendo años atrás", resaltó la reportera cubana Ana Gutiérrez. Y ha continuado estando en la mirilla de La Habana por el alcance que ha logrado el periodismo no estatal en la visibilización del ruinoso "paraíso socialista" ante los ojos del mundo.

Entre las principales tendencias del año se encuentran las regulaciones o prohibiciones de viajes al exterior, estrategia que "tiene por finalidad obstaculizar la formación en talleres y cursos a los reporteros, y evitar la conexión de los periodistas con la red gremial" en el exterior.

Otra es, durante las detenciones, sacar a los comunicadores de la municipalidad donde residen y llevarlos a otra. Ello aumenta su situación de vulnerabilidad, pues los familiares y amigos tardan mucho más en saber dónde son retenidos sus seres queridos, y las denuncias de los arrestos se hacen más imprecisas.

Durante el 2019 se reportaron amenazas contra la familia de los periodistas. Algunas tan escalofriantes como la narrada por Vladimir Turró Páez: "durante el interrogatorio uno de los oficiales de la Seguridad del Estado me dijo que tuviera en cuenta que mi hermana iba a ser operada y que podría no salir viva de esa intervención quirúrgica", dijo a un informe mensual de la APLP.

Esto y más sufrieron los reporteros cubanos en 2019, con la Seguridad del Estado o Policía Política tras sus pasos. Del total, 21 agresiones fueron contra periodistas de fe cristiana (católica o evangélica), poco más del 12 % de las registradas, entre ellas algunas de las más brutales.

NUEVE DÍAS DETENIDO E INCOMUNICADO CON EL EXTERIOR

El caso más terrible del mes de julio fue el de Ricardo Fernández. El reportero del diario digital 14yMedio fue arrestado el día 12 a la salida de la sede de la organización opositora Damas de Blanco, en la localidad habanera de Lawton.

Por más de una semana su paradero fue desconocido, y en las redes sociales algunos de sus colegas manifestaron públicamente preocupación por su integridad. "Pasó nueve días de detención, incomunicado con el exterior", reveló el reporte sobre libertad de prensa en Cuba para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicado en octubre de 2019.

La larga detención de Fernández disparó las alarmas del gremio. En otros momentos había sido habitual el encarcelamiento sin cargos de activistas y periodistas hasta un máximo de tres días. Finalmente, el 20 de julio fue deportado por carretera en un vehículo policial a Camagüey, su provincia de residencia. El 21 fue puesto en libertad.

Además, de acuerdo con el reporte de la SIP, entrevistados de Fernández para un videorreportaje publicado en la revista La Hora de Cuba, "fueron interrogados por agentes de la Seguridad del Estado en un intento de presentar contra él una denuncia por ´usurpación de capacidad legal´".

Días después de su liberación el reportero de fe evangélica se personó en la estación policial donde permanecía recluido otro colega para conocer sobre la situación que afrontaba. Fue en ese momento cuando, según lo informado por APLP, agentes de la Policía Política apresaron a Fernández unas horas y lo amenazaron con que "le esperaban tres años de prisión".

En noviembre volvió a sufrir otra arbitrariedad. En esa ocasión pretendía viajar a Serbia para ofrecer una charla sobre libertad religiosa. En la Terminal Tres del Aeropuerto Internacional José Martí, oficiales de Inmigración y Extranjería le comunicaron que tenía prohibición de salida del país, o sea: estaba regulado.

Aún el 12 de noviembre no escamparía para Fernández. Previa citación, se presentó en el Cuartel Provincial de la Policía Política en Camagüey. Durante los interrogatorios fue amenazado con ir varios años a prisión. Ese día no lo dejaron abandonar la unidad militar, y hasta el otro día fue mantenido bajo arresto. De acuerdo con el periodista, fueron "29 horas de torturas en un calabozo de la Seguridad del Estado".

MUJERES EN CONTEXTO ESPINOSO

Odalina Guerrero vio en junio cómo la "legalidad revolucionaria" es usada discrecionalmente contra comunicadores independientes y sus familias. Ella, miembro de la APLP, denunció multas y decomisos contra su hijo por delitos inexistentes e irrespetando el debido proceso.

En julio viajaría a un taller sobre libertad de expresión, pero al presentar la documentación antes de entrar a la zona de abordaje del Aeropuerto José Martí, un agente de Inmigración y Extranjería le exigió apartarse de la fila. Otro la condujo a una oficina. Allí supo que tenía prohibido salir de Cuba.

Dos meses después a Guerrero, quien también lidera la Iglesia Apostólica Corbán, se le intentó anular la misión pastoral. Alguien "con jerarquía dentro de la Seguridad del Estado" presionó en la estructura eclesial contra la mujer "porque trabajaba para los Derechos Humanos (DDHH)".

La permanencia de Guerrero "podía afectar las demás iglesias que tienen en Cuba". Ante ello la APLP contactó con el liderazgo denominacional en USA, y la democión de la pastora fue anulada.

Otra cristiana, también vinculada a la APLP, Amarilis Cortina, fue citada oficialmente a la comisaría de la municipalidad de Arroyo Naranjo. El día 11 a la una de la tarde fue interrogada por dos oficiales de la Policía Política que se hicieron nombrar Melissa y Ernesto.

Sobre su esposo, Antonio Fornaris, al frente de la APLP, advirtieron a Cortina: "debe dejar la presidencia, porque de lo contrario tendremos que seguir viéndoles las caras".

Nunca se ve del todo la cara de un agente de la Policía Política, para empezar, sus nombres son falsos. En un contexto de transición generacional en la que una gerantocracia pasa el batón del régimen a Miguel Díaz-Canel, Cuba es un campo de arenas movedizas.

La Habana experimentó en 2019 una intensa presión económica. Se combinaron sanciones estadounidenses contra empresas controladas por militares en el país, así como sobre empresas extranjeras que explotan inmuebles y terrenos expropiados a inicios de la Revolución.

También influyó la inestabilidad de Venezuela -principal aliado de Cuba-, y el accionar de Jair Bolsonaro, en Brasil, y Jannine Áñez, en Bolivia, al retirar los contingentes médicos que, en calidad de semiesclavitud, alimentaban financieramente al régimen desde ambos países. Analistas consideran que esas condiciones exacerban un sentimiento de "plaza sitiada” en la isla, y su consiguiente reacción es reprimir, aún más, a la sociedad civil.

En abril la evangélica Yunia Figueredo fue citada a una estación policial de La Habana. Un agente, cuyo sobrenombre es Vladimir, le dijo que su periodismo "creaba situaciones de pánico en la población, que eso era terrorismo". Vladimir no perdió chance de amenazarla con sus dos hijas.

Figueredo escribe para Diario de Cuba (DDC). En la misma semana de su interrogatorio, cuatro reporteros de ese medio recibieron medidas cautelares por la Comisión Interamericana de DDHH.
En diciembre Figueredo volvió a ser interrogada, previa citación verbal y bajo amenaza de ser procesada por "desacato" si no se presentaba. Un agente que tiene por sobrenombre Pedro trató de convencerla que estaba siendo manipulada por "planes del exilio".

Al fin, el represor le prohibió abandonar su vivienda: prisión domiciliaria sin cargo alguno.

LA HISTORIA MÁS TREPIDANTE DEL AÑO

Yoe Suárez fue de los periodistas más destacados del gremio en el año, y también estuvo entre los más perseguidos por el Estado comunista. En el año hubo dos amenazas contra fuentes periodísticas suyas, y la presión a una de ellas para acusar públicamente al reportero en una campaña de descrédito.

La APLP recogió también dos arrestos e interrogatorios contra el joven en el Aeropuerto Internacional José Martí, al regresar de sendos viajes a Europa. Frente a Suárez había una cámara que grabó la detención. El agente sostuvo que aquello no era un interrogatorio, sino una ´entrevista´; cosa que Suárez cuestionó preguntando por qué se le retiró el pasaporte entonces y no podía salir de la oficina cuando lo deseara.

La censura en instancias estatales fue otra de las armas usadas contra él. En abril una fuente que pidió anonimato reveló para un informe del peruano Instituto de Periodismo y Sociedad (IPYS) las presiones sobre el jurado del Premio nacional Sed de Belleza 2019. ¿El fin? Descalificar un libro de crónica viajera por Latinoamérica inscrito por Suárez.

La fuente explicó que era "de lejos, el mejor" título en el concurso convocado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Pero un miembro del Comité organizador ventiló en las deliberaciones del jurado que "no podía ganar, porque la Dirección Nacional de la AHS" consideraba a Suárez "contrarrevolucionario", por su trabajo reporteril.

La presión funcionó, y en medio de las deliberaciones se reveló que otro volumen del joven, Mención del Premio Casa de las Américas, tras haber sido aceptado en el plan editorial de 2018 de la Editorial Abril, también fue censurado. Así, Suárez se convirtió en un autor prohibido en Cuba.

Pero la historia más trepidante del año la protagonizó en agosto. Viajaba a la Ciudad de Guantánamo para entrevistar al corresponsal local de DDC, al colega Roberto de Jesús Quiñones, y a la hija de un matrimonio preso por practicar homeschooling. Vería a los most wanted de la provincia.

El veinteañero evadió dos cercos militares con orden de arrestarlo y, una vez en la urbe, despistó toda la mañana a quienes le buscaban. Solo en la tarde, fue capturado en la vía pública por una fuerza combinada de agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria.

Suárez fue interrogado en el cuartel provincial de la Policía Política, decomisado su celular, levantada un Acta de Advertencia con cargos por los que otros periodistas han sido encarcelados, amenazado con prisión si volvía a Guantánamo, esposado y finalmente deportado de la provincia.

Cinco horas pasaron desde su detención hasta que dejó el auto donde salió a la ciudad de Santiago de Cuba. Un relato de Suárez, publicado días después, da cuentas de matices que derrumban, a través de una narración precisa y sobria, el mito de infalibilidad de la Seguridad del Estado.