Siete consecuencias que tendrá que España haya vuelto a pagar por zanjar un secuestro

La noticia tendría que salir tarde o temprano, y hoy por fin ha salido: el Gobierno de España pagó 10 millones de euros de rescate por tres periodistas españoles secuestrados en Siria.

Seis buenas razones para no pagar ningún rescate a ningún grupo de secuestradores
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Tras la desaparición de esos periodistas escribí aquí seis buenas razones para no pagar rescates a secuestradores. Las mantengo todas, y sobre cada una de ellas tengo que deducir lo siguiente:

• El dinero pagado servirá para financiar más crímenes, y entre ellos más secuestros, por parte del llamado Frente Al Nusra, un grupo terrorista ligado a Al Qaeda. Para que nos hagamos una idea, con el dinero pagado se podrían comprar más de 14.000 lanzacohetes RPG-7 o más de 16.000 fusiles de asalto AK-47. Lo suficiente para equipar a una división militar, ya no digamos a un grupo terrorista como el citado.
• El pago de ese rescate sirve para incentivar el secuestro de ciudadanos españoles. Con él, nuestro gobierno lanza un mensaje claro a cualquier banda terrorista: compensa secuestrar a españoles porque su gobierno cede al chantaje y paga.
• Consecuencia de lo anterior, con ese pago los españoles nos convertimos en objetivos prioritarios de cualquier secuestrador. Recordemos que tras el pago del rescate del barco "Playa de Bakio" en abril de 2008, otros dos barcos españoles fueron secuestrados (el "Alakrana" y el "Vega 5") porque los piratas del Índico se habían dado cuenta de que secuestrar a españoles era un gran negocio. La ola de secuestros sólo se frenó con el envío de militares españoles a la zona en el marco de la Operación Atalanta. Se ve que no hemos aprendido nada.
• Se pagaron 10 millones a una banda terrorista que no ofrecía ninguna garantía de liberación. Tal vez algunos se piensen que pagar un secuestro es como ir a comprar caramelos a una tienda, que te dan un tícket y de dejan llevarte la mercancía nada más pagas, pero no es así. Negociar con criminales no asegura garantía alguna por parte de ellos. Muestra de ellos es que la familia de Publio Cordón pagó 400 millones de pesetas a los GRAPO en 1995, pero el secuestrado nunca apareció. Años después y tras su detención, los secuestradores dijeron que Cordón murió durante el secuestro. Habían engañado a la familia.
• Con el pago de este rescate el Gobierno de España normaliza la claudicación ante los terroristas. Mucha gente ya piensa que lo normal ante un secuestro es pagar y ya está. ¿Qué así financias a los terroristas, que nos conviertes en objetivo a todos? Pues no importa. El pensamiento débil, que es muy primario, sólo piensa en el corto plazo.
• Cediendo al chantaje ha reforzado a los terroristas. A partir de ahora, si el gobierno no paga un rescate y los secuestradores asesinan a los rehenes, muchos pensarán que la culpa es del gobierno por no pagar. Basta echar un vistazo en las redes sociales para comprobar hasta qué punto estas claudicaciones debilitan a los gobiernos democráticos, cargándoles con la responsabilidad del posible asesinato de cualquier rehén, que es única y exclusivamente responsabilidad de los secuestradores.

A estos seis argumentos que publiqué el año pasado habría que añadir uno más:

• El mensaje que transmite un Estado al ceder al chantaje es que el obligado cumplimiento de la ley queda en suspenso cuando te saltas la ley con un secuestro. La ley deja de ser igual para todos: los terroristas se convierten en privilegiados que obtienen su posición mediante la coacción. Basta que amenacen con matar a un ciudadano para doblegar a toda una nación. Al ceder a un chantaje como ése, todos los españoles nos convertimos en rehenes.

No hace falta recurrir a la imaginación para darse cuenta de lo que implica no ceder al chantaje. Recordemos el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Entonces como rescate ETA no exigió el pago de una determinada cantidad de dinero, sino el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco. A diferencia del pago de un rescate, que sirve para financiar a una banda terrorista y es por tanto una clara violación de la ley, hacer lo que exigía ETA entonces no habría sido ilegal, pero habría transmitido la idea de que basta con que alguien amenace con matar a un español para que el Gobierno de España se ponga a las órdenes del secuestrador, y ése sería un mensaje peligroso que nos convertiría a todos los españoles en objetivos prioritarios para cualquier criminal que quisiese aprovecharse de nuestro país. Lamentablemente, la política de claudicación ante el terrorismo inaugurada por Zapatero y continuada por Rajoy ha dinamitado cualquier posición de firmeza frente a los secuestradores, transmitiendo la idea de que a España se le puede torcer el brazo con un secuestro. Un grave error que nos va a seguir costando más disgustos. Al tiempo.