Vuelve la censura: así afectará la 'Ley Mordaza' de Podemos a tu Twitter, tu Facebook y tu blog

Este martes por la tarde el Congreso de los Diputados debatirá la "Ley Mordaza" de Podemos, una norma que recorta libertades con la excusa de combatir las discriminaciones al colectivo LGTB.

Podemos presenta su propia 'Ley Mordaza' incluyendo aspectos que criticó en la del PP

Una de las leyes más liberticidas que se han votado en el Congreso

Estamos, sin duda alguna, ante una de las propuestas legislativas más dañinas contra los derechos constitucionales de las que se han votado en las Cortes. De hecho, Podemos ha incluido en esta ley varios aspectos que criticó en lo que llamó "Ley Mordaza" del PP, una ley cuya redacción final se rebajó bastante. Sin embargo, la ley de Podemos no se queda ahí: es bastante peor que la versión original de aquella Ley de Seguridad Ciudadana del PP. Y es que sus contenidos incluyen la imposición de doctrinas ideológicas muy discutibles e incluso abiertamente anticientíficas en todo el sistema educativo, incluso a los niños más pequeños. Además, impone duras represalias a quienes critiquen siquiera la ideología de género, y asigna su ejecución a un órgano político, usurpando funciones exclusivas de los jueces. Esto incluye el cierre de medios y la suspensión de asociaciones sin necesidad de una sentencia judicial, algo radicalmente inconstitucional y antidemocrático. Se da la circunstancia, además, de que la ley podemita es muy ambigua, de modo que pueda ser sancionada cualquier conducta o expresión que no guste al colectivo LGTB, aunque sea perfectamente legítima y esté amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

No importa que no seas famoso: también irán a por ti

Hay personas que creen en serio que esta ley sólo afectará a un puñado de homófobos, y que quienes han de sentirse preocupados son los miembros de HazteOir.org y los empleados de Intereconomía. Nada más lejos. En lo que respecta a Internet, cualquiera que tenga un blog, una cuenta en Twitter o Instagram, un perfil de Facebook o un canal de Youtube puede acabar censurado y castigado con una fuerte multa por los motivos más nimios. Para comprobarlo basta con echar un vistazo al régimen de infracciones y sanciones recogido en el Capítulo XIX de dicha norma (se puede leer el proyecto de ley en PDF aquí). El Art. 88 señala que los responsables de las infracciones podrán ser "personas físicas jurídicas, públicas o privadas", es decir, que cualquiera puede ser sancionado, aunque no tenga ninguna relevancia pública.

Cualquier cosa podrá ser calificada como 'discriminación' y no tendrás presunción de inocencia

Previamente, el Art. 87 advierte que serán sancionables "las acciones u omisiones tipificadas por la presente Ley". Dichas acciones u omisiones se recogen en el Art. 3.3 (ver página 9 y siguientes). Los conceptos recogidos en la norma sirven para considerar discriminatoria casi cualquier conducta; incluso considera "discriminación indirecta" lo que se da "cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de orientación sexual". Lo que sea ofensivo o discriminatorio lo determinarán, a su antojo, los colectivos LGTB, a los que esta ley otorga -en su Art. 93- la capacidad de llevar la iniciativa a la hora de presentar denuncias. Pero es que además, la agencia estatal que prevé crear esta ley para usurpar funciones de los jueces estará formada, entre otros por esos mismos colectivos LGTB. Es decir, que los colectivos LGTB serán juez y parte, un atropello jurídico en toda regla. Pero por si no bastaba con esto, el Art. 74 de la Ley Mordaza contempla la inversión de la carga de prueba, es decir, que si te acusan de discriminar, tendrás que probar tú que no eres culpable: una violación del derecho a la presunción de inocencia amparado por el Art. 24 de la Constitución, el Art. 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Podemos pretende imponer una concepción de la Justicia puramente medieval.

Podrán multarte aunque un juez te haya dado la razón

No son pocos los internautas que se verán afectados por esta vuelta de la censura. Según datos publicados por Trecebits en marzo, en España hay 24 millones de usuarios de Facebook, 9,5 millones de cuentas de Instagram y 4,5 millones de cuentas de Twitter. Teniendo en cuenta las dimensiones de este colectivo, a los internautas se nos avecina un reinado del miedo. Ya no sólo se verá afectado cualquiera que use términos despectivos como "maricón" o "tortillera" (no pasará nada si los insultos se los diriges a los católicos, por ejemplo), sino que cualquiera que cuestione las tesis ideológicas de los colectivos LGTB puede convertirse en perseguido. No importa que un juez haya absuelto previamente al acusado, ya que la Ley Mordaza de Podemos prevé en su Art. 89 que siga adelante el procedimiento sancionador administrativo en estos casos. Es decir, que podrán multarte aunque un juez haya amparado tu libertad de expresión.

Somete a la más absoluta indefensión a los acusados

El Art. 92 prevé una serie de "medidas provisionales" que incluyen la "suspensión temporal de actividades o servicios", la "prestación de fianzas", el "embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico", e incluso "otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución", una disposición que abre la puerta a cualquier medida que se le ocurra a la susodicha agencia aunque no la recoja la ley. Como vemos, los promotores de la ley se sirven de una total inseguridad jurídica para dejar en la más absoluta indefensión de los acusados. Esta misma inseguridad e indefensión la vemos en el capítulo de sanciones, recogido en el Art. 94, que establece como infracciones leves, entre otras, proferir "por cualquier medio o procedimiento, expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias". Esto incluye el ámbito privado, aunque no lo hayas dicho en público. El mismo artículo califica como infracción grave la reincidencia en esta conducta, cuando se manifieste en medios de comunicación y también en Internet y en las redes sociales. Finalmente, considera infracciones muy graves la reincidencia de esa conducta en Internet y en las redes sociales, y la "convocatoria por cualquier medio o procedimiento de actos públicos de cualquier tipo que tengan por objeto promover, fomentar o incitar directa o indirectamente a la discriminación, al odio, la hostilidad o la violencia contra las personas por motivos de orientación". ¿Y qué se entiende por "ofensivo" para los LGTBI?

Consideran 'ofensivo' todo aquello que contradiga sus opiniones

Recordemos que en los últimos años varios colectivos LGTB han llevado a juicio a varios obispos y siempre han resultado absueltos, o bien la denuncia ha sido archivada por falta de pruebas o incluso por basarse en informaciones y acusaciones falsas. Entre los motivos de denuncia figura la mera defensa del matrimonio como unión entre hombre y mujer, contradecir la ideología de género o criticar el excesivo poder que se está dando a los grupos de presión LGTB. La tendencia de los grupos de presión LGTB ha sido siempre la misma: no ya perseguir expresiones realmente ofensivas o vejatorias, algo que sería legítimo y para lo que ya hay instrumentos legales en España, sino perseguir toda opinión que no sea de su agrado, con pruebas o sin ellas.

En febrero, el llamado Observatorio Español contra la LGTBfobia denunció al arzobispo de Granada por una homilía en la que ni siquiera citaba a los homosexuales. Dicha entidad acusó al prelado de "promover un discurso del odio contra las personas LGBT, además de difundir un escrito cuyo contenido fomenta el odio y la discriminación contra las personas debido a su orientación sexual e identidad de género, tachándolos de “enfermos” y “poco inteligentes”." La propia entidad acusadora publicó en su web un enlace a la homilía en la que el arzobispo denunciaba la imposición de la ideología de género en las escuelas. Su lectura demostraba que se trataba de una acusación falsa. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la denuncia fue archivada en agosto.

En abril, el mismo "observatorio" denunció a HazteOir.org y al diario Abc por la difusión de un libro denunciando las leyes de adoctrinamiento sexual, al que acusaba de ser "una distribución masiva de discurso del odio contra las personas LGBTI". A finales de junio la Justicia dio la razón a los acusados, señalando que el libro en cuestión "no contiene frases ultrajantes u ofensivas" y su contenido "no traspasa el límite del derecho a la libertad de expresión". De haber estado en vigor la Ley Mordaza de Podemos, esa asociación podría haber sido suspendida durante dos años sin resolución judicial alguna, incluso aunque el juez les hubiese dado la razón, como ha ocurrido.

Crean una justicia paralela para que los jueces no puedan amparar a los acusados

A partir de ahora, grupos como el citado "observatorio" podrían ahorrarse pasar por el juzgado para perseguir a los que discrepan. Les bastaría con acudir a esa nueva justicia paralela en forma de agencia estatal -en la que ellos son juez y parte-, para que se impongan multas por discutir la ideología de género sin que ningún juez pueda amparar la libertad de expresión del acusado. Y es que ante ese órgano político no existirán las garantías procesales que se dan en los tribunales. A ello hay que añadir un régimen de sanciones puramente salvaje, que ya no se conforma con imponer castigos costosísimos a los acusados, sino que incluso contempla castigos accesorios pensados para matar de hambre al sancionado.

Sanciones de hasta 45.000 euros, pérdida de subsidios e incluso del trabajo

Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, el mero hecho de contradecir la ideología de género en privado podría acarrearte una multa de hasta 3.000 euros, según el Art. 96 de la Ley Mordaza de Podemos. No se tiene que dar siquiera el caso de que uses palabras soeces como "maricón", pues como ya hemos visto, para los grupos de presión LGTB es "ofensa" todo cuestionamiento de sus tesis ideológicas, aunque la hagas sin insultar. Además, si cuestionas la ideología de género en un blog, en Twitter o en otras redes sociales, podrían sancionarte con multas de hasta 20.000 euros, y además podrían imponerte sanciones accesorias, como prohibirte "acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta un año"; es decir, que si estás en el paro, te quedarías sin prestación. Pero si estas sanciones te han parecido brutales, aún queda el capítulo de castigos contemplados para las infracciones muy graves.

Por reincidir en tu crítica a la ideología de género en Internet, o por difundir a través de la red un acto de crítica a esa ideología, podrían caerte multas de hasta 45.000 euros, además de sanciones accesorias como "la suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de 2 años". Es decir, que además podrían cerrarte el blog o la cuenta de Twitter, Instagram o Facebook durante dos años sin ninguna orden judicial. Las sanciones accesorias para las infracciones graves se elevan mucho más: si fueses parado, te quedarías sin prestación por hasta 2 años o incluso hasta 5 años. Además, podrían imponerte la "inhabilitación temporal, por un periodo de hasta dos años, para la prestación de servicios públicos. En caso de reincidencia o reiteración, la prohibición puede llegar a un máximo de cinco años." Es decir, si tienes un taxi, te podrías quedar sin trabajo por hasta cinco años. Además, todas estas sanciones podrían incluir el pago de indemnizaciones a los denunciantes, y todo ello, insisto, sin que medie ninguna sentencia judicial.

¿El precio a pagar para no te llamen 'homófobo' es pisotear las libertades?

Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, en términos de garantías democráticas, la Ley Mordaza de Podemos haría que España se pareciese más a dictaduras como Irán y Venezuela -los grandes referentes internacionales del partido de Pablo Iglesias- que a países democráticos. Y es que sin división de poderes y sin garantías judiciales no hay democracia. Lo que establece la Ley Mordaza de Podemos son atajos para que un órgano político arrebate funciones a los jueces y se dedique a perseguir conductas legítimas como si fuesen graves delitos. Con esta ley nuestra democracia volvería a los tiempos de la dictadura, cuando existía la censura gubernativa y toda expresión pública de ideas quedaba supeditada a las decisiones de ciertos políticos o funcionarios. Lo más alarmante es que partidos que se dicen constitucionalistas, como PP y Ciudadanos, estén dispuestos a apoyar esa cafrada totalitaria, como ya hicieron el año pasado Madrid, como si cualquier cosa que les pusieran delante con la etiqueta de "luchar contra la discriminación" fuese aceptable, diga lo que diga el texto. El precio a pagar para que ciertos radicales no te tachen de "homófobo" no puede ser pisotear nuestras libertades y reducir a cenizas las garantías democráticas recogidas en la Constitución.

Documentación

• Texto de la Ley Mordaza de Podemos (PDF), denominada oficialmente "Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales".