El gobierno y la izquierda española imitan a Putin y reaccionan a la imputación de Zapatero con una desinformación masiva

La forma en la que un gobierno responde a una acusación judicial dice mucho sobre la calidad democrática de quienes lo forman.

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Una imputación judicial por varios delitos que salpican al gobierno

Esta mañana, la Audiencia Nacional ha anunciado que ha citado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros delitos conexos, en relación con el caso Plus Ultra, uno de los casos de corrupción que salpican al gobierno de coalición de socialistas y comunistas encabezado por Pedro Sánchez.

En el auto judicial por el que se cita a Zapatero como investigado, el juez José Luis Calama señala la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

La nota publicada por la Audiencia Nacional señala que los directivos de la aerolínea Plus Ultra "articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objeticos perseguidos", en referencia a la obtención de un millonario rescate por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

Esa imputación deja al PSOE en un grave entredicho

En los últimos años Zapatero ha sido un hombre muy cercano a Pedro Sánchez y con una enorme influencia en su gobierno. De hecho, el expresidente ha tenido un papel muy relevante en las últimas campañas electorales de los socialistas. En la reciente campaña de las elecciones andaluzas ha sido un participante destacado en actos del PSOE en Málaga (en compañía de Sánchez) Huelva, Cádiz y Motril.

En casi medio siglo de democracia en España, es la primera vez que un expresidente del gobierno es imputado judicialmente. Para el PSOE y para sus socios de legislatura esta imputación judicial es un revés especialmente grave, debido a los vínculos y negocios de Zapatero con la dictadura socialista de Venezuela. Eso explica que la extrema izquierda, que viene apoyando abiertamente a ese régimen autoritario, haya salido en tromba a apoyar al expresidente socialista.

Una reacción propia de la dictadura de Vladimir Putin

Por lo demás, lo que hemos visto en las últimas horas en el gobierno y la izquierda en España recuerda mucho a la actitud de la dictadura de Vladimir Putin, un régimen autoritario y profundamente corrupto que intenta resolver todos sus escándalos recurriendo a la mentira de forma sistemática. Durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de esta mañana, la ministra y portavoz del gobierno Elma Saiz ha mentido dos vecez sobre la imputación judicial de Zapatero, afirmando que la investigación parte de "una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias", cuando en realidad todo ha partido de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir en 2024 dos solicitudes de las Fiscalías de Francia y Suiza, que estaban siguiendo la pista de una "organización criminal" vinculada al rescate de Plus Ultra.

Como viene siendo habitual, RTVE, el canal público controlado por el gobierno, ha difundido el bulo lanzado por La Moncloa, igual que otros medios y muchos activistas y voces influyentes de la izquierda a través de las redes sociales. En su línea habitual, desde el partido comunista Podenos, que viene apoyando a la dictadura socialista venezolana, Ione Belarra ha reaccionado a la imputación de Zapatero lanzando calumnias contra otros expresidentes, acusando falsamente a José María Aznar de "criminal de guerra" y al difunto Adolfo Suárez de "agresor sexual", mentiras que no se sustentan en ninguna decisión judicial.

Espero que Aznar y la familia de Suárez respondan con querellas a esas intolerables calumnias de Belarra. Acusar falsamente de un delito a otra persona a sabiendas de que es mentira es un delito tipificado en el Artículo 206 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a dos años. Recordemos que la dirigente de Podemos Irene Montero ya fue condenada judicialmente por lanzar calumnias hace tres años, y que una vez condenada se negó a pagar a la víctima la indemnización establecida en la sentencia. Esta gente se cree que en una democracia vale todo, incluso recurrir a la mentira para acusar falsamente de delitos a otras personas. Pues no.

La reacción de la izquierda demuestra que esa imputación tiene fundamento

La furibunda reacción de la izquierda demuestra que esa imputación judicial tiene fundamento. Si no lo tuviese, la izquierda estaría ofreciendo argumentos legales sólidos para contestarla. En vez de eso, y como ya ha ocurrido antes con otros escándalos de corrupción del gobierno, la respuesta de la izquierda se basa simplemente en recurrir a una falacia ad hominen, según la cual los delitos de corrupción no deben ser investigados si son denunciados por ciertas personas u organizaciones, y en un ataque sistemático a la Justicia, que es uno de los contrapesos que existen en todas las democracias para poner freno a los abusos de poder. Con esa reacción, una vez más, la izquierda nos está dando una imagen clara de su desprecio por la democracia.

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Foto: Efe.