El montaje del CNI contra el fallecido magistrado García-Calvo: más de lo mismo

Hoy la revista Época ha revelado que el magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, fallecido el 18 de mayo por causas desconocidas (los resultados de su autopsia siguen sin saberse), había sido objeto de una operación de seguimiento y de desprestigio a manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de Defensa. García-Calvo era un juez “incómodo” para el Gobierno, al no estar dispuesto a plegarse a los dictados de Zapatero.

Época señala, en concreto, el montaje que se organizó contra el magistrado cuando fue acusado por un joven de haberle encañonado con un arma, en un accidente de tráfico. La noticia la publicó El País nada menos que en portada. Sin embargo, la denuncia -apunta Época- “está llena de falsedades y no fue ratificada por la presunta víctima”. La revista revela que “el joven que acusó al magistrado mintió sobre su domicilio, su profesión y los hechos en su denuncia ante la Policía Nacional.” Pero ahí no queda la cosa: el joven denunciante era un “charli” (en el argot de la profesión, una especie de chico de los recados del CNI). “Todo era un montaje de los Servicios de Inteligencia para desprestigiar al magistrado que tenía entre manos asuntos delicados para el Gobierno como la constitucionalidad del Estatut”, apunta Época.

Ante estas informaciones que destapan hechos de suma gravedad, la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha limitado a señalar en rueda de prensa que desconocía esa información. Eso no le ha impedido afirmar que “no hay ningún seguimiento contra nadie por el CNI”. ¿Lo ha consultado, acaso? ¿En serio quiere que nos creamos que el CNI es el único servicio de inteligencia que no practica ningún tipo de seguimiento?

Lo que está haciendo este Gobierno con el CNI es muy alarmante. Hace ahora un año, dos agentes del Centro fueron descubiertos cuando vigilaban el domicilio de Manuel Pizarro, entonces al frente de Endesa y persona “molesta” para el Gobierno de Zapatero por su resistencia a la OPA de Gas Natural, apoyada por el ejecutivo en una maniobra de intervencionismo muy al uso del PSOE.

Llueve sobre mojado. El uso político de los servicios de inteligencia del Estado por parte del PSOE se remonta ya a los primeros años de Gobierno de Felipe González. Fue muy sonado el caso de las escuchas ilegales que se sucedieron entre 1983 y 1991, periodo durante el cual el Gabinete de Escuchas del CESID (denominación que entonces tenía lo que ahora es el CNI) estuvo espiando y grabando ilegalmente conversaciones telefónicas de empresarios, políticos, periodistas e incluso del Rey.

Para evitar esta descarada, indecente e ilegal instrumentación política de los servicios de inteligencia, el Gobierno de José María Aznar estableció en 2002 de que toda escucha o intromisión en la privacidad llevada a cabo por el CNI tuviese que estar avalada por una autorización judicial. Llegado Zapatero al poder, parace que el control judicial del espionaje español ha pasado a mejor vida.

¿Podemos sentirnos seguros y tranquilos cuando un Gobierno se dedica a utilizar los servicios de inteligencia para espiar e incluso desprestigiar a los ciudadanos, llegando incluso a emplearlos contra un juez o un empresario que “estorban” a los propósitos del Gobierno? Por otra parte, ¿tiene intención el PP de exigir explicaciones por este gravísimo caso, o lo dejará aparcado bajo la máxima del buen rollito y de no parecer muy radical, para que así El País no le trate demasiado mal?

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