Así es como ciertos políticos intentan frenar la recogida de firmas de Hablamos Español

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de libre elección de lengua promovida por la asociación Hablamos Español ha iniciado su fase final entre intentos de boicot de varios ayuntamientos.

Localidades en las que se puede firmar la ILP de Hablamos Español durante el mes de abril
Rebelión en Barcelona contra la imposición: en 9 horas, 23.000 firmas por la libertad de idioma

A esta asociación le quedan algo más de tres meses para reunir las 500.000 firmas certificadas que ha de entregar en el Congreso de los Diputados, para que su ILP pueda debatirse en el Congreso. Algunos políticos ven con inquietud el éxito que está alcanzando esta iniciativa ciudadana en defensa de la libertad lingüística, y están intentando impedirla con toda clase de cacicadas. Ayer la web de Hablamos Español ponía algunos ejemplos de los atropellos que están sufriendo principalmente en comunidades como Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde la imposición lingüística cuenta con muchos adeptos en la clase política, y no sólo en los partidos separatistas.

Recogida de firmas en Palma de Mallorca el pasado 8 de abril

Policías ejerciendo presiones y funcionarios que no saben leer una póliza

Hablamos Español denuncia "trabas, boicots e incluso cancelaciones", que van "desde declarar prohibido un punto de la ciudad para este tipo de actividades, justo después de recibir la petición de Hablamos Español para ese preciso lugar, hasta enviar a la Policía Local para amenazar con multas con los pretextos más peregrinos". La asociación prolibertad lingüística señala que en algunos casos "después de haber sorteado todos los obstáculos y haber satisfecho las más variopintas peticiones del departamento correspondiente, no se les envió el permiso supuestamente concedido, o se les requirió para que aportaran un listado con nombres y teléfonos de todas las personas que pudieran en algún momento participar en la recogida de firmas, algo completamente innecesario y con visos de tener intencionalidad disuasoria, tratándose de localidades “oficialmente” hostiles a la libertad de lengua".

La asociación también ha sufrido casos en los que "la Policía Local conminó por teléfono a la presidente de la asociación, Gloria Lago, a que se retiraran unas inexistentes pancartas bajo la amenaza de multa". El uso de fuerzas policiales por parte de algunos ayuntamientos para impedir la recogida de firmas adquirió, en algunos casos, formas dictatoriales: "En tres casos hubo que suspender la actividad por presiones de la Policía Local. Dos de ellos han dado lugar a una queja ante el ayuntamiento, y otro ha desembocado en una denuncia en Comisaría", señala la asociación. En otros casos "se eternizaba la concesión del permiso con todo tipo de pretextos, entre ellos alguno tan ridículo, como que el funcionario se sentía incapaz de interpretar la póliza de seguro de la asociación".

José Antonio Ortega Lara, víctima de ETA, con Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, en Burgos el 27 de marzo

Hablamos Español ya tiene una red de 1.700 fedatarios para recoger firmas

A pesar de esas trabas, Hablamos Español apunta que está cosechando "un enorme apoyo", y precisa que "allí donde se han podido organizar recogidas de firmas, se forman colas incluso antes de haber instalado la mesa, y las personas que acuden, protestan y se lamentan de lo absurdo que resulta que la gente de a pie tenga que organizarse para que se vean reconocidos unos derechos tan básicos como poder escolarizar en español a los niños en cualquier lugar del país, ser atendidos en la lengua común en todos los organismos oficiales de España, y no ser discriminado a la hora de acceder a un empleo público". De momento, en Galicia está previsto iniciar la campaña en la calle en mayo, buscando una climatología más favorable. De momento, para recoger las firmas, Hablamos Español ya cuenta con una red de 1.700 fedatarios en toda España.

Además de para recoger firmas para su ILP, Hablamos Español apunta que esta iniciativa "está sirviendo para informar y lograr que en toda España se sepa que este problema afecta ya a todas las comunidades autónomas con cooficialidad". La asociación apunta que "la solución está en aplicar una ley como la que propone Hablamos Español, homologable a la legislación de todos los países con más de una lengua en parte de su territorio, un sistema positivo para los alumnos y para todos los ciudadanos, el único acorde a la vez con la doctrina del Tribunal Constitucional y con los tratados internacionales suscritos por España". Y es que lo que pasa en algunas partes de España es algo anormal en territorios con más de una lengua oficial en países democráticos: en todos los demás lugares existe la libre elección de idioma que aquí se nos niega alegando argumentos nacionalistas, como si fuesen las lenguas las que tienen derechos, y no las personas.

Recuerda que si deseas ayudar a esta ILP de libertad de elección lingüística, puedes encontrar toda la información necesaria pulsando aquí.