Cifuentes copia la disparatada 'Ley Mordaza' que preparaban Leire Pajín y el PSOE en 2011

Esta semana se ha conocido la nueva "Ley Mordaza" que preparada Cifuentes con el pretexto de garantizar la "no discriminación". Una excusa ya usada por el PSOE en 2011 con un fin similar.

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La ley totalitaria que preparaba Pajín cuando el PSOE perdió el poder

En mayo de 2011 se supo que Leire Pajín, entonces Ministra de Sanidad, preparaba una "Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación", que no llegó a aprobarse al perder su partido las Elecciones Generales del 20 de noviembre de ese año. Dicha ley era una grave amenaza contra la libertad de expresión, al instaurar delitos de opinión -es decir, lo mismo que ocurre en las dictaduras- y fulminar el derecho a la presunción de inocencia, al exigir que fuese el acusado el que demostrase su inocencia, un mecanismo acusatorio típico de regímenes totalitarios.

Cifuentes impone a los ciudadanos deberes que son del Estado

Se da la circunstancia, además, de que la ley de Pajín extendía al ámbito privado la exigencia de igualdad de trato, un precepto que obliga a las instituciones públicas. De hecho, tanto la ley de Pajín como la de Cifuentes apelan al Artículo 14 de la Constitución, que habla de igualdad "ante la ley", y no en el ámbito privado. Aplicar a los particulares ese precepto dirigido al Estado tiene graves consecuencias, pues el Estado no puede tener preferencias, pero un particular sí, y cualquier decisión que tomas en tu vida implica una discriminación hacia alguien por los motivos más variados. Esta ley es tan absurda como lo sería exigir a los ciudadanos ser aconfesionales o políticamente neutrales. Las decisiones que tomamos a la hora de relacionarnos con otras personas forman parte de nuestra libertad de decisión. Al imponer a los particulares la "igualdad de trato" a la que está obligada el Estado, se fulmina esa libertad de decisión y se nos somete a una espiral de coacciones, lo que pondría toda nuestra vida privada bajo a un absurdo control legal, pudiendo ser denunciados por cualquier motivo. Por ejemplo:

• Podrían denunciarte si le pides salir juntos a una amiga y no a un amigo gay, puesto que podrían acusarte de discriminación por motivo de orientación sexual.
• Podrías ser denunciado por el mero hecho de no querer agregar a alguien como contacto en Facebook porque no te gusta su forma de pensar, pues eso podría ser interpretado como una discriminación por motivos de opinión.
• Podrían denunciarte por saludar con un beso a tu novia pero no a un amigo, algo que podría interpretarse como discriminación por razón de sexo.
• Podrían multarte por no querer charlar con alguien porque no entiendes su lengua, pues eso bastaría para acusarte de una discriminación por motivo de idioma.
• Incluso sería perseguible no permitir la afiliación a un partido a una persona conocida por sus ideas abiertamente opuestas al mismo, pues dichos proyectos de ley contemplan la no discriminación por convicciones políticas.
• Hasta podría llegarse al absurdo de que un párroco sea denunciado por no permitir a un musulmán hacer sus rezos islámicos en un templo cristiano, ya que dichos proyectos establecen también la no discriminación por motivos de religión.

El proyecto de Cifuentes tiene una redacción lo bastante ambigua como para permitir a la administración este tipo de persecuciones, lo que generaría una enorme inseguridad jurídica y sometería nuestros derechos fundamentales a los caprichos del político o del funcionario de turno.

Habla de "intolerancia religiosa" pero no de intolerancia a la religión

He podido leer el texto de la nueva ley (ver PDF) gracias a que la ha publicado la abogada Verónica del Carpio en su Facebook. La nueva "Ley Mordaza" de Cifuentes coincide en establecer delitos de opinión, igual que la que preparaba Leire Pajín. Así, su Artículo 9 se refiere al "discurso de odio", como "toda forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia". Significativamente, en ese Artículo, cuando llega el momento de contemplar la discriminación por razón de la religión de la persona discriminada, la ley Cifuentes habla de "intolerancia religiosa", en vez de intolerancia a la religión: como si lo hubiese redactado un podemita. De esto se deduce que si el "discurso de odio" lo sufre una persona por sus creencias, Cifuentes ahí se lava las manos.

La Abogacía de la CAM advierte que esta ley invade competencias del Estado

Hay que tener en cuenta un hecho: la libertad de expresión es un derecho fundamental amparado por la Constitución. Según el Artículo 81 de nuestra Carta Magna, para regular esos derechos son precisas leyes orgánicas que han de aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso. Dicho sea de otro modo: Cifuentes está invadiendo competencias exclusivas del Estado y, en particular, del Congreso de los Diputados, y se propone limitar derechos fundamentales de una forma abiertamente ilegal. Esta invasión de competencias incluso es advertida por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en el informe adjunto que acompaña a ese anteproyecto. Por lo visto, el ejecutivo que preside Cristina Cifuentes ni siquiera se ha molestado en leerlo.

Cifuentes crea su propia justicia paralela

Además, igual que pretendía la "Ley Mordaza" de Pajín, la nueva ley de Cifuentes usurpa también funciones que son exclusivas de los tribunales, e incluso pretende enmendar sus sentencias. Eso se deduce del Artículo 33.5, al final del cual se lee lo siguiente:

"De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados."

Lo que esto significa es que no importa que un tribunal te haya considerado inocente o haya archivado el caso al no ver motivo de juicio: Cifuentes te seguirá persiguiendo como sea, incluso considerando como dignos de sanción hechos probados que al tribunal le hayan servido para declarar tu absolución. Esto es puramente surrealista. Con esto Cifuentes está creando su propia justicia paralela. Por poner un ejemplo, si un juez considera que es un hecho probado que tú preferiste quedar con un amigo afín a tus ideas en vez de con uno de ideas opuestas porque te hace sentir incómodo, pero sentencia que eso no es ningún delito, Cifuentes podría multarte por discriminar aunque el juez te haya absuelto.

¿Pretende Cifuentes censurar los medios, internet y las redes sociales?

Otro de los disparates ilegales del proyecto de ley de Cifuentes lo encontramos en el Artículo 21, que dice lo siguiente:

"Los medios de comunicación, internet y las redes sociales respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación, actos de intolerancia o acciones que puedan incitar al odio en el tratamiento de la información y en sus contenidos."

¿Qué significa esto? ¿Va a perseguir Cifuentes a los madrileños que no sigan en Twitter a alguien cuyos puntos de vista no les agrade y sean denunciados por ello? Le bastaría con acusarles de discriminación por motivos de opinión. Hay que decir que el Artículo 3 de este proyecto de ley señala que su ámbito de aplicación serían "las personas físicas y jurídicas, ya sean públicas o privadas, que se encuentren o actúen en su territorio, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia". La redacción es ambigua a más no poder. Si a un tuitero residente en otra comunidad le leen en Madrid y un madrileño le acusa de discriminarle por cualquier peregrina razón, ¿perseguirá Cifuentes al murciano, asturiano, gallego o catalán que haya sido acusado? Por otra parte, y como ya he señalado más arriba, la libertad de información y la de expresión son derechos fundamentales amparados por el Artículo 20 de la Constitución. ¿Con qué derecho pretende Cifuentes perseguir a periodistas o internautas por sus afirmaciones, si no tiene poder ni competencias para hacerlo? Si esta señora se ha creído que ser presidenta de la Comunidad de Madrid le otorga poder absoluto sobre todos los mortales, se equivoca. Lo de perseguir a la gente por sus opiniones o por sus decisiones personales lo podrá hacer un juez si observa un abuso de sus derechos y la comisión de un delito. Pero Cifuentes no es juez, y esto no es Cuba ni Corea del Norte.