Sánchez y sus socios separatistas piden a gritos una campaña de desobediencia civil

Hay una diferencia clave entre un Estado de Derecho y una tiranía: en el primero la ley obliga a todos, especialmente a los que deben dar ejemplo.

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En España está ocurriendo justo lo contrario: aquí los que deben dar ejemplo son los que se pasan las leyes por la entrepierna, mientras que los ciudadanos de a pie somos amenazados por aquellos con fuertes sanciones si se nos ocurre cometer la más leve infracción. Podríamos poner muchos ejemplos, pero los más recientes son ya muy ilustrativos de cómo está la situación.

Sánchez, inflexible con los ciudadanos mientras él se salta las leyes y la Constitución

Ayer entró en vigor el decreto de ahorro energético del gobierno, una norma que viola la legislación sobre salud y seguridad en lugares de trabajo. El gabinete de Pedro Sánchez se ha mostrado tan inflexible en su cumplimiento como lo hizo con los estados de alarma de la pandemia que fueron declarados inconstitucionales por el TC por violar derechos fundamentales. Una ilegalidad gravísima por la que no sólo no hubo dimisiones, sino que además Sánchez dijo que lo volvería a hacer, exhibiendo una gran chulería y un intolerable desprecio por la legalidad constitucional.

Ese sinvergüenza que se jacta de estar dispuesto a saltarse otra vez la Constitución es el mismo que dijo la semana pasada que "la ley en España se cumple" en respuesta a las críticas de Ayuso al citado decreto de ahorro energético. Le faltó añadir que se cumple cuando a él le da la gana, porque sin ir más lejos, el pasado mes de febrero se supo que su gobierno se ha saltado 1.200 veces la Ley de Transparencia, ocultando a los ciudadanos, a la oposición política y a los medios una información que tiene la obligación legal de hacer pública.

La Generalidad desobedece una sentencia del Supremo y el gobierno se calla

La advertencia de Sánchez a Ayuso podría matizarse, además, añadiendo que la ley se cumple para todos menos para el gobierno y sus socios. Acabamos de tener un nuevo ejemplo de ello. Hace dos días, el Tribunal Supremo suspendió los proyectos lingüísticos de dos centros escolares catalanes por marginar ilegalmente la lengua española, que es cooficial en Cataluña y el idioma más utilizado por la población de esa comunidad. Pues bien: ayer la Generalidad dejó claro que no tiene intención de cumplir esa sentencia, un nuevo acto de desobediencia que se suma a los cometidos anteriormente por el gobierno catalán contra otras muchas sentencias declarando ilegal la discriminación del español por parte de los separatistas. ¿Y qué ha dicho el gobierno de Sánchez? Nada. Silencio absoluto. Las advertencias se las reserva para Ayuso.

El peligroso mensaje que Sánchez y sus socios están enviando a los españoles

El mensaje que está transmitiendo el gobierno de Sánchez a los ciudadanos es muy peligroso. Primero nos viene a decir que debemos asumir sacrificios mientras él y sus ministros actúa como jeques, despilfarrando el dinero de nuestros impuestos en caros e innecesarios viajes en helicóptero y en el Falcon y en un ejército de asesores nombrados a dedo sobre los que no sabemos nada. Y ahora nos viene a decir que los que debemos cumplir las leyes somos los gobernados, pero él y sus socios pueden saltárselas cuando les dé la gana.

Lo que están haciendo Sánchez y sus socios es degradar las instituciones democráticas hasta el extremo de minar su credibilidad y la confianza de los ciudadanos en ellas. Cuando un gobierno actúa de esta forma tan injusta y despótica, lo que hace es minar su propia autoridad, que no sólo es el poder de quien gobierna, sino también, y como recuerda la RAE, el "prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia", en este caso para gobernar.

Sánchez y sus socios están instigando, con su ejemplo, a la desobediencia civil

Un gobernante que se salta la ley y que permite a sus aliados hacer lo mismo, a la vez que se muestra implacable imponiéndosela a los gobernados, es un déspota que está pidiendo a gritos una campaña de desobediencia civil. Y que nadie me acuse a mí de llamar al incumplimiento de las leyes, porque nada más lejos de mi propósito: lo que denuncio es precisamente que se las salten los que están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Son Sánchez y sus socios los que, con su mal ejemplo, están animando a la gente a saltarse la ley. Si esa forma de instigar la desobediencia se acaba volviendo contra ellos, no tendrán ningún derecho a criticar a los que decidan atravesar esa raya, porque ellos, los que debían dar ejemplo, han sido los primeros en saltársela.

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Foto: La Moncloa. Pedro Sánchez con el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, en una reunión celebrada en La Moncloa el 15 de julio de 2022.