¿Respetarían un límite de déficit quienes vulneran la Constitución impunemente?

Ayer gobierno, PSOE y PP acordaron reformar la Constitución para establecer un límite al déficit público, esto es, que las administraciones públicas no puedan gastar por sistema más de lo que ingresan.

El fin me parece muy loable, pues por mucho que los fans de Keynes sigan maquillando sus denodados empeños en endeudarnos a nosotros y a las generaciones venideras, no hay economía que sostenga la tendencia del Estado a la morosidad. A modo de ejemplo, hace poco se conocía que las administraciones públicas deben 15.000 millones de euros a los autónomos. La incesante acumulación de deuda pública genera paro, aumenta el endeudamiento privado, propicia las subidas de impuestos y encarece la vida.

El riesgo de limitar el déficit sin reducir el tamaño del Estado

No obstante, esta reforma resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales que presentan economías como la española. De nada sirve limitar el déficit público o incluso poner techos de deuda pública si tampoco se reduce el sobredimensionamiento del Estado. Se han de limitar las competencias de las administraciones públicas, excluyéndolas de aquellas funciones que ya cubra por sí misma la sociedad. A modo de ejemplo, en un país con una enorme oferta mediática no se explica la existencia de televisiones y radios públicas, salvo en su actual función de órganos de propaganda al servicio del gobierno de turno. Si no se acomete este recorte del tamaño del Estado, a lo que nos aboca esta reforma es a una drástica subida de impuestos en un momento en que los españoles ya soportamos un esfuerzo fiscal superior a la media de la Unión Europea.

¿Qué legitimidad tiene esta reforma si no se somete a referéndum?

Por otra parte están las objeciones técnicas al medio previsto para implementar esta reforma. ¿Qué legitimidad tiene un cambio constitucional que no se consulta con los ciudadanos mediante referéndum? Cuando elegimos a los actuales diputados en marzo de 2008 nadie nos dijo que iban a votar un cambio en la Constitución, ni se nos explicó en qué consistiría ese cambio. Nuestra democracia no puede instalarse permanentemente en la concesión de cheques en blanco a los representantes por parte de los representados, una tendencia que conduce al constante alejamiento entre el ciudadano de a pie y la clase política y al descrédito de ésta. Los responsables de los principales partidos harían bien en tomar nota de los altos índices de desprestigio que están acumulando los políticos españoles en su afán de decidir por nosotros.

Un nuevo remiendo para una Carta Magna que ya es papel mojado

También hay que abordar la utilidad de esta reforma. ¿Para qué reformar una Constitución que Zapatero ha convertido en papel mojado? No espero que se vaya respetar un techo de gasto marcado por la Carta Magna cuando no se han respetado otros muchos preceptos constitucionales, desde el derecho a la vida (Art.15) -pisoteado el año pasado con una Ley Aído que considera "derecho" la violación de ese derecho humano tan elemental-, hasta los derechos lingüísticos de los ciudadanos (Art.3) -vulnerados por los regímenes de imposición de idiomas que existen en varias regiones-, pasando por el funcionamiento democrático de los partidos (Art.6), la igualdad de todos los españoles ante la ley (Art.14), la libertad religiosa y de culto (Art.16), la libertad de expresión e información (Art.20), el derecho a la presunción de inocencia (Art.24), la libertad de educación (Art.27) o la independencia judicial (Art.117).

Lo diré sin tapujos: ¿alguien se cree que respetaría ese límite de déficit un gobierno que promovió una ley que permite matar a inocentes? ¿Respetará ese límite un gobierno que se dedicó a perseguir a medios libres saltándose el Artículio 20 de la Constitución? ¿Pesará en el ánimo del gobierno un límite de déficit cuando no lo ha hecho la independencia del Poder Judicial, que es uno de los pilares de toda democracia que lo sea de veras? Zapatero ha adulterado la Constitución, aprovechando -todo hay que decirlo- los mecanismos legales que ofrecía la propia Carta Magna para dejar desamparados a los ciudadanos frente al poder político. Ahora la más urgente reforma constitucional debería asegurar la eficacia e independencia de la Justicia y la limitación de los poderes del Estado, pero en vez de eso nos anuncian otro parche que el gobierno podrá cumplir o no, según se le antoje, impunemente. Para eso, mejor ahórrennos el paripé de todo el trámite parlamentario de la reforma.