Vox se querella contra el Parlamento Europeo por saltarse la ley y acreditar a dos prófugos

La decisión del Parlamento Europeo de acreditar como eurodiputados a dos fugados de la Justicia española, Carles Puigdemont y Toni Comín, ha recibido hoy una dura respuesta por parte de Vox.

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"No permitiremos que los españoles que cumplen la ley acaben pagando el sueldo a dos prófugos"

Santiago Abascal, presidente de este partido liberal-conservador español, ha denunciado hoy en Estrasburgo el reconocimiento de esos dos prófugos como eurodiputados, por lo que Vox ha presentado ya un recurso de anulación contra el Parlamento Europeo. Abascal, acompañado por los eurodiputados de Vox Jorge Buxadé, Mazaly Aguilar y Hermann Tertsch, ha anunciado que Vox dará voz a "esos millones de españoles que están siendo insultados por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli", y ha añadido: "No permitiremos que los españoles que cumplen la ley acaben pagando el sueldo a dos prófugos que han atentado contra la unidad de la Nación".

Vox denuncia que la decisión de la Eurocámara atenta contra la igualdad ante la ley

Abascal y Buxadé han señalado que la querella de Vox ha sido interpuesta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el Parlamento Europeo por "extralimitación en sus funciones" y por "atentar contra la ley española y la normativa comunitaria". En un comunicado publicado en su web, Vox ha recordado que "Carles Puigdemont y Toni Comín no han acudido a España a acatar la Constitución, requisito indispensable para ser nombrado eurodiputado según la ley electoral española (a la que remite la norma europea)". Así pues, la acreditación de ambos como eurodiputados "infringe también el principio de Igualdad ante la Ley", ha señalado Abascal, puesto que "el resto de eurodiputados españoles ha tenido que cumplir un trámite que no han cumplido estos dos prófugos" y "el Reino de España no ha comunicado a Bruselas que puedan ser eurodiputados".

Puigdemont desafía a la Justicia anunciando que viajará a España en febrero

La semana pasada, el magistrado instructor del golpe separatista del 1-O en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comunicó que mantiene la euroorden contra Puigdemont y Comín y pidió al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad. Llarena también ratificó la orden de detención contra ambos en territorio español, donde no gozarán de esa inmunidad. Hoy el prófugo Puigdemont ha desafiado a la Justicia anunciando que visitará España en febrero en compañía de políticos europeos, aprovechándose del amparo del Parlamento Europeo y de la claudicación del gobierno de Pedro Sánchez ante los separatistas de ERC con la firma de un pacto abiertamente anticonstitucional. A la vista del nombramiento ayer de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, con el claro propósito de desactivar los procesos judiciales contra los golpistas, es posible que las acciones judiciales de Vox sean ahora mismo el último recurso que le queda al Estado de Derecho para no ceder ante los golpistas.

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Foto: Vox.